Cuando se trata de proteger la esencia de la democracia, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE BC) se debe posicionar como un baluarte.
Columna invitada
Con la crucial tarea de organizar elecciones, esta entidad ha buscado operar con una independencia férrea, tomando decisiones cual águila en pleno vuelo. Sin embargo, hoy en día, este vuelo parece enfrentar una serie de turbulencias.
Recordemos que, desde su nacimiento en 1994, el IEE BC ha enfrentado debates sobre su autonomía e independencia. La lucha por mantenerse como un organismo público libre de influencias políticas ha sido constante.
Por ello, en 2008, durante la transición al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se discutió la necesidad de preservar su imparcialidad y su capacidad para organizar elecciones libres y justas.
Y así, entre jornadas aciagas y a lo largo de los años, el IEE BC ha atendido denuncias por presuntas violaciones a las leyes electorales de diversos actores políticos.
Apenas en 2023, se abrieron 26 procedimientos por delitos electorales, incluyendo violencia política contra las mujeres y publicidad fuera de tiempo.
Esto se deriva de que, cual anfitrión en la gran fiesta de la democracia, el IEE BC se encarga de garantizar elecciones limpias y justas para gobernadores, alcaldes y diputados locales, buscando adherirse a los pilares de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Pero, como cualquier entidad humana, incluso los consejeros, con sus imponentes títulos, no están libres de errores en su sombra protectora.
Un claro ejemplo de ello fue en el pasado 2022, año que trajo un vuelco dramático. Recordemos que un representante de Movimiento Ciudadano, como auténtico paladín de la justicia, inició un procedimiento penal contra cuatro consejeros y dos funcionarios del IEE BC.
Se les imputó incumplir con un artículo clave de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, causando daño al proceso electoral.
La acusación: el presunto incumplimiento del artículo 8, Fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que reza: “No cumplir, sin justificación, con las obligaciones del cargo, dañando el proceso electoral”.
Además, se les acusó de violar el artículo 7, Fracción XI, que prohíbe “apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar ilegalmente, en cualquier momento, materiales o documentos electorales públicos”.
El representante del PES fue la principal víctima, pero fue Movimiento Ciudadano quien “desenfundó la espada” de la denuncia ante tales actos cuestionables.
El juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, como hábil estratega en el juego de ajedrez de la ley, encontró la solicitud de vinculación a proceso improcedente, señalando fallas de la Fiscalía Electoral y errores de procedimiento. La denuncia, que implicaba tanto a consejeros como a funcionarios, se desvaneció por no especificar acusaciones individuales.
Aunque la Fiscalía defendió su enfoque, argumentando jurisdicción sobre el delito, el juez no avaló su posición.
Entre errores y posibles favores, estos sucesos continúan construyendo un relato que, con el tiempo, podría cambiar la percepción pública de esta institución.
Y así, estamos ante un capítulo crítico que podría redefinir lo que significa la justicia en el entramado democrático de Baja California, una historia que, según algunos expertos en materia electoral, puede arrojar luz sobre las sombras que rodean a este noble instituto que , desde sus inicios, ha tenido que lidiar con desafíos relacionados con su autonomía, denuncias electorales y limitaciones presupuestarias.
 se debe posicionar como un baluarte. ){kind=link}