Apenas el pasado 26 de enero la Presidencia de la República había anunciado el despido de tres directivos de Segalmex por presuntos actos de corrupción, y ahora brota un nuevo caso de contrataciones irregulares en esa dependencia, esta vez por $245 millones de pesos. Una auditoría del Órgano Interno de Control –de la que MCCI obtuvo copia vía transparencia- revela que para la renta de equipos de laboratorio se asignó un contrato a una empresa sin empleados y se subcontrató a una compañía inhabilitada, involucrada en 2020 en la venta a sobrecosto de respiradores deficientes, que derivó en la muerte de al menos un paciente con Covid. Por si fuera poco, hay indicios de que la asignación se dio mediante un estudio de mercado simulado.
En su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana otorgó un contrato plurianual por 245 millones de pesos para el arrendamiento de equipo de laboratorio a Micro Credit SAPI de CV, SOFOM ENR, sociedad que no tenía empleados registrados ante el IMSS y que subcontrató a una empresa inhabilitada por la Función Pública, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de Diconsa.
El contrato tiene una vigencia del 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2022 y fue firmado por René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas y por Miguel Carillo Villarreal, actual director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
Durante los últimos dos años, Micro Credit ha proveído a Segalmex con transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio destinados para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía. Cada set de laboratorio está conformado por analizadores de humedad, coladores, sondas, básculas y termómetros para granos. Según la propia dependencia, los equipos serían usados simultáneamente en todos sus almacenes del país.
De acuerdo con la auditoría obtenida vía transparencia por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019; sin embargo, Micro Credit seguía sin entregar los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de cien días.
Los documentos señalan que Miguel Carrillo Villarreal, funcionario encargado de supervisar el cumplimiento del contrato, no aplicó las multas económicas correspondientes por los retrasos. Incluso, la dependencia ha realizado pagos mensuales a la empresa hasta por ocho millones de pesos a pesar de no haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
Apenas el pasado miércoles 26 de enero la Presidencia de la República había anunciado el despido de tres directivos de Segalmex, por presuntos actos de corrupción que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República. A las anomalías documentadas anteriormente por MCCI, se suma este nuevo caso de contrataciones irregulares en Segalmex.
Subcontratan a empresa inhabilitada
El Órgano Interno de Control de Diconsa descubrió que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia.
Según una auditoría interna del ISSSTE, estos ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México debido a que fallaban súbitamente y a que no eran ventiladores volumétricos, los modelos requeridos para tratar a los enfermos de COVID-19.
Además, Multicorporación Brexot adquirió la totalidad de los ventiladores de una empresa japonesa, por lo que también demostró que no tenía la experiencia ni la capacidad humana para cumplir con el contrato.
En julio de 2021, MCCI publicó que Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años que vivía en una colonia popular, era accionista de Gentsai Hoon, la cual formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Estudio de mercado simulado revela conexiones priístas
El contrato de Micro Credit fue firmado por su apoderado Abel Carlos Martínez Uribe, quien también ha sido representante legal de Lumo Financiera del Centro y Lease and Fleet Solutions. Estas últimas dos empresas presentaron cotizaciones como parte de la investigación de mercado que realizó Segalmex antes de otorgar por adjudicación directa el contrato por equipo de laboratorio y transportadores helicoidales.
En conjunto, Lease and Fleet Solutions y Lumo Financiera del Centro han recibido más de mil millones de pesos en contratos con Segalmex para el arrendamiento de montacargas y de vehículos sin opción a compra bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández.
Una cuarta empresa que también participó en el estudio de mercado realizado por la dependencia es Integradora de Apoyo Municipal, la cual junto con Lumo Financiera del Centro conformó Grupo CEPADEM, un consorcio liderado por Luis Humberto Montaño García, exdiputado suplente del PRI en la LVIII legislatura y exdirector de Administración y Finanzas de la Función Registral del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
Mientras que Lease and Fleet Solutions tiene como accionista mayoritario a Jenaro Romero Moreno, quien fue subdirector de Asistencia Técnica del Instituto Hacendario del Estado de México, también cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
En el pasado Micro Credit ya había simulado competencia con estas empresas. En una invitación restringida realizada por el ayuntamiento de Jilotepec en 2020 para el arrendamiento de vehículos, la empresa únicamente concursó con Lease and Fleet Solutions y con Lumo Financiera del Centro. Esta última terminó ganando el contrato.
Desde hace años, distintos medios nacionales y órganos como la Auditoría Superior de la Federación han reportado sobrecostos millonarios y licitaciones simuladas en los contratos de arrendamiento otorgados a Lumo Financiera del Centro en estados como Baja California, Quintana Roo, Puebla e Hidalgo.
