Para la autora de esta columna, es importante contrastar las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con datos y casos específicos que han ocurrido durante su administración y demuestran lo contrario a lo que prometió.
Cada partido político que aspira a llegar a la presidencia tiene su Proyecto de Nación en el que deja claras sus prioridades y presenta las propuestas con las que, considera, hará de México un lugar mejor en caso de ganar las elecciones.
En el caso de Morena, partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador fundó en 2014, las promesas con las que quería cambiar México iban encaminadas a combatir la pobreza, promover un gobierno austero y por supuesto, a erradicar la corrupción y la impunidad.
Por ello, a dos años de terminar su sexenio, y especialmente, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, es importante contrastar sus afirmaciones con datos y casos específicos que han ocurrido durante su administración y demuestran lo contrario a lo que prometió.
¿Adiós al influyentismo?
Durante su campaña e incluso todavía el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia afirmó que en su administración «No habría amiguismo, nepotismo e influyentismo», pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos.
Además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen en la nómina federal a cuatro primos. Rodrigo Beltrán Campero Calderón fue nombrado este año coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett.
Pío López Obrador y el delito electoral
En agosto de 2020, el portal de noticias Latinus sacó a la luz un video grabado en 2015 que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, mientras recibía dinero en efectivo por parte de David León, quien en ese entonces se desempeñaba como consultor del gobernador de Chiapas en ese año, Manuel Velasco.
Esto constituye un delito electoral pues los recursos entregados como «aportaciones» a Morena no fueron transparentados y como te contamos aquí, cada peso que entra a una campaña o a un partido político y no se reporta a la autoridad electoral es dinero ilegal.
El pasado mes de octubre las autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales por «carecer de pruebas suficientes».
Ignacio Ovalle, el intocable
El claro ejemplo de que la corrupción existe es el caso Segalmex, en el que se desviaron recursos por aproximadamente 12 mil millones de pesos, hasta ahora no hay un solo detenido.
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso por segunda a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pesar de que existen pruebas de que el exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle, autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, la FGR no ha presentado ninguna acusación en su contra.
Los fantasmas de Segalmex
Durante el sexenio de López Obrador se han registrado varios escándalos ligados a corrupción en los que utiliza empresas fachada para disfrazar el desvío de recursos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó en torno al caso Segalmex que la identidad de una ama de casa fue utilizada para crear una empresa «fantasma» que firmó un convenio por 465 millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar. Hasta ahora quedan por recuperarse 80 millones de pesos por 4 mil 700 toneladas que nunca se entregaron.
El combate contra la corrupción
Cuando AMLO inició su gobierno, la confianza por parte de los ciudadanos a su proyecto de nación era mucho mayor que ahora, las cifras de la Encuesta MCCI 2022- Reforma indican que irá en descenso en los próximos años.
En 2019, 72% de las personas consideraban que la estrategia contra la corrupción del presidente López Obrador estaba teniendo buenos resultados, pero con el pasar de los años eso ha cambiado, en 2022 solo el 44% de las y los mexicanos aprueban el combate a la corrupción del gobierno actual.
Sin consecuencias para los corruptos
Aunque López Obrador insiste en que su administración se distingue por una tolerancia cero a la corrupción, sus acciones dicen lo contrario, pues políticos que forman parte de su círculo no han tenido consecuencias pese a haber participado en prácticas ilícitas.
Delfina Gómez, siendo presidenta municipal de Texcoco, retuvo, de febrero de 2013 a julio de 2015, el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena. Pese a ello, este año se destapó como candidata a la gubernatura del Estado de México.
No se acabó la impunidad
La reacción de las autoridades ante un delito o un acto de corrupción es invitar a denunciar, pero en México las denuncias no garantizan el acceso a justicia.
Idealmente las denuncias deberían iniciar un proceso de investigación para confirmar el acto de corrupción, dar con los responsables y tomar medidas, sin embargo, a veces la denuncia solo se traduce en enfrentarse a la indiferencia por parte de las autoridades.
El 65% de los mexicanos cree que denunciar es un acto inútil ya que no les garantiza el inicio de un proceso de investigación ni la ausencia de represalias. Es así como la falta de confianza en las autoridades genera impunidad.
Funcionarios que persiguen a sus propios enemigos
De cada 500 denuncias por delitos de corrupción solo una termina en sentencia, sin embargo, en este gobierno, personas que ocupan altos cargos políticos han utilizado su posición de poder para resolver asuntos personales.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero usó su cargo para ejercer acción penal contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, que fueron acusadas del delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz Manero, su hermano.
Sí hay corrupción pero, ¿ya no es lo mismo?
Aunque el 66% de las y los mexicanos considera al presidente honesto, las expectativas de que disminuyera la corrupción en este sexenio han caído gradualmente. Actualmente solo tres de cada diez personas consideran que la corrupción disminuirá en los próximos meses.
En México la percepción de la corrupción está normalizada porque los ciudadanos no ven un cambio aparente. La impunidad es percibida como la causa principal de corrupción en el país. La pobreza y la desigualdad también son vistas como causas importantes.
La opacidad de los Bartlett
Cuando asumió la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett, un año después agradeció públicamente por limpiar la corrupción la CFE, sin embargo, este político ha estado involucrado en casos de corrupción más de una vez.
No tan solo omitió su relación con 12 empresas en su declaración ante la Secretaría de Función Pública, también durante la caída de CompraNet, la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de su hijo León Manuel Bartlett recibió contratos millonarios.
Estos dichos contrastados con la realidad nos permiten tener un panorama más amplio sobre cómo está actuando realmente el gobierno para frenar la corrupción y la impunidad. ¿Qué propuestas se han quedado simplemente en promesas? Si conoces alguna otra más, te leemos.
