El titular de la UIF indicó que en el caso de Vicente Fox y sus antecesores, ya no será posible enjuiciarlos por la prescripción establecida en las leyes mexicanas.

Los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los únicos que podrían ser juzgados por presuntos actos delictivos cometidos durante sus gobiernos, debido a que los mismos no han prescrito, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque los delitos no han prescrito.

“No así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari porque los delitos ya se encontrarían prescritos”, explicó.

Durante el Seminario de Violencia y Paz organizado por el Colegio de México, Nieto Castillo indicó que ante este escenario lo ideal es tener una comisión de la verdad para que la ciudadanía conozca los posibles actos de corrupción en los que pudieron participar los expresidentes, aunque no puedan ser enjuiciados por los mismos.

“En esta parte donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de comisión de la verdad respecto a los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía mexicana sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente López Obrador.

“Creo que podría ser una buena salida en razón de que nuestro sistema jurídico establece esta conclusión de las responsabilidades penales o administrativas por el simple transcurso del tiempo”, afirmó.

Las declaraciones de Nieto Castillo ocurren a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es constitucional preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en proceder legalmente contra políticos de administraciones anteriores que pudieron incurrir en delitos o responsabilidades administrativas.Con esto, la Corte modificó la intención original de la consulta popular planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pretendía preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo en enjuiciar a los últimos cinco ex presidentes por posibles actos de corrupción o delitos en los que pudieron haber participado.