Prohibir ciertos ‘corridos’ ayudaría a bajar la criminalidad ¿o solo es cercenar las libertades individuales?

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La libertad de profesión, respaldada por el artículo 5 de la Constitución, nos asegura el derecho a ejercer cualquier trabajo, profesión o actividad económica que elijamos, siempre que sea lícita.


En distintas urbes de México, como Tijuana, Mexicali, Chihuahua y Cancún, se ha instaurado una controversial prohibición a los artistas para que no interpreten ciertas canciones. La razón detrás de esta medida es la creencia de que algunas letras, al hacer apología de delitos, incitan al aumento de la criminalidad. No obstante, esta acción ha generado un amplio debate, pues muchos la consideran una violación a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión y la libertad de profesión.

La libertad de profesión, respaldada por el artículo 5 de la Constitución, nos asegura el derecho a ejercer cualquier trabajo, profesión o actividad económica que elijamos, siempre que sea lícita. Significa que cualquier persona puede buscar su sustento en la actividad que mejor se adecue a sus habilidades y preferencias, sin más limitaciones que las impuestas por la ley y el respeto a los derechos de terceros.

Por otro lado, el artículo 6 protege la libertad de expresión, estableciendo que toda persona tiene derecho a expresar sus ideas libremente, sin temor a ser censurado o perseguido, salvo en aquellos casos donde se atente contra los derechos de terceros, se provoque un delito o se perturbe el orden público. Este derecho incluye la producción y difusión de obras musicales, consideradas como una forma de arte y un medio para la comunicación de ideas y emociones.

Continuando con el análisis de la importancia de la libertad de expresión en el arte y, en particular, en la música, es esencial reconocer que el arte ha servido como un espejo de la sociedad a lo largo de la historia. Las obras musicales, al igual que las piezas de arte visual, no son solo creaciones estéticas; son vehículos para la comunicación de ideas, emociones y perspectivas. Intentar censurar estas expresiones es ignorar el papel fundamental que juegan en el fomento del diálogo, la reflexión y, en muchos casos, el cambio social.

La música, con su amplio alcance y su capacidad para tocar las fibras más profundas del ser humano, ha sido históricamente un medio poderoso para comentar sobre la condición humana, incluidos sus aspectos más oscuros. Del mismo modo, la pintura y otras formas de arte visual han retratado guerras, revoluciones y tragedias, no con el objetivo de glorificar estos eventos, sino de reflexionar sobre ellos, criticarlos o simplemente documentarlos. Estas obras se consideran hoy en día parte integral del patrimonio cultural de la humanidad, valoradas no solo por su calidad artística sino también por su importancia histórica y social.


Por ejemplo, las obras de Francisco de Goya, especialmente su serie de grabados “Los desastres de la guerra”, son un testimonio gráfico y crítico de la brutalidad del conflicto bélico entre España y las fuerzas napoleónicas. A pesar de su crudeza, estos grabados son valorados por su honestidad y su capacidad para provocar una profunda reflexión sobre los horrores de la guerra. De manera similar, Pablo Picasso, con su célebre pintura “Guernica”, no buscó glorificar la violencia sino denunciar la devastación y el sufrimiento causados por el bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil Española. “Guernica” se ha convertido en un símbolo universal de los terrores de la guerra y un recordatorio de la importancia de la paz.

Estos ejemplos subrayan un principio fundamental: el arte posee la capacidad de confrontar a la sociedad con sus propias contradicciones, miedos y esperanzas. Limitar esta capacidad mediante la censura no solo es una violación de la libertad de expresión sino también un empobrecimiento del discurso cultural y social. Al igual que las obras de Goya y Picasso nos obligan a enfrentarnos a las realidades de la violencia y el conflicto, las canciones que abordan temas difíciles o controvertidos invitan a la sociedad a reflexionar sobre las condiciones que las inspiraron.

Es importante destacar que el arte, en todas sus formas, a menudo se adelanta a su tiempo, desafiando las convenciones y provocando el cuestionamiento de las normas sociales. Esto puede generar incomodidad, pero también es una fuente de crecimiento y evolución. La censura, por otro lado, frena este proceso, limitando la capacidad de la sociedad para examinarse a sí misma y evolucionar.

En lugar de censurar, es fundamental promover un ambiente en el que todas las formas de expresión artística puedan ser discutidas y analizadas abiertamente. Esto no significa que todas las obras sean aceptadas sin crítica, sino que se reconozca el derecho de los artistas a expresarse y el de la audiencia a interpretar y debatir esas expresiones. La educación juega un papel crucial en este contexto, al proporcionar las herramientas necesarias para entender y valorar el arte en todas sus dimensiones, incluidas aquellas que pueden ser inicialmente perturbadoras o desafiantes.

En ese sentido, la prohibición de interpretar ciertas canciones en estas ciudades plantea un conflicto directo con estos artículos constitucionales. Restringir a los artistas de expresarse o limitar su derecho a ejercer su profesión basándose en el contenido de sus letras parece ir en contra de la libertad garantizada por nuestra Carta Magna. Este tipo de medidas, aunque busquen un objetivo loable como es la reducción de la delincuencia, deben estar fundamentadas en evidencias sólidas que demuestren su necesidad y eficacia.

Además, es crucial explorar alternativas que no comprometan los derechos fundamentales. Existen estrategias más efectivas y menos invasivas para combatir la criminalidad, como pueden ser las campañas de educación y concientización, el fortalecimiento de las políticas de inclusión social, o la mejora en la capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad.

NINGUNA LEY LOCAL PUEDE SOBREPONERSE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Resulta pertinente destacar que estas prohibiciones se fundamentan en reglamentaciones y leyes municipales que, de acuerdo al principio de supremacía constitucional, no deben contravenir lo dispuesto en la Constitución. En México, la jerarquía normativa establece que la Constitución y los tratados internacionales se encuentra en la cima, seguida por las leyes federales, las constituciones locales y, finalmente, las normas municipales. Esto significa que ninguna ley local puede sobreponerse a los derechos fundamentales consagrados en nuestra ley suprema.

La controversia actual evidencia la complejidad de equilibrar la seguridad pública con el respeto a las libertades individuales. Aunque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos, este objetivo no debe perseguirse a costa de sacrificar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de profesión. Es esencial encontrar un equilibrio que permita tanto proteger el bienestar público como respetar las garantías individuales.

Una de las críticas más frecuentes a las prohibiciones es la falta de evidencia concreta que respalde la idea de que ciertas canciones fomenten directamente la delincuencia. Sin una base sólida que justifique estas restricciones, se corre el riesgo de caer en acciones arbitrarias que podrían considerarse una forma de censura. Este es un terreno peligroso, ya que la censura socava los principios democráticos y la pluralidad de voces en la sociedad.

Es importante recordar que la música, al igual que otras formas de arte, es un reflejo de la sociedad. Las letras de las canciones a menudo abordan temas relevantes para sus audiencias, incluyendo, en ocasiones, la violencia y la criminalidad. Sin embargo, estas expresiones artísticas también pueden servir como una forma de crítica social o como un medio para generar conciencia sobre ciertos problemas. Prohibirlas sin un análisis profundo de su impacto real podría impedir oportunidades valiosas para el diálogo y la reflexión.

Además de las medidas punitivas o restrictivas, los gobiernos locales y federales deben considerar políticas públicas que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad. Esto incluye invertir en educación, en programas de desarrollo social y económico, y en el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Estas acciones pueden tener un impacto más duradero en la reducción de la delincuencia que la simple prohibición de ciertas expresiones culturales.

En conclusión, la situación actual plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la intervención gubernamental en la cultura y la expresión artística, así como sobre las estrategias más efectivas para garantizar la seguridad pública sin comprometer los derechos fundamentales. A medida que avanzamos, es imperativo que las políticas públicas se basen en evidencias, respeten las libertades individuales y promuevan el bienestar común. Solo así podremos construir sociedades más seguras, libres y justas.

En este sentido, el derecho administrativo y fiscal nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre seguridad y libertad. A través de un enfoque equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales, podemos enfrentar los desafíos de la criminalidad sin cercenar los principios democráticos que definen nuestra sociedad. La música, como cualquier otra forma de expresión, tiene el poder de inspirar, cuestionar y unirnos, por lo tanto, en vez de restringirla, debemos abrazar su potencial para fomentar un cambio positivo y constructivo que la sociedad tanto necesita.

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