El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León criticó la reforma al Poder Judicial de la Federación, a la que describió como una atrocidad que enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho, la transformarán en una tiranía.

Invitado a dar el discurso inaugural de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por su siglas en inglés), sostuvo que se aprobó gracias al escandaloso regalo de la sobrerrepresentación a Morena y la forma obscena en que el partido en el poder negoció el voto de Miguel Ángel Yunes a cambio de impunidad para su familia.

Afirmó que la elección de jueces dependerá de las campañas de Morena e incluso del crimen organizado, lo que los hará dependientes de sus promotores políticos e incluso resaltó que no servirá porque su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político.

Zedillo aclaró que después de 24 años de dejar la Presidencia, rompía y ponía en pausa su regla de autocensura para no comentar públicamente los asuntos políticos del país, por una razón muy triste: la aprobación por parte del Congreso y de la mayoría de las legislaturas de los estados de una reforma que destruirá al Poder Judicial.

Destacó la que él hizo

Durante casi la mitad de su presentación en español y traducida simultáneamente en una pantalla al inglés, quien gobernó el país de 1994 a 2000 defendió la reforma al Poder Judicial que propuso cinco días después de asumir la presidencia, que permitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejar de servir al Ejecutivo y después una reforma electoral que convirtió a México en una verdadera democracia.

Ahora, dijo, la frustración del Presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder.

Para el ex mandatario, la reforma, junto con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no sólo conducirán a la devastación del Poder Judicial y a la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país, sino a que medidas como la autorización a fiscales para encarcelar personas dizque preventivamente, derivarán en un gobierno intensamente poderoso para combatir cualquier disidencia. Todos los principios esenciales del estado de derecho podrán ser pisoteados.