Hace siete meses la negligencia e impunidad inundaron la ciudad de Tula, Hidalgo. Hoy, las damnificadas siguen exigiendo justicia a los tres niveles de gobierno, que las han dejado solas, con apoyos insuficientes y sin claridad sobre las medidas para evitar que vuelva a suceder.

El 15 de mayo inició la temporada de ciclones de 2022. ¿Está preparado el país, y particularmente Tula, para enfrentar inundaciones similares a las que ocurrieron durante 2021? 

Las fuertes lluvias en el centro del país llevaron al desbordamiento del río Tula en septiembre de 2021. Sin previo aviso, personas como la señora Elba García López despertaron en la mitad de la noche, luego de lo que se sintió como una ola que golpeó a sus puertas e inundó sus hogares hasta las rodillas.

El 6 de septiembre del 2021, la pequeña ciudad de Tula, Hidalgo vio morir a diecisiete de sus habitantes y aproximadamente a 70 mil más perder su patrimonio. En noviembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que el desbordamiento del río no fue provocado por causas naturales, como se especuló inicialmente, sino por la decisión deliberada de desviar las aguas residuales de los túneles Emisor Central y Emisor Oriente al río Tula, en Hidalgo.. La comunidad de Tula fue víctima esa noche de una inundación planeada, diseñada para salvaguardar el Valle de México. En los días siguientes, sería víctima de un sistema de atención de desastres deficiente y de la falta de apoyos para recuperar la normalidad. Esta tragedia muestra cómo la corrupción y la impunidad pueden tener un efecto devastador en la vida de las personas. 

Dean Chanim, doctor en antropología por la universidad de Stanford, quien realizó su investigación posdoctoral en la universidad de Princeton acerca de la problemática del sistema de drenaje del Valle de México, resaltó el sacrificio de zonas marginadas y de la periferia que realizan las ingenieras de los Sistemas de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuando los drenajes de la Ciudad y del Estado de México rebasan su capacidad. Dicha hipótesis fue negada por el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 7 de septiembre, quien aseguró que el desbordamiento del río Tula fue provocado por causas naturales y lluvias anormales. Sin embargo, dos meses después, Conagua presentó un informe que reconocía que la inundación fue provocada por las constantes descargas de aguas pluviales procedentes de la Ciudad de México por medio del Túnel Emisor Oriente (TEO) hacia el río Tula. Este informe reconoce además el conocimiento previo de las autoridades sobre la posibilidad de inundación desde el 2009, según el Atlas de Riesgo de Hidalgo.

El TEO, desde su planeación en el 2008, fue diseñado como una alternativa para evitar las inundaciones en la Ciudad de México y zonas conurbadas. El proyecto pretendía duplicar la capacidad de drenaje de la Cuenca del Valle de México, al enviar las aguas residuales a la planta de tratamiento de Atotonilco de Tula. CONAGUA y la oficina de la Presidencia hicieron especial énfasis en el papel de la oposición en intentar frenar las obras de ampliación de la capacidad de la conducción del río. Quienes se oponían a estas obras alertaban sobre el daño que le ocasionarían a la flora y fauna de Tula; además, pondría en riesgo a otros municipios, como Ixmiquilpan, el cual también se inundó el 6 de septiembre. El doctor Chanim defiende que desde hace 70 años existe una solución a las inundaciones del Valle de México sin sacrificar a los municipios de la periferia: ampliar la retención del Valle de México.

El Túnel Emisor Central y el Túnel Emisor Oriente atraviesan los estados de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México (Mapa 1). Los municipios afectados por las inundaciones de septiembre de 2021 en la Zona Metropolitana del Valle de México fueron Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec; en la zona del Mezquital en Hidalgo fueron Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama, Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Mixquiahuala. De estos, Tula fue sin duda el municipio más afectado. Apenas ocho días después, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios del Valle de Mezquital por riesgo a otra inundación.

El desbordamiento del río cubrió el primer piso del Hospital General de Zona No. 5, donde perdieron la vida 17 personas. En una de las calles laterales del hospital se encuentra también la clínica privada en la que trabaja Grisel. Ella confirma los testimonios recogidos por diversos medios sobre la falta de alerta y prevención por parte de las autoridades antes de la inundación.

Por parte del gobierno estatal, el gobernador Omar Fayad declaró que se buscarían a los culpables y aseguró que no habría impunidad alguna; sin embargo, dos días después, señaló que no había ninguna persona culpable por la inundación ni por las muertes. A estas declaraciones se unió el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo. El gobernador confirmó que desde el 3 de septiembre, unos días antes de la inundación, existía información de un posible desbordé del río Tula, pero no de las magnitudes vistas. Aún después del informe de CONAGUA que admite la decisión consciente de sobrecargar el río Tula, ni el gobernador ni el alcalde han corregido sus declaraciones.

El gobernador también expresó su interés de salvaguardar la ecología del estado y mitigar los daños causados, además de ayudar a la población afectada al garantizar que se cumplan sus derechos a un ambiente limpio y seguro.  Entre otras acciones prometidas, el gobierno federal —mediante Conagua— y el gobierno del estado plantearon revestir el río Tula con concreto, desazolvar el cauce y demoler cuatro puentes de cruce. 

La asociación civil Unidos x Tula señaló que este plan no garantiza que Tula no se vuelva a inundar; asimismo, no promueve medidas ambientales, ni incorpora la opinión de los habitantes de la ribera del río Tula, ni los posibles puntos de encuentro en caso de una inundación. Tampoco contempla la posibilidad de que la Ciudad de México y el Estado de México se responsabilicen de sus aguas negras. De realizarse este proyecto, concluye la organización de la sociedad civil, se enviarán más aguas pluviales y negras de las que hoy en día llegan.

En 2006, Tula fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la ciudad más contaminada del mundo debido a la gran cantidad de aguas negras que recibe por parte del área metropolitana. Además, aloja una de las cinco refinerías, la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la CFE, y las principales cementeras del país. En 2019, el secretario federal de Medio Ambiente, Victor Toledo, calificó a Tula como una ciudad inhabitable por los altos niveles de contaminación. Ese mismo año, el gobernador Omar Fayad declaró que era “un infierno ecológico”. Tres años después, poco o nada se ha hecho para que Tula deje de ser el vertedero del país. 

Rosa María tiene 7 años viviendo en Tula y sus vecinos, más de 50. Ella reconoce que ni ella ni sus vecinos tienen memoria de una inundación similar en el pasado.

La responsabilidad de las autoridades no se limita al gobierno federal o al estatal. El municipio de Tula también tuvo omisiones relevantes. Cientos de tulenses se han mostrado inconformes con las medidas tomadas por el gobierno municipal. Diversos medios locales difundieron que los colchones entregados a las familias damnificadas durante principios de febrero tenían manchas de sangre o de orina y chinches. Los colchones fueron reconstruidos. La asociación Unidos X Tula calculó que el costo promedio por colchón oscila entre 50 y 100 pesos. El gobierno municipal de Badillo gastó 974 mil pesos por 743 colchones, lo cual equivaldría a un costo aproximado de más de 1,290 pesos por colchón. En marzo de 2002, el municipio de Tula inició una queja ante Profeco, pues adquirió los colchones como si fueran nuevos; no obstante, al menos 60 personas afectadas aún no han recibido cambios o reembolsos por el colchón defectuoso que recibieron en septiembre.

Otro acto problemático fue el Primer Maratón Internacional de Tula realizado el 20 de marzo de 2022, el cual pretendía reactivar el turismo y ayudar a las damnificadas. Sin embargo, desde que sucedió la inundación, se alegaba que no había los recursos suficientes para ayudarles. Por ese motivo, se manifestaron el día del evento para exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de la oficina de Hernández Badillo. 

Las damnificadas por la inundación han sido víctimas de promesas vacías y, después de siete meses, siguen sin recibir justicia. Los gobiernos que tienen el mandato de salvaguardar su integridad fueron negligentes al no considerar los riesgos de la inundación. Hoy las víctimas están obligadas a endeudarse con tal de regresar a su vida normal. El asunto se mantiene en la agenda pública gracias a las acciones emprendidas por las personas damnificadas desde la sociedad civil, al solicitar una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y participar en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

Las personas en Tula afectadas por el desbordamiento del río viven con secuelas físicas, patrimoniales y emocionales. Ninguna de estas afectaciones han sido cubiertas por las autoridades de manera integral a partir de la inundación y con el inicio de la temporada de lluvias de este año crecen los riesgos de una nueva inundación.

Desde la planeación del TEO, los tres órdenes de gobierno sabían de los hechos de los cuales podían ser víctimas los hidalguenses afectados. Desde el 3 de septiembre de 2021 sabían de la posibilidad de inundación. El 6 de septiembre  ya sabían que había cientos de personas afectadas. A pesar de su conocimiento, a siete meses de la inundación, no ha habido justicia para las damnificadas. Tula de Allende y los ocho municipios afectados siguen inundados en la corrupción y negligencia de las autoridades.