En periodos de alta inflación, algunos productos disminuyen su contenido en lugar de aumentar su precio de venta, de forma que el consumidor pasa a recibir menos por el mismo precio. Se trata de una práctica legal, una manera (en ocasiones no del todo transparente) de mantener el margen de beneficio del productor.
Los analistas se refieren a este fenómeno como “la inflación invisible”. En esencia, consiste en reducir la cantidad de producto que se vende al consumidor manteniendo (o incluso elevando, en algunos casos) su precio. Es una práctica que se viene realizando desde hace décadas, pero que se ha sistematizado y sofisticado en los últimos años.
El concepto se atribuye a la economista estadounidense de origen británico Philippa ‘Pippa’ Malmgren, experta en geopolítica y economía tecnológica, asesora en su momento de presidentes como George W. Bush o Barack Obama. Ella lo bautizó como ‘shrinkflation’, combinando de manera ocurrente el término inflación con el verbo ‘shrink’ (contraer). En España se intentó traducir en un primer momento como “inflación por contracción”, pero la equivalencia que ha acabado haciendo fortuna, de uso común últimamente en prensa y estudios académicos, es reduflación.
Un concepto intuitivo y con profundas implicaciones
En su libro ‘Signals: How Everyday Signs Can Help Us Navigate the World’s Turbulent Economy’ (‘Señales: Cómo los signos cotidianos pueden ayudarnos a lidiar con las turbulencias de la economía popular’), Malmgren lo definió en términos muy sencillos e intuitivos: “Hablamos de reduflación cuando un producto reduce su tamaño, su cantidad o el número de unidades que se venden en un mismo envase sin que esa reducción repercuta en una bajada de precio”. Es dar menos por lo mismo.
En los últimos años, la economista, muy activa en redes sociales, se ha referido al concepto en términos humorísticos: “La reduflación es el extraño caso del producto menguante”. Como suele decirse del colesterol, “un asesino silencioso”. Y su principal víctima es la economía de muchos hogares, porque impacta en las finanzas personales y afecta sobre todo a productos de consumo muy frecuente, como los alimentos envasados.
Esta práctica de “contracción” interesada del volumen de producto que se vende se ha vuelto muy común en periodos de inflación alta. La investigación académica ha demostrado que los consumidores son muy reticentes a aceptar aumentos de precios explícitos, pero, en cambio, tienden a asumir de manera pasiva las reducciones de volumen, tamaño o cantidad que no implican un cambio de precio incluso cuando les resultan perceptibles a simple vista.
Algunos expertos hablan de reduflación táctica o sibilina en los casos en que esta merma interesada pasa desapercibida. Por lo general, ocurre cuando la reducción se mueve en la franja entre el 5% y el 10% del volumen total de producto.
Legal, pero no del todo popular
Para el fabricante, este tipo de contracciones interesadas sirve para aumentar el margen de beneficio de manera significativa sin asumir la pérdida de competitividad y el coste asociado en términos de imagen de marca, que con frecuencia implica un incremento de precio.
Aunque analistas como la propia Pippa Malmgren han descrito esta práctica como “cínica” y “fundamentalmente deshonesta”, en comparación con el aumento de precios derivado de la inflación, que no deja de ser un efecto natural de la evolución de la economía, lo cierto es que la reduflación es legal siempre que se comunique de manera correcta y explícita el volumen de producto que se pone a la venta. Otro tema es cómo lo perciban los consumidores.
¿Cómo protegerse de la mengua de tamaño?
Si una docena de huevos se convierte en decena manteniendo su precio inicial, basta con que en el envase se indique de manera apropiada que lo que se está comprando es una decena. La responsabilidad de comprobar qué cantidad de huevos está comprando y cuánto está pagando por ella recaería así en el que compra.
No obstante, la reduflación puede convertirse en un arma de doble filo. Por una parte, puede dar réditos económicos a corto plazo, en periodos de alta inflación en que tanto la subida de precio como el cambio de composición o de ingredientes del producto resultan estrategias difíciles de implementar o contraproducentes. Sin embargo, cuando el consumidor percibe que se ha echado mano de este recurso, puede sentirse engañado, perder confianza en la marca y buscar alternativas.
Las cuentas claras
Como medida de protección básica, los expertos recomiendan consultar siempre la información disponible sobre el tamaño, peso o número de unidades de cada producto que adquirimos. A partir de ahí, hay que recurrir a una sencilla regla de tres para calcular qué porcentaje de reducción se ha practicado y compararlo con la subida de precios de competidores que no han recurrido a la reduflación y determinar con precisión cuánto producto se está adquiriendo por un determinado precio.
En muchas circunstancias, penalizar a las marcas cuyo producto se contrae en exceso puede ser, además de un repudio explícito a una práctica empresarial que muchos perciben como poco transparente, una práctica rentable para la economía doméstica.
Un cierto grado de inflación explícita en el precio final del producto puede ser preferible a un porcentaje superior de inflación oculta o subrepticia. En palabras de Pippa Malmgren, “somos los consumidores quienes debemos trasladar a las marcas el mensaje de que no todo vale, que no todas las estrategias comerciales nos parecen igual de aceptables o legítimas”.
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