La exigencia de rendición de cuentas sobre las acciones de funcionarios públicos no puede confundirse con los ingresos de un ciudadano en particular. Por ello, es fundamental determinar los límites entre lo público y lo privado.
Mucho se ha hablado sobre la importancia de “lo público” como parte de los elementos que definen al Estado contemporáneo. Sin embargo, lo público es difícil de asir: ¿es un espacio, una condición o una categoría? El concepto aparece en todas estas facetas sin que se trace una delimitación clara sobre qué puede ser considerado público, así como hasta dónde puede separarse de lo privado. Este texto no pretende definir lo público, sino proponer una reflexión sobre cómo lo entendemos y cuál es nuestra tolerancia respecto a su uso para alcanzar fines particulares.
Vale la pena recordar la definición más utilizada de la palabra corrupción: “el uso de recursos públicos para beneficio privado”. Esta proposición, sin embargo, no nos dice mucho sobre qué es lo público, ni tampoco explica qué es lo privado, que sirve como antagonista en esta dicotomía sobre la que se sustenta la gravedad del problema de la corrupción. En ese sentido, lo público parece estar completamente distanciado de lo privado; pero esto no siempre es cierto. La corrupción en efecto tiene que ver con el uso de los recursos públicos para fines personales, partidistas y políticos, pero también con qué concebimos cómo “público”. Los antropólogos Rothstein y Torsello reflexionan sobre este punto desde la perspectiva de su disciplina:
La corrupción es un fenómeno universalmente entendido de manera similar en todas las culturas […] Las diferencias en lo que se entiende como corrupción radican en la variación de lo que cuenta como (y es el alcance de) los bienes públicos entre culturas y no en la variación de si es moralmente incorrecto convertir un bien público en un bien privado.
De tal forma, la corrupción está asociada más con nuestra percepción de lo que es público que con lo que es moralmente aceptado, pues parece que utilizar lo público para conseguir beneficios privados es cuestionable en cualquier cultura. En ese sentido, debe mantenerse alejado del ámbito privado permanentemente. No obstante, esta separación parece más una ilusión, sobre todo en países con instituciones débiles y con una corrupción sistemática como México. Entonces, lo público representa algo al servicio de los grupos en el poder que fue obtenido una vez que un partido gana las elecciones. De esta manera, son reproducidas lógicas de corrupción al interior de los gobiernos, principalmente el sistema de botín del que emanan prácticas como el favoritismo, el nepotismo, el conflicto de interés, entre otras. Para entender más a fondo esta lógica de lo público, este texto busca analizar algunos hechos que demuestran las serias contradicciones en cómo entiende lo público el gobierno de la 4T.
Sistema de botín, confianza particular y redes informales
La 4T presupone que lo público es aquello que debe estar al servicio de su movimiento. Las instituciones, sus recursos financieros y humanos deben estar a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto es el líder del gobierno, así como de Morena al ser el partido en el poder. Basta con pensar en el caso de Delfina Gómez durante su administración como presidenta municipal en Texcoco. La decisión ilegal de quitarle un porcentaje a las remuneraciones de los trabajadores fue justificada bajo la noción de que ese dinero debía utilizarse para ayudar al partido. Entonces, a pesar de que el presupuesto público fuera destinado al pago de servidores para cumplir con funciones que impactan directamente en la población, alguien decidió que ese dinero debería ser asignado a una causa puramente privada.
La justificación de esta perspectiva estriba en la constante defensa sobre la repetición histórica de este fenómeno, llevado a cabo por gobiernos de todos los colores. De este modo, el gobierno persiste como un sistema de botín; es decir, los servidores públicos no son elegidos por sus méritos sino por su afinidad política, o bien su honestidad y lealtad, como señaló el mismo presidente. Así, elementos que son públicos, como las burocracias, se convierten en instrumentos particulares para servir los ideales de un partido, pero no necesariamente de la ciudadanía.
Una de las consecuencias de los sistemas de botín es que, ante la priorización de personas que sean leales o afines a una ideología, se dejan de lado otros factores críticos como la experiencia profesional, el expertise y los méritos. Esto afecta la calidad de las políticas emprendidas por los gobiernos, así como la implementación de estas. Otra de las consecuencias es que, también se fortalecen las redes e intercambio de favores, donde distintos personajes afines a la 4T —junto con sus familiares— son trabajadores del Estado. De tal forma, prácticas flagrantes de corrupción como el favoritismo, el nepotismo y las palancas están ampliamente extendidas. A partir de estas formas de corrupción surgen otras manifestaciones aún peores como el cohecho, el conflicto de interés y el tráfico de influencias.
Todo este sistema de botín está legitimado puesto que persigue el interés público. Aunque, este interés público se iguala al de las mayorías. Precisamente, el interés público debe responder a todos los grupos, incluso a aquellos minoritarios. Las democracias no se construyen únicamente alrededor de las mayorías, sino que deben incorporar las voces de sectores de población que disienten y que tienen objetivos, valores e ideologías distintas al del gobierno en el poder. Una de las consecuencias negativas de no incorporar a estos grupos es que no puede hablarse más de políticas públicas, pues se reduce la pluralidad al interior de los gobierno dando paso a políticas de gobierno, construidas en el seno de un grupo político, con una mirada homogénea y parcial. El recelo hacia la academia, activistas y organizaciones no gubernamentales reflejan una intención clara de limitar las perspectivas, para solo apegarse a las percepciones e ideas del presidente y su grupo cercano.
Síndromes: clanes, élites y concentración del poder
El estudioso Michael Johnston señala que para estudiar la corrupción, es esencial determinar cómo se busca, usa e intercambia la riqueza y el poder, y cómo las estructuras estatales, sociales y políticas toleran las actividades corruptas. A partir de estas preguntas, Johnston cuatro categorías de síndromes de corrupción: magnates oficiales (presente en países como China), oligarcas y clanes (Rusia, México, Filipinas), cárteles de élite (Italia y Corea del Sur) y mercados de influencia (Estados Unidos, Alemania y Japón). La categorización radica en la variación entre sociedades con respecto al uso de la riqueza, el poder, las conexiones entre ambos y en qué medida esto debilita la participación abierta y competitiva de la conformación, así como fortaleza de las instituciones políticas.
El síndrome que más interesa para este texto es el de oligarcas y clanes. Los Estados bajo esta categoría son aquellos que tienen instituciones débiles y, al mismo tiempo, enfrentan una transición hacia mercados abiertos. Por lo tanto, es difícil identificar quién está en el poder y quién es un empresario o un político, por lo que puede ser difícil separar las funciones públicas y privadas. Este síndrome está estrechamente relacionado con el crimen organizado y la violencia. Si bien esta unión entre las élites económicas y políticas han sido reprobadas por AMLO, aún siguen reproduciéndose en su gobierno. Definitivamente, no se ha separado el poder político y el económico, con casos claros en la relación que mantiene el presidente con empresarios de alto nivel. Además, existen indicios sobre posibles vínculos entre el crimen organizado con políticos y funcionarios. Por ejemplo, los casos de Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García.
Conflicto de interés: donde pintar la raya
La casa de Houston, el último caso mediático sobre corrupción en el gobierno ilustra perfectamente las contradicciones en la concepción de lo público en la presente administración. Para iniciar, vale la pena aclarar que si bien, en efecto, existe un ámbito privado en la forma de vida del hijo del presidente —José Ramón, quien además tampoco es un servidor público— se pierde de vista la relación que sí existe con lo público. Una vez más, lo público aparece como un área gris, pero que con un poco de atención puede identificarse.
La casa pertenece a un antiguo ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos, Baker Hughes. Como detalla el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde agosto de 2019 —cuando el hijo de AMLO ocupó la casa— hasta enero de 2020, la compañía recibió asignaciones en Pemex por 194 millones de dólares. Por un lado, a pesar de las coincidencias, Schilling —el arrendador— declaró que no tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario. Además, señaló que no tenía responsabilidad ni injerencia en actividades comerciales con el gobierno de México. Por otro lado, un grupo de inversionistas de Baker Hughes envió una carta con copia a la Comisión de la Bolsa y Valores, así como al Departamento de Estado de Estados Unidos, solicitando una investigación para evaluar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades legales en el caso.
Aquí surge lo público. El conflicto de interés ocurre en el hecho de que parece que existe una relación entre la selección de contratistas de servicio y los beneficios que obtuvo una persona cercana a una figura política relevante. La vida de los familiares del presidente es privada siempre y cuando no estén ligadas a la influencia y aprovechamiento de los recursos públicos para sus fines privados. Pemex es una empresa estatal, un hecho que al interior de la 4T se han encargado de enfatizar frecuentemente, por lo que sus recursos deben estar orientados al beneficio general de la ciudadanía de la población. Si no se cumplen con estas condiciones entonces quiere decir que lo público ahora sirve únicamente a algunas personas y que además definitivamente no está orientado al interés público.
Con relación a este posible conflicto de interés, el presidente negó conocer a directivos y a la propia empresa, Baker Hughes. Asimismo, ha mencionado que sus hijos no tienen influencia en su gobierno y sugirió que su nuera es la que posee el dinero. Sin embargo, lo público y privado están claramente en conflicto, solo que la propia forma de entender lo público parece no reconocer la naturaleza pública de Pemex y la relación con su hijo a través de la mansión. Un caso adicional, que no puede desarrollarse en esta entrada pero ilustra claramente el conflicto de interés, es la investigación sobre el programa Sembrando Vida y la empresa de chocolates Rocío Chocolate de su hijo Andrés Manuel López Beltrán.
Reflexiones finales
Lo público subyace como un elemento central dentro de los Estados. Aunque su separación no está claramente delimitada. Esto es en realidad una ilusión, aunque es sumamente útil para justamente identificar dónde está esa delgada línea entre lo que es corrupción y lo que no. Los límites son borrosos, pues lo público tiene puntos de encuentro permanentes con lo privado.
A pesar de esto, existen manifestaciones claras donde queda de manifiesto que lo público está siendo utilizado con fines enteramente privados. Dentro de la 4T, pareciera que la definición de lo público es algo que definitivamente debe ser aprovechado para sus fines particulares partidistas, personales y de interés político. De allí que durante este gobierno existan tantos casos de corrupción. Una primera reflexión es que lo que los simpatizantes de la 4T entienden por lo público es muy distinto a cómo lo entienden una gran parte de la ciudadanía mexicana.
Por último, pensar en lo público es esencial. De lo contrario, incurrimos en graves confusiones y exigencias erradas, como equiparar la rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de recursos públicos a publicar cuánto gana un periodista privado. En un caso, es una obligación del gobierno señalar en qué destina el gasto público; en el otro, es un abuso que lastima directamente garantías individuales consagradas en la Constitución. No debemos perder de vista qué es lo público, hasta dónde toleramos que no se respete y cómo lo defendemos, porque una vez que se pierde es muy difícil recuperarlo.
Profesor asociado del CIDE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE
