Cinco vendedores estadounidenses de armas contestan formalmente a la demanda del Gobierno mexicano que los acusa de armar a las poderosas bandas del narcotráfico y piden a un juez en Arizona desestimar el caso.
Los vendedores de armas solicitaron a una Corte de Arizona desestimar una demanda del Gobierno de México que los señala de participar en el tráfico de armas, incluidas algunas de tipo militar, para organizaciones criminales.
Se trata de las empresas Diamondback Shooting Sports, Inc; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC, y Sprague’s Sports, Inc., con base Tucson, Phoenix y Yuma.
Las firmas demandadas pidieron a la Corte Federal del Distrito de Tucson desestimar la demanda de las autoridades mexicanas con base en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma que exculpa tanto a fabricantes como a vendedores de armas en casos en los que uno de sus productos haya sido usado en un crimen.
La demanda contra los vendedores de armas de Arizona —iniciada el pasado 10 de octubre— es la segunda de este tipo que presenta el Gobierno Mexicano en cortes de Estados Unidos. La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador considera estos litigios contra armadores como una parte fundamental de su estrategia para combatir la violencia del crimen organizado en México.
México culpa a EEUU de la violencia
Una primera demanda contra fabricantes de armas fue interpuesta por el Gobierno mexicano en Boston, Massachusetts, el 4 de agosto de 2021. Fue la primera demanda presentada por un Gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos.
La demanda presentada en Arizona es la primera demanda civil presentada por un Gobierno nacional contra vendedores de armas en Estados Unidos que abastecen el mercado criminal, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia del Gobierno encargada de llevar a cabo los litigios.
La demanda presentada en Boston fue desestimada por un juez federal a finales de septiembre pasado justamente con base en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. México está litigando todavía en este proceso. Según el Gobierno del país latinoamericano, los vendedores de Arizona participan “de manera rutinaria y sistemática” en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.
“Insistiremos en que los vendedores negligentes que facilitan el tráfico de armas México deben de rendir cuentas”, dijo el 28 de enero Alejandro Celorio, asesor jurídico de la Cancillería mexicana, en su cuenta de Twitter.
Estos litigios, de acuerdo con el Gobierno mexicano, forman parte de una estrategia multifacética para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Con más de 26.700 homicidios dolosos tan solo en 2022, de acuerdo con cifras oficiales, México vive una crisis de violencia sin precedentes en su historia reciente en parte por la operación y expansión de grupos narcotraficantes que se surten de armamento en Estados Unidos.
Según la Cancillería mexicana, los vendedores denunciados en Arizona no cumplen con el debido cuidado al que están obligados por las propias leyes estadunidenses, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano.
“Una sentencia favorable en este litigio respaldará la primera demanda presentada en Boston, ya que comprobaría que las empresas fabricantes son negligentes por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos”, señaló la Cancillería en octubre pasado, cuando anunció la presentación de la demanda.
Los abogados que encabezan la estrategia legal del Gobierno de México son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy, de Global Action on Gun Violence de Washington, D.C..
