El magistrado rechaza otorgar más prórrogas a líder del PAN, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, que abandonó el país el año pasado tras ser imputado.
Se acabó la paciencia del juez. Hasta en cuatro ocasiones habían logrado los abogados de Ricardo Anaya aplazar la audiencia de su cliente ante un magistrado del Reclusorio Norte, donde permanece encarcelado de modo preventivo Emilio Lozoya por los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. El exdirector de Pemex es el epicentro de una causa que avanza a trompicones. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó el verano pasado a Anaya por su participación también en los sobornos. Desde entonces, el excandidato panista durante las últimas elecciones presidenciales se presentó a la primera vista judicial por videoconferencia después de anunciar que abandonaba el país. Citado este lunes, el juez rechazó nuevas prórrogas ante la incomparecencia de Anaya. La decisión abre la puerta a una inminente orden de detención.
El caso del líder opositor está siguiendo la misma ruta que uno de los últimos imputados por la trama de corrupción. El último director de Pemex durante el Gobierno del PRI, Carlos Treviño, fue imputado también en verano. Treviño anunció su salida del país. Tras no presentarse ante el juez en un par de citatorios, la consecuencia fue la orden detención solicitada por la Fiscalía y aceptada por el magistrado. En el caso de Anaya, solo falta que la Fiscalía apriete el botón.
Los abogados informaron al juez, de hecho, que no conocen paradero de su cliente. El 21 de agosto, cuando Anaya supo que lo investigaban y que era inminente su imputación por delitos que pueden sumar hasta 30 años de cárcel, anunció que se marchaba de México por lo que consideraba una persecución política orquestada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, Anaya ha reaparecido a través de algunos vídeos. En octubre volvió a justificar su situación como un movimiento político y presentó la carpeta de investigación del caso, que tiene más de 130.000 páginas, razón por la cual la defensa había solicitado más tiempo.
La imputación de Anaya se deriva de la catarata de acusaciones que lanzó el exdirector de Pemex tras ser detenido hace dos años en una urbanización de lujo en España. Desde su extradición a México en verano de 2020, Lozoya no pisó la cárcel hasta hace apenas cuatro meses. El poderoso exjefe de la petrolera estatal había logrado esquivar cualquier contacto directo con la Justicia gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Imputado de los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho por al menos 10 millones de dólares, pasó a convertirse en una especie de testigo colaborador protegido.
Lozoya lanzó una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Entre ellos, Ricardo Anaya, a quién acusó de haber recibido 6,8 millones de pesos en una bolsa deportiva en el aparcamiento de la Cámara de Diputados a cambio de su voto a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
El salvavidas de Lozoya parece en todo caso cada vez más lejos. La Fiscalía endureció en noviembre su postura, que derivó en el encarcelamiento del exdirector de Pemex, al no conseguir amarrar las acusaciones. La nueva estrategia de la Fiscalía se confirmó con la reciente con la acusación formal para la causa de Odebrecht, que incluye cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa: 39 años en total, la pena más alta para este tipo de delitos.
