La FGR buscaba imputarlo, por quinta vez, por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial del PAN, no acudió a la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputarle los delitos de operaciones con recursos de procedentes ilícita, asociación delictuosa y cohecho como parte de la trama de corrupción del caso Odebrecht.

La defensa legal del panista dijo desconocer el motivo por el cual su cliente no acudió al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte.

“Desconocemos el por qué no está presente”, dijo el abogado Eduardo Aguilar Sierra.

—¿No tienen contacto con él?, cuestionó el juez Marco Antonio Tapia Fuerte.

-No hemos tenido contacto hoy en la mañana, reviró el abogado.

“Anaya no quiere comparecer ante esta soberanía”.

El Ministerio Público de la Federación calificó de “desafiante” la actitud de Ricardo Anaya por no comparecer ante el juez por la acusación que hizo Emilio Lozoya en su contra por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para la aprobación de la reforma energética.

“Ha quedada demostrada su reticencia para atender sus llamados, ha tenido una actitud desafiante de obedecer (…) No hay argumento válido para que no asistiera”, aseveró el agente del Ministerio Público, Manuel Granados. 

“Ricardo Anaya Cortés no quiere comparecer ante esta soberanía”, abundó agente del MP, Kristian Jiménez.

Mientras que Antonio López, representante legal de la Unidad de Inteligencia Financiera, parte ofendida en este caso, aseveró que Anaya Cortés “no tiene voluntad para hacerle frente al proceso penal”.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación presentó tres escritos del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), en los cuales se detalló que Ricardo Anaya dejó México en julio del año pasado, y hasta las 7:00 horas de hoy no había registro de su ingreso, vía aérea, al país.

Los abogados de Anaya pidieron que la FGR también diera a conocer ingresos terrestres al país, además de que solicitaron un plazo para justificar la inasistencia del panista.

El juez rechazó esta petición al asegurar que “ni siquiera tienen contacto con su defendido”, por lo que, al no haber condiciones para que se llevara a cabo la audiencia, ésta duró 21 minutos.

Es la quinta ocasión en que los fiscales intentarían imputarlo por presuntamente recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

Las diligencias de agosto, octubre y noviembre de 2021, fueron aplazadas porque la defensa del panista no tenía copia de diversos tomos de la carpeta de investigación, situación que le impedía tener una defensa adecuada.

Por esta razón, se agendó la audiencia para el 31 de enero de este año, pero horas antes de la diligencia, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte, decidió aplazarla para hoy, debido a que tenía covid.

Los delitos que se le imputarían hoy no ameritan prisión preventiva oficiosa, pero por su capacidad económica el Ministerio Público Federal solicitaría que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el riesgo fundado de fuga.

El panista fue denunciado por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), de ser uno de los ex legisladores que recibieron sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Lozoya está actualmente interno en el reclusorio Norte enfrentado su proceso por los ilícitos antes mencionados.