Después de 27 años de operación sin inconvenientes, Compranet, la plataforma donde el gobierno federal registra y publica la información de sus contratos, ha colapsado en varias ocasiones entre 2022 y 2023. La situación es tan grave que, aún cuando ya estamos en el segundo mes del año, todavía no hay datos abiertos con toda la información sobre los contratos adjudicados en lo que va de 2023.
Esta omisión por parte del gobierno federal atenta contra nuestro derecho a saber cómo se está utilizando nuestro dinero, por lo que denunciamos que es necesario actualizar las bases de datos correspondientes a los contratos realizados durante este año. También solicitamos una explicación minuciosa de las razones de este fallo, al tiempo que exhortamos a las autoridades competentes a cumplir su responsabilidad con la ciudadanía.
En julio de 2022 fue la primera vez que se cayó el sistema de CompraNet. Durante más de dos semanas el gobierno contrató en total opacidad. Las justificaciones de la autoridad fueron vagas, al punto que declararon fuera de servicio la plataforma por tiempo indefinido debido a que, según su comunicado, “a lo imposible nadie está obligado”. Gracias a la presión de diversas instituciones, académicos, activistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil que alzamos la voz sobre este fallo, el servicio fue restablecido 17 días después.
Durante los días que CompraNet no estuvo en operación se dieron contrataciones irregulares que evidencian incongruencias y vacíos en la información sobre lo que pasó durante ese periodo. En MCCI documentamos que la Secretaría de la Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda, no han respondido satisfactoriamente a las solicitudes de información sobre lo que se contrató durante el periodo que CompraNet estuvo fuera de servicio. Hemos llamado la atención al hecho de que sus datos no concuerdan con la información pública disponible.
De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incumplió en pagos con el proveedor de la plataforma, falló en brindar el ancho de banda necesario para la operación del sistema y no atendió las advertencias sobre la falta de capacidad para guardar y procesar la información. Por ello, más que un evento inesperado, hay evidencia para sostener que la autoridad tuvo conocimiento de los riesgos para la operación de la plataforma tiempo antes de su colapso.
Pocos meses después de esa primera falla y aún cuando este año se presentó una nueva versión de la plataforma operada desde la SHCP, de manera inesperada se volvió a suspender el servicio de CompraNet el 14 y 15 de enero de 2023, lo que provocó una serie de retrasos y problemas en las contrataciones del gobierno. Además de los problemas reportados por las propias autoridades y las personas que le proporcionan bienes y servicios al gobierno, hasta hoy sigue sin ser pública la base de datos con los procedimientos de compras públicas que se han realizado en lo que va del año; lo único que está disponible son los anuncios concluidos de procedimientos que se han realizado este año, sin embargo no es posible conocer ni el monto ni el proveedor adjudicado en la base descargable que está disponible.
Hay al menos dos problemas centrales en materia de transparencia en nuestro país: el gobierno opera sus compras públicas en un sistema vulnerable y en total opacidad de cara a los ciudadanos.
Estas faltas de transparencia son graves en un sistema democrático. Solo con esta información —que hoy no está disponible— podemos hacer un seguimiento preciso sobre qué, quién y cómo se contrata desde el gobierno. La actualización de las compras públicas permite que operen plataformas ciudadanas como Nuestro Dinero, el sitio de MCCI en el que vigilamos y denunciamos las irregularidades en las contrataciones públicas y el gasto de nuestro dinero.
En los siguientes días publicaremos a detalle cómo contrató el gobierno en 2022. Lamentablemente, sin la información actualizada, la ciudadanía mexicana se mantendrá a oscuras sobre el gasto de 2023. El tiempo que los y las ciudadanas pasamos sin esa información profundiza la opacidad y el uso discrecional de los recursos públicos. Estas prácticas de gobierno abren las puertas abiertas a la corrupción y la impunidad, además de que atentan contra el mandato constitucional que tienen nuestras autoridades para usar nuestros recursos con eficiencia, transparencia y honradez.
