“Es una burla a las leyes. Es un acto de autoritarismo y prepotencia como no se había visto en mucho tiempo”, indicó.
El excandidato a la presidencia mexicana Ricardo Anaya aseveró que el documento publicado el pasado 22 de noviembre que establece de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México es inconstitucional y vulnera los derechos de los ciudadanos.
“El que paga manda. Lo justo es que el dinero te dé cuentes y te diga en qué se está gastando tu dinero”, señaló el expanista, quien aseveró que las obras construidas se hacen con recursos públicos provenientes del pago de impuestos y servicios públicos de los mexicanos, por lo que las autoridades deben transparentar el gasto, lo que se ve impedido gracias al acuerdo impulsado por el presidente López Obrador.
De acuerdo con Ricardo Anaya, durante los próximos cinco años no se podrán ver las cuentas de las megaobras construidas por la 4T y, dijo, “esconder las cuentas es muy grave”.
Asimismo, el excandidato a la presidencia de México señaló que el documento viola todas las normas ambientales.
“Es una burla a las leyes. Es un acto de autoritarismo y prepotencia como no se había visto en mucho tiempo”, indicó.
¿De qué va el acuerdo de AMLO?
El 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se declara “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”.
De acuerdo con el documento, con esta medida estarán “blindados” los proyectos asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energéticas, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
El presidente de México aseveró que la medida no los exime de informar sobre las obras y, dijo que es para evitar actos de burocracia que impiden el avance de los megaproyectos, los cuales se han visto afectados por amparos promovidos por la oposición.
Aunque el documento se publicó directamente en el DOF sin pasar por el ojo ni el voto legislativo, autoridades federales han señalado que se trata de un acuerdo y no de un decreto.
“La principal diferencia entre un acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide, en este caso, el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas y el decreto es de carácter administrativo pero en lo general”, explicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
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