El presupuesto aprobado para 2023 no es un presupuesto austero, pues se trata del monto más grande del que tengamos registro. Pero esa abundancia no es para todos, solo para las prioridades del presidente. ¿Cuáles son? En este texto te contamos quiénes son los ganadores y perdedores del PEF 2023.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 estima que el gasto total del Estado —es decir, el presupuesto para la Administración Pública Federal, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, las transferencias federales de estados a municipios y demás obligaciones gubernamentales— suma un total de 8.3 billones de pesos. Es decir, 8.3 millones de millones de pesos. Esto equivale a que las instituciones nacionales gasten 947 millones cada hora del año. Conociendo un poco la dimensión de este monto, la siguiente pregunta es: ¿para qué se usará y cuáles son sus aspectos más relevantes? En esta revisión exponemos la composición general del gasto y algunos de los aspectos más importantes identificados en el proyecto y dictamen del presupuesto para 2023.
El gasto y la composición del gasto
Como se señaló en la revisión de la Ley de Ingresos para 2023, los recursos proyectados para 2023 serán, para ser exactos, 8,299,647,800,000 pesos. Como se puede ver en la siguiente gráfica, esto lo hace el presupuesto aprobado más grande en términos reales y, en caso de ejercerse la misma cifra, sería el monto efectivamente gastado más cuantioso de la historia.
Para entender a qué se destinará el presupuesto en 2023, el primer paso es dividirlo entre el gasto programable y el no programable. Los recursos no programables corresponden a los destinados a finalidades no específicas e ineludibles, como el pago de deuda y las participaciones federales (un tipo de transferencias a los estados y municipios). Como se puede observar a continuación, el 28% de los recursos aprobados para 2023 corresponden al grupo de los no programables, los cuales explican parte del crecimiento del gasto puesto que incrementaron 21% con respecto al año pasado. En particular, este crecimiento se explica debido a que el costo financiero de la deuda pública aumentó 30% con respecto al monto aprobado para 2022 como resultado del crecimiento de las tasas de interés. Esto implica que parte del crecimiento del gasto no se refleja directamente en bienes o servicios públicos.
En cambio, los recursos programables corresponden al gasto destinado a proveer bienes y servicios a la población. Para 2023, el 72% de los recursos aprobados corresponden a esta categoría, pero para entender mejor su destino es necesario dividirlo. Una de las maneras para clasificar los recursos es por su naturaleza administrativa; es decir, de acuerdo con la dependencia a la que se le asignó el presupuesto, también conocidos como ramos. Como se puede observar en la siguiente gráfica, las empresas productivas, las entidades de control directo y los ramos destinados a disposiciones legales particulares (los ramos generales) concentran la mayor parte del presupuesto.
Después están los ramos administrativos, los cuales concentran los recursos de las instituciones que dependen directamente del presidente. Ahí es donde se encuentran los recursos destinados a los programas sociales (en la Secretaría de Bienestar) y proyectos de infraestructura como el Tren Maya (en la Secretaría de Turismo o Sectur).
Por último, los poderes Judicial y Legislativo y los órganos autónomos concentran la menor cantidad de recursos. A pesar de que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) han sido duramente atacadas por su costo, representan una fracción minúscula del presupuesto a pesar de cumplir con funciones indispensables para el funcionamiento del sistema político.
Reasignación y golpe a los órganos autónomos
Los ataques que han tenido los órganos autónomos también se han materializado en presiones presupuestales. A pesar de que estas instituciones solicitaron 145 mil millones de pesos (1.8% del total del presupuesto), los legisladores decidieron reducir sus recursos en 6.4 mil millones. En el caso particular del INE, la institución electoral tendrá una reducción de 4.5 mil millones, lo que representa 18% del total asignado al ramo. Sin embargo, en el mismo ramo están los recursos que el INE está obligado a transferir a los partidos, pero estos no fueron tocados. Por ello, el golpe es aún mayor: implica la reducción de un cuarto del presupuesto necesario para que esta institución cumpla con sus tareas.
Los ganadores y perdedores: la centralización del gasto
Las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 presentan cambios importantes con respecto a los recursos aprobados para 2022; también resulta ilustrativo comparar estos montos con los recursos realmente ejercidos en 2021, el año más reciente con datos disponibles, y 2018, el último año de la administración anterior. Ya que los recursos asignados se traducen en capacidades para llevar a cabo las funciones del gobierno, los cambios en el presupuesto asignado a cada sector nos indican a qué se le espera dar mayor prioridad a lo largo del año. Además, debido a que los recursos públicos son finitos, su asignación implica que haya sectores ganadores y perdedores. En ese sentido, la siguiente gráfica muestra el monto aprobado para cada grupo de ramos y su comparación con otros años. De esta manera se puede observar dónde hay más o menos recursos.
A partir de la gráfica se puede observar que los recursos para 2023 implican aumentos para la mayoría de las categorías con respecto a lo aprobado en 2022, excepto por las Empresas Productivas del Estado (-2%) y los órganos autónomos (-4%). A partir de ello se puede identificar que los principales perdedores serán los ramos autónomos en favor de los administrativos, los cuales crecerán 17% con respecto a 2022. Adicionalmente, es importante señalar que, a partir de la revisión del último año con información completa (2021), se ha observado que, aprovechando la discrecionalidad de la reasignación de recursos, se ha concentrado aún más el presupuesto en los ramos administrativos.
Ahora bien, el crecimiento de 17% del gasto que reportan los ramos administrativos es resultado de cambios en el presupuesto asignado para cada dependencia del gobierno federal. Al respecto, la siguiente gráfica muestra el presupuesto del PEF para 2023 y su comparación con periodos anteriores. Destacan los siguientes cambios.
- La Secretaría del Bienestar alcanzará su máximo presupuesto, 30% arriba de lo aprobado para 2022 en términos reales.
- La Secretaría de Educación Pública (SEP), tendrá un crecimiento de 5% con respecto a lo aprobado para el año anterior, pero estará por debajo de lo ejercido en 2021 y 2018.
- La Secretaría de Salud (SSA) tendrá un crecimiento de 3% con respecto al año anterior y 29% con respecto a 2018. Este cambio es el resultado de un aumento de 25 mil millones en el presupuesto del programa de Atención a la Salud y una reducción de 17. 8 mil millones al Programa de vacunación.
- La Secretaría de Turismo (Sectur) aumentará en más del doble respecto al aprobado de 2022. Si se compara con 2018, tendrá un aumento de 1,030% en términos reales. Es decir, por cada peso que recibió en 2018, ahora recibirá 10. Este aumento será destinado a uno de los megaproyectos presidenciales: el Tren Maya. Como se puede ver, esta obra ha sido un claro ganador del presupuesto a pesar del crecimiento de su costo y los problemas de planeación y rentabilidad identificados por la Auditoría Superior de la Federación.
- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá un aumento de 77% con respecto a lo aprobado en 2022. Tales recursos serán destinados particularmente a las obras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- La Secretaría de Energía (Sener) planea mantener el mismo presupuesto que en 2022 para continuar con la construcción de la Refinería de Dos Bocas, a pesar de que ya se inauguró sin cumplir con los elementos de transparencia suficientes. Cabe destacar que en 2021 esta secretaría fue la gran ganadora del presupuesto, con un crecimiento de casi el 600% como lo señalamos en nuestra revisión de la Cuenta Pública de ese año. Esto explica que con respecto a 2021 se vea una enorme caída.
- La Secretaría de Gobernación, a pesar de tener un presupuesto relativamente pequeño, tendrá un aumento porcentual importante: incrementará 20% con respecto a 2022. Este aumento es debido al presupuesto destinado a los programas de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos y el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).
- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) proyectan aumentar 10% y 5% respectivamente su presupuesto con respecto a 2022.
- A pesar de que el presupuesto para las empresas productivas prevé una disminución de 2%, Pemex muestra un aumento de 1.5% con respecto a lo aprobado de 2022. Comparado con 2018, el crecimiento es de 37% a pesar de las pérdidas que ha acumulado los últimos años.
Adicionalmente a los elementos antes mencionados, los ingresos de 2023 podrían ser menores a los esperados debido a que las proyecciones económicas para 2023 son optimistas en comparación a lo que refieren especialistas del sector privado y organismos internacionales. Esto haría necesario hacer recortes importantes a lo largo del año.
Con todo lo anterior se muestra que habrá en 2023 un presupuesto considerablemente más grande que en los años anteriores — 11.6% más que en 2022—, pero este aumento se concentra sólo en áreas específicas. Una de estas áreas es el crecimiento del servicio de la deuda; no obstante, esto no explica la totalidad del incremento presupuestal. También es el resultado del aumento presupuestal en dependencias específicas como Bienestar, Sener, Sectur, Semarnat y Pemex. Dicha priorización es tan clara que se redujeron recursos de los órganos autónomos, incluso a pesar de que ello restrinja funciones indispensables como la coordinación de las elecciones.