La construcción del tramo 5 del Tren Maya implica riesgos para el ecosistema, ya que a lo largo de 121 kilómetros viven especies en peligro de extinción, como el pez ciego, el jaguar y diversos tipos de monos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enfrenta cada vez mayores dificultades para concluir la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su Gobierno.
El juez federal de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo, autorizó una suspensión a las obras del Tren Maya, específicamente a las del tramo 5, que se edifican entre Playa del Carmen y Tulum, dos de los destinos turísticos más concurridos de México.
Se trata de la primera suspensión que detendría este proyecto de manera indefinida.
Desde hace algunos meses, el Poder Judicial ha admitido, al menos, cinco amparos que pretenden frenar las obras porque éstas supuestamente atentan contra el medio ambiente y destruyen la selva.
De acuerdo con información de medios locales, es probable que esta nueva suspensión ordene parar “la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique ejecución material”, aunque en realidad el juez no ha detallado nada de forma oficial.
Esta nueva decisión se suma a una serie de trabas con las que se ha enfrentado el Gobierno de López Obrador para terminar su proyecto estrella, el Tren Maya, el cual pretende detonar la actividad económica y comercial en la región sureste del país.
La construcción del tramo 5 del Tren Maya implica riesgos para el ecosistema, ya que a lo largo de 121 kilómetros viven especies en peligro de extinción, como el pez ciego, el jaguar y diversos tipos de monos.
Además, en el subsuelo existen cuevas y flujos subterráneos que podrían desaparecer.Así lo establece la demanda interpuesta por Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, el estado mexicano donde se construirá un segmento de esta megaobra. La parte demandada es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
