Un estudio de ‘The Lancet’ que analiza la corrupción sexual pone el foco en Colombia por la alta incidencia de esta práctica.

Un oficial de migración que le da el paso a una migrante a cambio de sexo. Un doctor que solo receta las medicinas de las madres vulnerables que se desnuden para ellos en la consulta. Oficiales que no cortan el agua de ciertos barrios si alguna de las afectadas accede a lo que ellos piden. Hay dos cosas en las que coinciden las expertas en corrupción sexual. La primera es que no es una excepción ni una anécdota entre los funcionarios públicos de ningún país, ni siquiera en los más desarrollados. Y la segunda es que la lupa no hay que ponerla en las mujeres. “El foco tiene que estar en la autoridad”, explica la investigadora argentina Dolores Calvo. “Un médico o maestro tiene que ejercer de manera íntegra su trabajo. Punto. No importa que tenga una ristra de mujeres detrás dispuestas a pagar con sexo, por el contexto de vulnerabilidad en el que están”.

Esta misma idea es sobre la que pivota un reciente estudio de The Lancet. En el informe se ahonda precisamente en este tipo de corrupción tan escurridiza entre las defensoras de la mujer y los expertos en corrupción. Al ser una práctica bisagraentre ambos mundos, este problema se convierte en una papa caliente que pasa de mano en mano sin que nadie la aborde. Es un mal huérfano. Aunque Michele Coleman, investigadora de género y anticorrupción y principal autora de Cuando se exige sexo como pago por servicios de atención médica, cree que es un tema cada vez más presente en la agenda, “aún no es mainstream”. “Es probable que ese deba a que desconocemos por completo hasta qué punto se está produciendo. Sin datos que lo demuestren, es difícil conseguir que los responsables políticos y otras partes interesadas claves escuchen y tomen medidas”, cuenta.

La palabra sextorsión se ha utilizado a menudo para describir el fenómeno del sexo y el abuso de autoridad. Sin embargo, es solo una pequeña parte de lo que engloba la corrupción sexual, ya que la sextorsión siempre es una extorsión explícita. Este concepto deja por fuera los casos en los que, aunque no se efectúe el acto sexual, se insinúa o se pide directamente por parte de un oficial. Los bajísimos subregistros de denuncias tanto de la sextorsión como de las demás modalidades de corrupción sexual hacen casi imposible cuantificar la práctica.

Sin embargo, de acuerdo al Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional de 2019, recogido en el informe de The Lancet, uno de cada cinco latinoamericanos conoce a alguien o ha sido víctima de este tipo de violencia basada en género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Este mismo estudio ha conseguido hacer una radiografía de los países donde este fenómeno es más acuciante: principalmente son países asiáticos y africanos. El único país latinoamericano que citan es Colombia, por el interés de analizarlo por parte de la cooperación sueca -patrocinadora del informe- y por la alta incidencia de estas prácticas.

“La violencia sexual y la corrupción están entrelazadas en Colombia”, se lee en otro informe en el que participó Calvo y base del más reciente estudio. Este dedica una dura explicación sobre cómo los 50 años de conflicto armado y el patriarcado han perjudicado tanto a las colombianas: “El abuso de poder y ciertos tipos de violencia sexual están normalizados y existe una gran impunidad en los casos de violencia sexual. En Colombia, el continuum de la violencia de género y sexual permea todas las esferas de la vida, todos los aspectos de la sociedad y todas las relaciones que viven las mujeres, tanto públicas como privadas”.

De acuerdo con la investigación, la falta de recursos aumenta la vulnerabilidad para estar expuestos a la práctica, por ejemplo, en situaciones de migración. “En un contexto de extrema impunidad en el acceso a la justicia, la falta de poder y de voz hace más o menos imposible que las víctimas de la sextorsión denuncien y hagan visibles las violaciones que han sufrido”, dice.

“No son una prioridad”

María Fernanda Galicia, directora de Mexiro, una organización feminista que trabaja con temas de anticorrupción desde hace más de un lustro, es tajante al afirmar el mismo mal en su país: “La perspectiva de género no es una prioridad en México. Cuando les preguntas a las principales instituciones encargadas de la anticorrupción si tienen un enfoque diferencial o si evalúan de qué manera impacta diferente entre las mujeres y las personas LGTBI, te dicen abiertamente que no es su prioridad. Parece que los tratados internacionales no los reconocieran como propios”. Para la mexicana, la corrupción sexual está “completamente invisibilizada” y lamenta que esté tan infrafinanciada. “Ni las fiscalías tienen protocolos de acción, ni existen leyes ni sentencias que sirvan de antecedentes para proteger a las mexicanas”, cuenta por teléfono.

Calvo insiste en que la corrupción sexual no es exclusiva de los países en vías de desarrollo: “Pasa en todos lados, en Suecia y Noruega también. Y es incluso más difícil atajarlo porque existe una autopercepción de que no existe ni la desigualdad de género ni la corrupción”. Una de las soluciones que ven las expertas es la concienciación, dejando de normalizar estas prácticas, y, legislar sobre ellas.

Pero incluir el delito o especificarlo dentro del de corrupción trae varios interrogantes. Una de las claves para que el remedio no sea peor que la enfermedad es que, a diferencia del delito de corrupción, en el que se inculpa tanto a quien soborna como a quien recibe el soborno, este tiene que tratarse diferente. “Cuando el sexo es la moneda de cambio, cambia tangencialmente la forma en la que piensas la relación. Ellas no pueden ser enjuiciadas porque son víctimas de un abuso sexual”, explica Calvo, quien equipara este tipo de abuso con el de las mujeres prostituidas. “La prostituta no quiere tener sexo con vos, si no no te cobraría. Es lo mismo. No se puede hablar de consentimiento cuando hay un poder tan desigual”.