La directiva es la última de una serie de medidas que la nueva administración ha tomado en materia de inmigración, como el despliegue de mil 500 soldados adicionales en la frontera con México.
La administración Trump está intentando reunir una fuerza más grande de agentes de seguridad para ayudar a llevar a cabo deportaciones al otorgar a los agentes de todo el gobierno federal los mismos poderes que un oficial de inmigración, según un memorando interno visto por The Wall Street Journal.
El memorando, enviado por el Secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, dice que el DHS está otorgando autoridad de control de inmigración a varias agencias del Departamento de Justicia, incluida la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
La directiva es la última de una serie de medidas que ha tomado la administración Trump esta semana para movilizar los vastos recursos del gobierno federal y llevar a cabo la promesa de campaña del presidente en materia de inmigración. A pesar de esas medidas, todavía no se ha materializado ninguna operación de inmigración a gran escala.
El memorando también destaca que los agentes del FBI ya poseen poderes para detener a inmigrantes, conocidos como autoridad del Título 8. Aun así, los agentes del FBI tradicionalmente evitan ese trabajo, excepto cuando se cruza con su misión principal de seguridad nacional y otras investigaciones.
Aunque el memorando no designa directamente a esos agentes para ayudar con la campaña de deportación prometida por el presidente Trump, los funcionarios de la administración están planeando que el Departamento de Justicia coopere prestando algunos agentes, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Tradicionalmente, el Servicio de Alguaciles puede intervenir en casos relacionados con la inmigración si estos se superponen con responsabilidades federales de detención o de fugitivos. Históricamente, la ATF y la DEA tampoco han intervenido en la aplicación de la ley de inmigración, excepto cuando hay otras violaciones relacionadas con el tráfico de armas o drogas. Los funcionarios de estas agencias se han quejado durante mucho tiempo de que ya carecen de los recursos que necesitan para sus misiones principales de lucha contra el crimen violento y la aplicación de la ley en materia de drogas, y que vigilar las violaciones de la ley de inmigración les añadiría más trabajo.
El martes en el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto interino Emil Bove dijo a los fiscales federales que investiguen y potencialmente acusen a los funcionarios estatales y locales en las llamadas ciudades santuario que obstaculizan la aplicación intensificada de las leyes de inmigración por parte de la administración, y señaló que los grupos de trabajo contra el terrorismo del FBI estarían involucrados en la ejecución de las iniciativas de Trump relacionadas con la inmigración.
El miércoles, el Pentágono anunció que enviaría 1.500 soldados en servicio activo a la frontera sur para ayudar a “sellarla”, de acuerdo con una orden ejecutiva emitida por Trump a principios de esta semana, y que también prestaría varios aviones militares para la iniciativa. Los funcionarios de defensa dijeron que ha habido solicitudes de funcionarios de Trump para potencialmente enviar hasta 10.000 soldados, pero aún no han recibido una orden de ellos para enviar más.
