La Cámara Alta aprueba una enmienda al artículo 21 de la Constitución que facultará a la dependencia para investigar delitos. La Cámara de Diputados deberá refrendar la modificación para su aprobación definitiva.
Por: Pablo Ferri / El País
Morena y sus aliados aceleran el trabajo legislativo, para llegar tranquilos al final de periodo de sesiones, el 15 de diciembre. Este miércoles, el Senado ha aprobado en lo general la enmienda al artículo 21 de la Constitución que propuso el Gobierno, hace apenas dos semanas. Una vez que los senadores lo aprueben definitivamente, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para su firma definitiva. El cambio facultará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que comanda Omar García Harfuch, para investigar delitos, igual que hace la Fiscalía General de la República (FGR), o la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El cambio coloca a García Harfuch en una posición inmejorable. Antes de llegar al cargo, había dudas sobre su futuro margen de maniobra. Jefe de la policía de Ciudad de México entre 2019 y 2023, los buenos resultados que había presumido allí respondían el enorme estado de fuerza policial en la capital, a la colaboración con la Fiscalía local y al poder investigativo de sus agentes, consagrado en la Constitución local. Pero en el Gobierno federal, el panorama era distinto. Sin la Guardia Nacional, que Morena acabó colocando bajo el paraguas del Ejército, a petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el policía llegaría manco al cargo, paticorto. Sin agentes ni capacidad investigativa, ¿qué impacto podía tener Harfuch en la lucha contra el crimen?
Pero las cosas han cambiado en poco tiempo. La transferencia definitiva de la Guardia Nacional a Sedena, que la supermayoría oficialista aprobó en el Congreso a finales de septiembre, dejó en el limbo a poco más de 10.000 agentes. Provenientes de la extinta Policía Federal, su estancia en la guardia se hacía imposible, ya que carecían de entrenamiento militar, entre otros temas. Estos agentes se reincorporaban así a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), paraguas original de la Guardia, todo un regalo para Harfuch. Con el cambio aprobado este miércoles, estos agentes tendrán además la potestad de investigar delitos.
La incertidumbre sobre la libertad de maniobra de Harfuch se convierte así en una certeza sobre su fortaleza. Además de sus más de 10.000 agentes investigadores, el secretario cuenta desde ya con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige su antiguo colaborador Francisco Almazán Barocio, con otros 5.000 activos. En la práctica, además, será Harfuch y su equipo quienes dirijan y coordinen “la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, como planteó la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la propuesta de enmienda constitucional que mandó al Congreso. Dicho sistema comprende a las secretarías de la Defensa, Marina, a Gobernación y a la FGR, además de las corporaciones estatales.
En la práctica, la reforma convierte a Harfuch en el zar de la seguridad a nivel nacional, con poder coordinador y supervisor sobre prácticamente todo. Como dijo Sheinbaum en su propuesta, los cambios apuntan a “fortalecer las atribuciones de la Secretaría con relación a la coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (…) Asimismo, establece que la Secretaría es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones, a quienes podrá solicitar la información necesaria para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
El cambio fortalece además al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dirige Marcela Figueroa, bajo el paraguas de la SSyPC. El nuevo texto del artículo señala que el Secretariado auditará y “vigilará el debido ejercicio” de los “fondos de ayuda federal para la seguridad pública”, que se entregan a estados y municipios.
