El titular del Ejecutivo firmó el documento en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con el que pretende dar otro paso para entablar juicios contra los expresidentes del país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió un escrito para solicitar al Senado la realización de una consulta con la que se busca enjuciar a los expresidentes del país, destacando que los ciudadanos que están recolectando firmas para este proceso han juntado cerca de 2 millones de éstas. 

“Nuestra decisión es entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre sobre el posible enjuiciamiento,  en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha”.

El titular del Ejecutivo firmó el documento en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, para que éste se entregara a la Cámara Alta a las 11:00 horas.

Acompañado por el Consejero Jurídico de Presidencia, el jefe del Ejecutivo manifestó tener  información que los ciudadanos que hayan recolectado firmar para la consulta han logrado recabar 2 millones de firmas.

No obstante, para tener “más seguridad”, decidió que él mismo presentaría la solicitud.

“Consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de una consulta a todos los ciudadanos”.

El presidente dijo que ya estableció comunicación, tanto con el presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar, así como con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quienes van a recibir este escrito.

“En el terreno de la justicia, se pueden castigar los errores del pasado; pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir: he dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso”, subrayó López Obrador.

Sin embargo, reafirmó que si se realiza la consulta respetará el fallo popular, sea cual sea, porque “en democracia el pueblo decide”, y ratificó su convicción de “mandar obedeciendo”.

“Nunca traicionaré la confianza del pueblo, ni seré cómplice de la impunidad, ni voy a ser tapadera de acciones del pasado; pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque como lo he afirmado no es mi fuerte la venganza”, puntualizó.

El gobernante subrayó que, si la ciudadanía otorga su aprobación en la consulta, “las instituciones de juzgar las potenciales acusaciones tendrán enorme respaldo para realizar la tarea con absoluta libertad”.

Por otra parte, si es rechazada la propuesta de enjuiciamiento a expresidentes en el referéndum, “nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales”.

La legislación sobre las consultas ciudadanas o referéndums establece que pueden ser solicitados por el 2% de los inscritos en el padrón electoral, es decir 1,6 millones de firmas; por la tercera parte de una de la dos cámaras del Congreso (con la cual cuenta el oficialismo); o por el propio presidente de la República en funciones.

Presuntos delitos en periodo “neoliberal”

El documento que el propio presidente leyó sostiene que de 1988 a 2018 México vivió un periodo caracterizado por “la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, y corrupción generalizada”.

La denuncia indica que en esas tres décadas se realizaron “procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma, y el quebrantamiento del Estado de Derecho”.

El extenso documento describe que esos males fueron consecuencia de “un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”.

El mandatario señala que sus antecesores aplicaron políticas privatizadoras, para “privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes”.

El texto señala que el neoliberalismo se tradujo en “la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación”.

También responsabiliza a sus antecesores de la pérdida de soberanía, y “la devastación de las industrias petrolera y eléctrica”.

Este 15 de septiembre vence el plazo para solicitar al Senado un referéndum mediante la presentación de 1,6 millones de firmas que su partido no ha concluido, pero el presidente adelantó la petición al Senado “para tener más seguridad” de la realización de una consulta.

López Obrador considera que actualmente existen “zonas grises” del marco legal mexicano para actuar penalmente en contra de presidentes en funciones, como las “limitaciones” que establece el artículo 108 de la Constitución, en curso de modificación, y sobre la consideración de “delitos imprescriptibles” en el ejercicio de Poder Ejecutivo.

La solicitud pide que el referéndum se realice el 6 de junio de 2021, o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución.

Esa reforma impide que se celebre un referéndum el mismo día de los próximos comicios, como sostiene la oposición, para evitar que la figura del presidente intervenga en ese proceso electoral.