“El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, como García Luna, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. Cárdenas Palomino, por su parte, se encuentra preso en el penal del Altiplano de tortura.
Un juez federal ordenó aprehender al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna y al ex titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal (PF), Luis Cárdenas Palomino por su participación en el operativo “Rápido y Furioso” con el que ingresaron miles de armas ilegales a territorio nacional.
El juez también ordenó aprehender a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) el operativo, con el que se traficaron ilegalmente más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México para supuestamente identificar a sus usuarios, fue ilegal e inadmisible.
Indicó que según las investigaciones del Departamento de Justicia de EU las armas ingresadas durante este operativo a México, fueron utilizadas en la comisión de diversos delitos violentos en el país desde el año 2009 y hasta fechas recientes.
Mientras que en EU se investiga y deslinda responsabilidades de servidores públicos de aquel país que participaron del operativo, en México, se estableció que entre los compradores de estas armas está la organización liderada por Guzmán Loera, razón por la que el ministerio público federal solicitó la orden de captura en su contra.
“El Chapo” Guzmán, Cárdenas Palomino y García Luna están recluidos en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos y México sujetos a diversos procesos penales.
Guzmán Loera incluso ya fue condenado por una corte estadounidense mientras que a Genaro García Luna le esperan, con esta, tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces mexicanos, razón por la que ya fue solicitada su extradición.
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.
El Canciller Marcelo Ebrard dijo el pasado 21 de diciembre de 2021 que el Gobierno mexicano ganará la demanda que interpuso contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.
En conferencia de prensa matutina, el funcionario recordó que en el litigio presentado el pasado 4 de agosto, el cual fue admitido por la Corte de Massachussets, en Estados Unidos, México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico de armas y detonar así la violencia en el país.
“México demandó que las prácticas en fabricación, distribución, publicidad, y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en nuestro país vinculado a la violencia”, comentó.
“Entonces las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, un concepto que se utiliza en la ley norteamericana y que fue admitida por la Corte”, añadió.
Además, señaló que la disponibilidad de armas en México es en un 70 por ciento origen de Estados Unidos, por lo que advirtió que si no se logra reducir la disponibilidad, será difícil reducir la violencia en el país.
