La ola de violencia en Baja California ha dejado una huella indeleble en la sociedad. Más allá de las cifras alarmantes, hay historias humanas de pérdida y dolor. Familias destrozadas, niños huérfanos, y comunidades viviendo en constante temor. El impacto psicológico y social es profundo, con un creciente sentimiento de inseguridad que afecta la vida cotidiana, la economía local y el tejido social. En contraparte, el Gobierno del Estado proyecta una imagen de mayor preocupación por gestionar la buena imagen de la región, que por darle solución al tema de la inseguridad, realizando viajes constantes, los cuales han sido criticados por un grueso de la población.
Desde la asunción el 31 de octubre de 2021 de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora de Baja California, el Estado ha experimentado cifras alarmantes en casos de homicidios dolosos.
Con más de 5851 ejecuciones reportadas oficialmente, la región enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudad revelan lo que cuantitativamente puede considerarse como un fracaso de la gobernadora Marina del Pilar, al no poder cesar los números que han consolidado al Estado, durante su gestión, como una de las zonas que generan mayor violencia en México y el mundo.
A través de diversas gráficas proporcionadas por su propia administración, se sabe que el año 2022 cerró con 2,726 asesinatos, a los que se sumaron los 2,417 ocurridos en 2023.
Previamente, los primeros dos meses de Avila Olmeda en el poder, noviembre y diciembre de 2021, ya daban indicios de lo que estaba por venir con 221 y 213 asesinatos, respectivamente.
Por su parte, enero de 2024 no muestra signos de desaceleración, sumando 174 muertes violentas y cerca de 100 durante lo que va de febrero, números que al sumarse ya rondan las 6000 muertes violentas, cantidad nada honrosa para una administración que desde campaña prometió enfrentar y erradicar esta problemática.
DESAFÍO Y PERDIDAS
Estas cifras no sólo representan una tragedia humana sino también un desafío a la autoridad del Estado. Los números, proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reflejan una situación de inseguridad y miedo que permea la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las víctimas de esta violencia desenfrenada varían en edad, género y ocupación, pero una constante es el espanto y la desesperación que dejan a su paso. Los perpetradores, a menudo vinculados con el crimen organizado, operan con una brutalidad y un desprecio por la vida que ha paralizado a comunidades enteras.
Pero esta ola de violencia no sólo ha dejado una estela de dolor y miedo, sino que también ha impactado gravemente en la economía y la imagen del Estado, la misma que es cuidada con especial atención por parte de las autoridades, ante el arribo de inversiones para proyectar el sector médico, el desarrollo vertical, nearshoring, y la industria aeroespacial.
En ese sentido, datos de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana señalan pérdidas económicas de hasta un 85% y una disminución del 70% en las ventas durante ciertos fines de semana debido a la violencia.
Al igual, sectores clave como el maquilador y de exportación en ciudades como Tijuana, Tecate y Rosarito han sufrido pérdidas millonarias.
CRÍTICAS Y REACCIONES PÚBLICAS
La preocupación de los ciudadanos no es infundada. En los últimos días, los municipios de Baja California han sido escenario de diversos actos violentos, desde ejecuciones en zonas resguardadas de Tijuana hasta el asesinato de la activista Angelita León en Tecate.
También se registró el homicidio del cantante Chuy Montana en Rosarito, y la brutalidad con la que operan los delincuentes en el Valle de Guadalupe.
Esta zona, conocida y promocionada en todo México y el mundo como un destino turístico de primera clase, famosa por sus rutas de vino y queso y emergentes desarrollos inmobiliarios, ha sufrido recientemente ataques a sus policías por comandos armados con rifles conocidos como “cuernos de chivo”.
A esto se suma el hallazgo de cinco personas carbonizadas en una vivienda del poblado Francisco Zarco.
Estos hechos, que incluyen ataques a policías y amenazas a colectivos en busca de desaparecidos, han marcado los últimos días con un tono sombrío y una urgencia palpable.
La gobernadora Marina del Pilar ha sido objeto de fuertes críticas por su gestión de la crisis de seguridad, siendo reprochada por su constante uso de plataformas como Tik Tok.
Ciudadanos y analistas políticos cuestionan la eficacia de sus políticas y su capacidad para coordinar esfuerzos efectivos contra el crimen organizado. La percepción de inacción o incapacidad para abordar el problema de raíz ha alimentado el descontento público.
Activistas y defensores de derechos humanos también han expresado su preocupación por la escalada de violencia, destacando el impacto devastador en las familias y comunidades afectadas. Algunos han acusado al gobierno de no proteger adecuadamente a los ciudadanos y de fallar en su deber de garantizar la seguridad.
Y es que, en Baja California, el sentimiento de inseguridad es palpable. En 2023, un 27.4% de los hogares mexicanos experimentaron al menos un delito, pero esta cifra se eleva al 29% en Baja California. La desconfianza en las autoridades y el miedo a represalias son factores que contribuyen a la baja tasa de denuncias. Esto se ve reflejado en que solo el 10.9% de los delitos se denuncian a nivel nacional.
EL IMPACTO EN EL TEJIDO SOCIAL Y ECONÓMICO
Esta ola de violencia no solo ha dejado una estela de dolor y miedo, sino que también ha impactado gravemente en la economía del estado. Los datos de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana señalan pérdidas económicas de hasta un 85% y una disminución del 70% en las ventas durante ciertos fines de semana debido a la violencia. Sectores clave como el maquilador y de exportación en ciudades como Tijuana, Tecate y Rosarito han sufrido pérdidas millonarias.
Según Ignacio Manjarrez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estos actos de violencia, que incluyen bloqueos, incendios y amenazas, han llevado a la inmovilización de las personas y, por ende, a una disminución directa en las actividades económicas.
SEÑALAMIENTOS DE LA COMUNIDAD
“No hay confianza en nuestras autoridades, no hay confianza hacia quien encabeza la Fiscalía General del Estado, la Licenciada María Elena Andrade, hacia el secretario de seguridad, porque no se muestran unidos, porque no están encabezando una estrategia de coordinación entre todos para defender a la ciudadanía bajacaliforniana de los criminales, porque no tienen un liderazgo, en este caso la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda”, dijo la prestigiosa periodista, y directora de ZETA, Adela Navarro Bello, hace algunas semanas durante el foro de “Seguridad total”.
La Red de Mujeres Unidas por Baja California, representada por Daniela García Salgado en Ensenada, ha expresado su preocupación por el aumento de la inseguridad y ha instado a los gobernantes y legisladores a rendir cuentas y trabajar de manera comprometida para abordar estos problemas.
La Red también enfatiza la necesidad de reforzar estrategias en zonas críticas y de implementar operativos especializados basados en datos precisos.
El gobierno federal ha respondido reforzando la seguridad en distintos puntos del país, pero esto parece ser solo un paliativo ante una situación que requiere soluciones más profundas y estructurales. La violencia en Baja California es un reflejo de problemas más amplios que afectan a México y que requieren una atención urgente y sostenida.
La violencia ha afectado también la percepción de la región a nivel nacional e internacional, con posibles repercusiones en el turismo y la inversión extranjera. Los negocios locales se enfrentan a desafíos crecientes, desde la extorsión hasta la pérdida de clientes debido al miedo generalizado.
La población de Baja California, exhausta por la violencia, exige cambios. Las comunidades buscan no solo el fortalecimiento de las medidas de seguridad, sino también un enfoque más integral que aborde las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes.
VIAJES A SUIZA, NEW YORK, NFL, ARIZONA Y CDMX, PRIORIDADES EN BC
Y así, mientras Baja California continúa lidiando con desafíos de inseguridad, siendo un tema que se ha convertido en algo cotidiano para sus habitantes, la gobernadora Marina del Pilar Avila parece encontrar espacio en su agenda para compromisos fuera del Estado.
Para la gobernadora de Baja California, “la prioridad son los viajes fuera del país, compartir reflexiones y reseñas gastronómicas”, así lo reclaman ciudadanos en redes sociales, luego de que este fin de semana se fuera de viaje para apoyar a Claudia Sheinbaum en su registro a la presidencia de México, a pesar de los diversos hechos de alto impacto en el estado, además de las necesidades que prevalecen en todos los municipios.
Entre los comentarios de las distintas redes, los usuarios no olvidaron cómo Ávila Olmeda, hace un par de semanas al presentarse lluvias en la entidad, olvidó suspender clases, por priorizar un viaje a CDMX después de haber concluido uno en Suiza, para después reunirse con líderes de Morena, lo que causó que se genera caos mayor en las calles al enviar a todos los niveles a las aulas.
Apenas este fin de semana, la gobernadora se dirigió nuevamente a la Ciudad de México. Su objetivo no era abordar directamente las preocupaciones de BC, sino participar en un evento político de alto perfil: el registro de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia de México.
En un mensaje a través de sus redes sociales, la gobernadora expresó su apoyo a Sheinbaum, destacando el momento como histórico. “Hoy es un día para los libros de historia… HOY SE REGISTRA @claudia_shein como candidata a la PRESIDENCIA DE MÉXICO. 
“, (sic)
Mientras hay quienes ven en éste un gesto como un apoyo legítimo a un compañero de partido en un momento crucial, la realidad es que la decisión de la gobernadora de participar en eventos políticos mientras Baja California enfrenta serios problemas de inseguridad, es algo que levanta malestar, resaltándose la necesidad de un enfoque más concentrado en los asuntos internos de la región, especialmente cuando se trata de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
¿Es este equilibrio entre obligaciones estatales y compromisos políticos nacionales un desafío inherente a la política actual, o deberían los líderes regionales priorizar de manera diferente sus responsabilidades?
La situación en Baja California y las acciones de la gobernadora plantean preguntas importantes sobre la gestión y las prioridades en la política mexicana.
Por lo pronto, y dicho de manera cuantitativa, su gobierno está siendo un fracaso en cuestiones de violencia, los casi 6000 asesinatos que se han presentado durante su gestión lo confirman.
