El presidente López Obrador y Morena han bloqueado deliberadamente el funcionamiento del INAI, llevándonos casi 50 años en el pasado en términos de transparencia. Múltiples casos dan cuenta de la importancia del INAI y cómo el gobierno trata de esconder información sensible.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se formó como un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante los años setenta y ochenta, por lo que vale la pena recordar cómo era la transparencia de esos gobiernos entre los cuales nuestro presidente se educó y que, tristemente, hoy parece querer emular y superar. Las acciones deliberadas que el presidente y su partido han emprendido contra la maquinaria institucional de la transparencia para detenerla —en la que el sabotaje al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es la última, más no la única acción de opacidad— nos remiten a una época en la que el gobierno escondía la mayor parte de la información y no había forma alguna de saber qué es lo que realmente hacían.

Cuando en 1976 el periodista Vicente Leñero investigó la construcción de la nueva sede del Colegio Militar al sur de Ciudad de México, realizada mayormente por la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), se encontró con el mismo problema que cualquier ciudadano común de la época: no pudo averiguar nada. Su crónica es fulminante:

Del costo de millones nada se sabe, nada se informa. Se mantiene como un secreto militar guardado celosamente. Ni qué esperanzas de que a la Cámara de Diputados —por decir algo— se le ocurra preguntar cómo se gastaron allí los dineros de la patria, de esa patria a la que el cielo —canta el Himno— «un soldado en cada hijo te dio». Lo único que es posible conseguir son algunos aburridos datos técnicos. (…) Es todo lo que se sabe. El resto: secreto militar.

Ha pasado casi medio siglo y, sin embargo, bien podríamos repetir las mismas palabras, pero ahora para referirnos a las acciones de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. 

¿La refinería de Dos Bocas? Nada se sabe, nada se informa.  La única transparencia a la que llegamos es a tener contratos con grandes recuadros negros sobre los nombres de las empresas y los montos que se les entregan. Esto se debe a que, convenientemente, la obra es realizada por una filial de Pemex que no es un sujeto obligado de las leyes de transparencia, PTI, Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V. Incluso con el INAI operando, esa información está fuera del alcance de los ciudadanos.

¿El aeropuerto de Santa Lucía? Lo único que era posible conseguir de información, si uno toma como fuente las conferencias mañaneras, eran algunos aburridos videos técnicos que semana a semana nos mostraban avances de la obra. En ellos poco podía averiguarse de a quién le estaban pagando los militares. Dado que la principal fuente de financiamiento de esta obra fue el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, y que el pretexto de la seguridad nacional fue utilizado para dar la vuelta a cualquier complicación legal posible, la transparencia de la obra quedó acuartelada en el secreto militar. Únicamente pudimos saber algo cuando los periodistas hicieron una solicitud de transparencia tras otra y, después de meses de trabajo y gracias a una decisión del INAI, lograron obtener algunos contratos impresos que tuvieron que ir a recoger a las instalaciones militares. Cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revisó la información, solo estaba transparentado 1 de cada 4 pesos que se habían gastado. El resto es un misterio.

¿Los contratos con el conflicto de interés de PEMEX alrededor del hijo del presidente? El punto principal del escándalo de la Casa Gris no era la lujosa casa en que José Ramón López Beltrán vivió en Houston; sino que esa propiedad era de Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes. Hay que recordar que Pemex negó que hubiera conflicto de interés porque, según ellos, todos los contratos de la empresa Baker Hughes se hicieron en México y no en Estados Unidos, donde operaba Schilling. 

Menuda sorpresa fue que, otra vez gracias al INAI y después de meses de pelea con recursos de revisión, descubrimos que Pemex sí entregó contratos en el extranjero a esa empresa, exactamente en las mismas fechas en las que el hijo del presidente se mudó a Houston. Pero eso no era información pública porque el dinero fluyó, una vez más, a través de una filial, Pemex Procurement International. Por si esto no fuera suficiente, esta empresa es manejada por Carmelina Esquer, hija de la mano derecha del presidente, Alejandro Esquer (el mismo que aparece en un video depositando miles de pesos en efectivo en un escándalo de corrupción electoral y fideicomisos del sismo de 2017). De no haber sido por la intervención del INAI, en conjunto con el trabajo de investigación, solo nos habríamos quedado con la versión oficial del gobierno de que todo estaba bien y que la información sobre este enredo familiar con recursos públicos no era más que un intento por desprestigiarlos. 

Estos casos son solo unos cuantos ejemplos que muestran cómo este gobierno ha escondido deliberadamente información relevante sobre su actuar. Igualmente, muestran cómo la participación del INAI ha sido fundamental para poder revertir, al menos parcialmente, esta opacidad crónica.

Al dejar inoperante a su Pleno, López Obrador y su partido han provocado que el INAI no pueda atender los recursos de revisión de los ciudadanos (entre otras facultades que tampoco pueden ejercer ahora), por lo que si su gobierno nos dice que cierta información no existe, está vetada por ser de seguridad nacional o simplemente entrega algo diferente a la realidad, hoy ya no tenemos ninguna herramienta para tratar de ir más allá. En cuanto al derecho a la información, hemos perdido todas y todos los ciudadanos.

En este sexenio, la ciudadanía se inconformó más que antes con las respuestas oficiales, pues mientras que de 2015 a 2018 el INAI recibió un promedio de 26.8 recursos de revisión al día, para el periodo de 2018 a 2022 prácticamente se duplicó, pasando a 53.23 recursos de revisión diarios. Ese medio centenar de quejas diarias se acumularán y quedarán sin respuesta, llevando al gobierno a aquello que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha nombrado como un «mundo ideal».

Lo peor es que este mundo ideal de opacidad se vuelve escuela pues, así como los maestros priistas enseñaron a López Obrador, este régimen está pasando la estafeta a la siguiente generación de gobernantes. Sirva de ejemplo que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se ha negado a transparentar los datos abiertos de todos los contratos de la capital. Esto ha llegado al punto  de que han entregado discos con carpetas vacías, documentos en PDF ilegibles y enredados laberintos digitales en los que se necesitan más de mil clics para conseguir algo de información.

El sabotaje se define como una acción deliberada para alterar o detener el funcionamiento de algo. En este caso, la inoperancia del INAI tiene responsables muy claros: primero, el presidente López Obrador al vetar los nombramientos de dos posibles comisionados; segundo, los senadores de Morena, quienes han aprovechado su mayoría para detener indefinidamente toda la maquinaria institucional con la que algo podíamos hacer para enfrentar la opacidad de su gobierno. No hay otra forma de llamarlo. Este es un sabotaje a la transparencia que nos recuerda que es posible volver al pasado. El autodenominado «gobierno más transparente de la historia» resultó ser más de lo mismo, pero en verdad más de lo mismo que vivimos hace medio siglo.