Rafael, una empresa de seguridad que tiene en Estados Unidos reportes de pagos sospechosos, cuenta con dos contratos multimillonarios en México. En el caso mexicano, esas alertas están ligadas a transferencias al despacho del exprocurador Lozano Gracia y otras tres empresas.
Por Daniel Melchor / Mexicanos contra la corrupción
Rafael Advanced Defense Systems, una empresa israelí de seguridad contratada por diferentes administraciones federales, está señalada en un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por transacciones sospechosas de lavado de dinero, entre ellas a cuatro corporativos mexicanos.
La empresa llegó a México apoyada por panistas en 2009, luego fue contratada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y al menos dos contratos están vigentes en el actual gobierno, uno con la Policía Federal y uno con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para el caso mexicano, en abril de 2013 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó transferencias de Rafael —una de las empresas armamentistas y de seguridad más grandes del mundo— sospechosas de lavado de dinero con, entre otras, personas que militaron en el Partido Acción Nacional (PAN).
Esta revelación derivó de la filtración de 2 mil documentos de la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del cual Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad forma parte.
Los panistas señalados
Desde principios de los noventa, Antonio Lozano Gracia fue un político de alto perfil al interior del PAN. El cargo más relevante de la carrera de Lozano Gracia fue el de titular de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el sexenio del priista Ernesto Zedillo Ponce de León.
Antes de eso, Lozano Gracia fue representante del PAN ante el recién creado Instituto Federal Electoral (IFE), cargo que compartió con José Luis Salas Cacho, un empresario regiomontano cuyo valor en el partido era acercar a los políticos con la clase empresarial. Ambos ocuparon el cargo de representantes del PAN ante el IFE durante 1991, según información del hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
Salas Cacho fue coordinador de la campaña presidencial del panista Diego Fernández de Cevallos en 1994.
Veinte años después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvería a colocar a Lozano Gracia y Salas Cacho en un mismo documento: esta vez como sospechosos de transferencias que pudieran estar relacionadas con lavado de dinero.
El 16 de abril de 2013, el banco alemán Deutsche Bank Trust Company Americas envió un reporte de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro.
El documento revela que Rafael depositó de enero a marzo de 2013 alrededor de 135 millones 281 mil 963 de dólares a veinte compañías en el mundo, entre las cuales se encuentran tres empresas mexicanas y el despacho de abogados de Lozano Gracia.
Además del despacho, las empresas mexicanas involucradas son Petrolatin S.A. de C.V.,Gestión y Desarrollo S.A de C.V., y Grupo Empresarial SACA S.A de C.V., esta última propiedad de José Luis Salas Cacho.
“Las transacciones detallan que algunos de los pagos fueron por productos electrónicos y otras facturas. De cualquier manera, el Deutsche Bank Trust Company Americas estuvo imposibilitado para confirmar el propósito comercial de estos pagos”, señala el Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) que fue enviado por el banco alemán al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con el Reporte de Actividad Sospechosa los bancos mexicanos utilizados para transferir recursos sospechosos de lavado de dinero fueron Banamex y HSBC México. No obstante, el reporte no indica cuánto dinero recibieron cada uno de los involucrados.
Según el Registro Público de Comercio de Nuevo León, Grupo Empresarial SACA fue constituida en 2006 y los accionistas son José Luis Salas Cacho y su esposa, Nancy Martínez Alanís. De acuerdo con el objeto social, la empresa se dedicaba a importar, exportar, manufacturar, adquirir y comprar maquinaria eléctrica.
Con respecto al despacho Antonio Lozano Gracia y asociados S.C., son socios el expresidente del PAN, César Nava (desde 2014), y el exdiputado panista, Julián Angulo Góngora (desde 2007). Hasta diciembre de 2019, eran socios del despacho el exprocurador Arturo Chávez Chávez, y el excoordinador nacional de diputados del PAN, César Jáuregui Robles.
Otra empresa que aparece como beneficiaria de los depósitos de Rafael es Gestión y Desarrollo S.A de C.V. que se constituyó en 2002. En esta empresa aparecía como socio desde 2008 Francisco Javier Salas Cacho, quien es hermano de José Luis, según documentos del Registro Civil de la Ciudad de México.
Las transacciones sospechosas de lavado de dinero entre Rafael y las empresas mexicanas ocurrieron entre enero y marzo de 2013, y precisamente en marzo de ese año, Francisco Javier Salas Cacho vendió la totalidad de sus acciones en Gestión y Desarrollo, de acuerdo con el historial obtenido del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Morelos.
La tercera empresa mexicana que recibió depósitos sospechosos de lavado de dinero es Petrolatin S.A de C.V., una compañía que se constituyó para brindar servicios de carácter técnico, administrativo y financiero.
En una visita física se comprobó que las oficinas de Petrolatin y Rafael están ubicadas en Montes Urales 723 interior 202, en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.
Defienden transacciones sospechosas
Consultados al respecto, tanto el abogado Antonio Lozano Gracia como el dueño de Petrolatin, Héctor de la Garza, aceptaron que Rafael depositó dinero en sus cuentas, que aseguran fue como pago por trabajos realizados para la empresa israelí.
Dicho trabajo consistió, sostienen, en ser intermediarios de Rafael con Pemex para gestionar legal y administrativamente un contrato, ya que la empresa extranjera no tenía todavía una subsidiaria en México. El contrato, según Lozano y de la Garza, era para proteger los ductos para evitar el robo de combustible, y se firmó en noviembre de 2009, todavía durante la administración del panista Felipe Calderón, y fue por 110 millones de dólares (uno mil 540 millones de pesos al tipo de cambio de 2009).
El sistema de Rafael integra software, sensores avanzados, aviones y hasta lanchas para evitar el robo de combustible.
De acuerdo con la versión de Lozano Gracia y de la Garza, Petrolatin contrató al despacho jurídico de Lozano Gracia y a las empresas de los hermanos Salas Cacho (Grupo Empresarial SACA y Gestión y Desarrollo), a quienes Rafael les pagó directamente. Según Héctor de la Garza, Petrolatin recibió 40 millones de pesos; Lozano Gracia, 45 mdp, y las empresas de los hermanos Salas Cacho 60 mIllones de pesos en varios pagos, aunque no precisaron las fechas.
Según el abogado, dado que Rafael no tenía subsidiaria en México utilizaron los servicios administrativos y legales de esas tres empresas mexicanas y el despacho de abogados de Lozano Gracia.
Registros de la Secretaría de Economía muestran que en 2014 se constuiría la subsidiaria de Rafael, de nombre Rafsec-Rafael Sistemas de Seguridad S.A. de C.V.
Lozano Gracia dijo que desconoce los motivos por los cuales fueron señalados en un reporte de actividad sospechosa del Departamento del Tesoro.
“No lo sé. Me parece que hablando de Pemex, de ventas de esta naturaleza, la materia, para nosotros es un servicio profesional, se pagaban facturas, algo transparente. Tal vez para alguien esto calificó (como sospechoso)”, dijo Lozano Gracia.
El exprocurador dijo que el sistema contratado por Pemex a Rafael dejó de operar en 2012.
“No tengo claro cuántos meses operó el sistema. El problema, te puedes imaginar, son las complicidades de adentro. Entonces llegó el momento en que ya los ordeñadores sabían a qué momento pasaban los aviones. Lamentablemente en el cambio de sexenio lo cancelan”, dijo Lozano Gracia.
Lozano Gracia y De la Garza señalan al entonces gerente de seguridad de Pemex, el general Eduardo León Trauwitz, como responsable de haber dejado de utilizar el sistema de Rafael. Hoy Trauwitz está siendo investigado por la actual administración por robo de combustible,
Contratos vigentes y demandas
Actualmente, Rafael tiene dos contratos vigentes –Lozano Gracia y de la Garza aclararon que en estos contratos ellos no estuvieron involucrados—, uno es con la Policía Federal y otro con Pemex. El primero se concretó en diciembre de 2015, pero actualmente está en disputa en un tribunal y bajo investigación en la Fiscalía General de la República.
MCCI encontró que el 21 de noviembre de 2018 (antes de que entrara la administración de AMLO), Rafael presentó una demanda de nulidad contra la Policía Federal, es decir que reclaman algún incumplimiento en el contrato. Fue presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todavía no se puede tener acceso al expediente 26883/18-17-14-5.
Meses más tarde, en junio de 2019, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonzo Durazo, acusó que dicho sistema de seguridad se compró a sobreprecio.
“Es la adquisición de un sistema de inteligencia que se contrató el 23 de diciembre de 2015. El nombre común de este sistema de inteligencia sumamente potente es conocido con el nombre de Rafael. El análisis y diseño e implementación del sistema y explotación de la información de inteligencia, ese es el objetivo de este sistema que se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos (…) sin asegurar las mejores condiciones para el Estado”, acusó Durazo.
La Policía Federal no quiso entregar versión pública del contrato, pero aceptó que existe un procedimiento denominado AN19006: “Auditoría a la Adquisición de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia”.
También la Policía Federal confirmó que existen dos carpetas de investigación abiertas por delitos penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rafael.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública confirmó que hay una investigación abierta DGDI/DI-C/PF/065/2019 en contra de los funcionarios involucrados en la compra del sistema de seguridad que vendió Rafael.
A pesar de todas estas investigaciones y denuncias, la Policía Federal confirmó a MCCI que este sistema de seguridad de Rafael continúa operando.
Contrato con Pemex
El segundo contrato vigente fue celebrado con Pemex el 9 de marzo de 2018 con el objetivo de darle mantenimiento a los equipos de vigilancia en instalaciones terrestres y marinas. El contrato, 640218811, estipula que el monto mínimo es de 23 millones 319 mil 714 dólares (431 millones de pesos) y el máximo de 58 millones 299 mil 260 dólares (1 mil 78 millones de pesos, según el tipo de cambio de 2018).
En el documento se establece que el administrador del proyecto fue el mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, subgerente de seguridad física de Pemex, también investigado por presunto robo de combustible como el general Trauwitz.
Este sistema seguirá operando hasta 2022, según consta en las cláusulas del contrato de Pemex con Rafael.
MCCI buscó a Rafael Advanced Defense Systems Ltd., y a José Luis Salas Cacho, pero no se obtuvo respuesta.
