El mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica permanece sin castigo en México, donde la Fiscalía y el gobierno obradorista han sido incapaces de exhibir y castigar a la red de funcionarios implicados en el esquema de pagos ilegales montado por la compañía brasileña.
Cuando aterrizó en la Ciudad de México extraditado desde España, Emilio Lozoya Austin fue llevado en helicóptero al Hospital Ángeles del Pedregal, donde le colocaron en el tobillo derecho un brazalete electrónico marca Buddi que conservaría durante poco más de un año mientras seguía su proceso judicial en libertad.
Las cámaras de televisión transmitieron en directo el ingreso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) a esa clínica privada en un lujoso vecindario de la capital mexicana, en lo que parecía ser un nuevo capítulo de la telenovela de corrupción patrocinada por Odebrecht, la constructora brasileña acusada de sobornar a políticos y funcionarios de toda América Latina.
El trato privilegiado que tuvo el único acusado en México de recibir sobornos de Odebrecht y quien había estado huyendo de la justicia durante meses provocó indignación entre la opinión pública, sobre todo porque la extradición la había logrado un nuevo gobierno que ofrecía castigar y desterrar la corrupción, y porque el país contaba por primera vez con una Fiscalía autónoma que prometía armar un caso ejemplar.
Lozoya tuvo el localizador en su tobillo desde julio de 2020 hasta noviembre de 2021, cuando fue apresado y encarcelado en el Reclusorio Norte. Las autoridades decidieron revocarle la libertad condicional y meterlo a la cárcel luego de que se publicaran fotos de él cenando con amigos en el Hunan, un exclusivo restaurante en la emblemática avenida Reforma. En el nuevo capítulo de la novela, la indignación se convirtió en cólera.
Esta es la historia de cómo la trama de corrupción de Odebrecht ha quedado hasta ahora impune en México. En los últimos cinco años, la indagatoria conducida por dos gobiernos distintos no ha logrado ningún éxito sustancial y la Fiscalía General de la República (FGR) no ha conseguido una sola sentencia ni ha logrado descubrir si hubo más sobornos de los originalmente confesados o si los pagos ilegales llegaron a los bolsillos de otros funcionarios y políticos.
“Odebrecht no es la historia de un director corrupto que aceptó un soborno, es la historia de un aparato corrupto donde interactúan poderes políticos y económicos al margen de la legalidad”, considera el maestro por la Escuela Libre de Derecho, Daniel Torres Checa. El abogado lamenta que la FGR trazó la acusación como un caso “insular de corrupción” centrado solamente en Lozoya, cuando las pruebas apuntan a que mucha más gente estuvo involucrada.
Durante el último lustro, Quinto Elemento Lab junto con la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por medios en nueve países latinoamericanos, ha revelado las fallas de las investigaciones, las omisiones de la autoridades y las medias verdades de Odebrecht; en la serie Viaje al centro de Odebrecht comprobamos cómo México ha avanzado mucho más lento que otras naciones para encontrar culpables, castigar sus conductas y reparar el daño.
Los sobornos a Lozoya
El culebrón de Odebrecht en México tuvo su capítulo estelar la mañana del 13 de agosto de 2017, cuando una investigación de Quinto Elemento Lab y la red de periodistas reveló las explosivas confesiones de tres altos exdirectivos de la compañía que aseguraron a la justicia de Brasil haber pagado sobornos a Emilio Lozoya Austin.
Los testimonios de Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, acompañados de transferencias electrónicas y documentos bancarios, daban cuenta de pagos ilegales por 10 millones de dólares a Lozoya, entre 2012 y 2014, a cambio de su ayuda para abrirse paso en México y lograr contratos de obra pública durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Algunos pagos cayeron cuando ya estaba en curso la campaña presidencial de Peña Nieto, donde Lozoya estaba incrustado. Entre abril y noviembre de 2012, la oficina de sobornos de Odebrecht envió 4.1 millones de dólares en 10 transferencias a las cuentas en Suiza y Liechtenstein de dos compañías designadas por Lozoya: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
Los pagos salieron de las cuentas de empresas fachada que Odebrecht usaba para distribuir sobornos y que había creado en el Meinl Bank Antigua, el banco controlado por ejecutivos de la oficina que gestionaba las coimas a funcionarios de América Latina.
Ya con Peña como presidente y Lozoya despachando desde la oficina de Pemex, Meneses confesó cómo ofreció a Emilio Lozoya otros seis millones de dólares por su ayuda para ganar el contrato para la ampliación de la refinería en Tula, en Hidalgo.
Odebrecht lo ganó. En un principio estaba valorado en unos 107 millones de dólares pero luego tuvo adiciones que elevaron su costo a 168 millones de dólares. Meneses visitó 128 veces el rascacielos de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México entre 2013 y 2017, según los registros de la investigación de los fiscales.
Era la primera vez que los mexicanos escuchaban una historia sobre corrupción política y empresarial con detalles tan escabrosos que tenía como protagonista a uno de los hombres más cercanos al presidente. La noticia saltó de inmediato a los periódicos y a la televisión. Las revelaciones del caso Odebrecht habían llegado a México en horario estelar como ya estaba ocurriendo también en otros países del continente.
A través de solicitudes de información vía Transparencia y desclasificando los registros oficiales, ahora se sabe que ni Odebrecht dijo toda la verdad ni las autoridades del gobierno de Peña Nieto hicieron un trabajo minucioso para desentrañar el caso.
Buscando sin querer encontrar
Mientras en países como Perú y Brasil —donde el escándalo de Lava Jato y Odebrecht se había destapado unos años antes— se formaron equipos robustos de fiscales independientes y especializados en corrupción y crímenes financieros, en México la investigación fue conducida desde 2017 y hasta 2019, por solo dos agentes: Silvia García Ocampo y Joselyn Fonseca, de acuerdo con la revisión de los registros del expediente.
En aquél entonces la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no gozaba de autonomía y era conducida por Raúl Cervantes Andrade, un hombre cercano al expresidente Peña, cuyos lazos con el partido oficial y con la élite política pusieron en tela de juicio su independencia.
Los exejecutivos de Odebrecht, que confesaron los sobornos al acogerse a la delación premiada para rebajar sus penas, admitieron que además de Lozoya, la firma brasileña había realizado transferencias en 2010 por 500 mil dólares a la campaña del candidato a gobernador en Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y por 350 mil dólares a la campaña de otro candidato en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Tras las publicaciones en la prensa, la PGR comenzó a recabar información sólo sobre Lozoya: sus movimientos financieros, los registros de sus viajes a Brasil, sus declaraciones patrimoniales, sus redes sociales, domicilios registrados y antecedentes laborales. Pero los registros oficiales indican que la Procuraduría no quiso investigar más allá de lo evidente.
Por ejemplo, el 16 de mayo de 2017 el patriarca de la firma, Marcelo Odebrecht, acudió a la cita pactada para rendir su declaración ante el subprocurador mexicano Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y el director Carlos Eduardo Hernández Azuara. Era la primera vez que los fiscales mexicanos viajaban a Brasil a interrogar a uno de los grandes ejecutivos de la constructora que estaba dispuesto a revelar las prácticas corruptas.
En la sede del Ministerio brasileño, Marcelo Odebrecht confesó en cinco ocasiones que se realizaron pagos a las campañas de Veracruz y a la elección presidencial de 2012. Sin embargo, los fiscales no le cuestionaron a quién hicieron los pagos ni el monto de las transferencias.
En 2017 y 2018, la PGR envió al Ministerio Público de Brasil 13 cuestionarios con más de 550 preguntas para recabar los testimonios de diez directivos y ejecutivos de la constructora, pero a ninguno le cuestionaron si hubo pagos a la campaña de Peña Nieto ni les preguntaron quiénes se beneficiaron con las transferencias en Veracruz y Tamaulipas.
El foco de las preguntas se mantuvo siempre en los detalles de los pagos a Lozoya, su relación con otros funcionarios de Pemex y los contratos que mantuvo Odebrecht con la petrolera. Los investigadores mexicanos no indagaron si la constructora brasileña tenía registro de otros funcionarios sobornados, además de Lozoya.
Cuando pidieron al Ministerio Público de Brasil que hiciera búsquedas en los servidores de la oficina de sobornos de Odebrecht, el único nombre de un funcionario público que pidieron buscar en los registros de Drousys fue el de Emilio Lozoya, y limitaron el periodo de búsqueda de diciembre de 2012, después de la campaña electoral, a marzo de 2016.
La plataforma Drousys, diseñada por la constructora para esconder los pagos ilícitos bajo códigos secretos, resguarda los registros de las transacciones, los estados de cuenta de las empresas offshore, los emails, los contratos con las empresas donde la compañía tenía operaciones, y los “codinomes” o nombres clave con los que se identificaba a los receptores de los sobornos.
Otros países consiguieron encarcelar a expresidentes y funcionarios de alto perfil con pruebas obtenidas de Drousys, sin embargo los fiscales mexicanos no incluyeron en la petición enviada a Brasil los nombres de exmandatarios o funcionarios allegados a la campaña y al gobierno de Peña Nieto o de dependencias públicas distintas a Pemex.
En lugar de ello, la Procuraduría envió una lista en la que incluyó 42 términos clave como “propina”, “depósito”, “reconocimiento”, “transferencia”, “latino”, “Tula”, “apoyo”, “banco”, “offshore”, “reunión”, “restaurante”, “Zecapan”, “Latin America Asia Capital Holding”, “contrato” y los nombres de seis exejecutivos de Odebrecht.
La velocidad para avanzar en la investigación parecía no ser importante para la PGR, y el abanico de pretextos ilustra cristalinamente el modus operandi: La entrevista de mayo de 2017 donde se obtuvo el testimonio de Marcelo Odebrecht no fue traducida al español sino hasta cinco meses después.
Como no había peritos traductores del portugués al español la Procuraduría solicitó a Brasil que hiciera la transcripción y traducción al español, “con el ofrecimiento de que los honorarios serán pagados”, se lee en un oficio enviado por la dirección de procedimientos internacionales al Ministerio de Brasil.
La petición no prosperó y fue hasta octubre que la Procuraduría mexicana consiguió una persona para traducir las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Meneses y Da Silva, así como las versiones en español de los documentos aportados, estados de cuenta bancarios, órdenes de pago y registros de transferencias.
La PGR tampoco tenía peritos traductores del italiano al español, lo que demoró durante meses la traducción de la información bancaria que envió Suiza sobre las cuentas de Emilio Lozoya. En mayo de 2018 el país helvético envió el primer CD con información bancaria y a las autoridades les tomó nueve meses traducir todos los datos al español.
La revisión del expediente al que hoy se tiene acceso gracias a la desclasificación de información pone al descubierto la falta de colaboración incluso entre dependencias públicas del gobierno mexicano que rechazaron o retrasaron la entrega de información solicitada por la propia Procuraduría.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se negó en marzo de 2018 a entregar las copias de las declaraciones fiscales anuales de Emilio Lozoya, al invocar que se encontraba “legalmente impedido” a atender la solicitud y que debía guardar “absoluta reserva” de los datos de los contribuyentes.
En otras dependencias hubo retrasos de hasta un año para entregar las diligencias ordenadas por los agentes del ministerio público. En agosto de 2017, la Procuraduría pidió a la Secretaría de la Función Pública iniciar una investigación sobre la evolución patrimonial de Lozoya y la respuesta demoró un año y cuatro meses.
Además, la colaboración con Brasil se interrumpió porque el gobierno mexicano se negaba a firmar los “términos de compromiso” que le permitirían recibir información sobre el caso, según comunicó el Ministerio Público de Brasil en octubre de 2018.
En otro frente, tras la publicación de los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, la fiscalía especializada en perseguir delitos electorales (Fepade), inició en agosto de 2017 otra pesquisa para indagar si los sobornos de la constructora fueron desviados a la campaña de Peña Nieto.
Desde la Fepade, Santiago Nieto, con una reconocida trayectoria en la academia y en los órganos judiciales y electorales, se convirtió en el primer fiscal independiente votado por el Senado y en una de las voces más críticas de la investigación del caso Odebrecht.
A dos meses de iniciar la indagatoria, el fiscal electoral fue despedido después de que afirmó haber recibido presiones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que lo exonerara en la investigación del desvío de recursos a la campaña presidencial.
Santiago Nieto fue cesado del gobierno de Peña Nieto, pero volvería a aparecer de nuevo en escena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A finales de 2018, el eterno candidato opositor se convirtió en presidente con la promesa de desterrar la corrupción. El gobierno cambió de partido y se puso en marcha una Fiscalía independiente, pero la impunidad continuó.
Nuevo gobierno, nueva estrategia
La llegada de AMLO a la presidencia supuso un cambio en la estrategia de Lozoya. Si durante el gobierno de Peña las instancias judiciales fueron omisas y lentas para evitar fincar cargos contra él, ahora el exdirector de Pemex decidió huir a Europa. Con una ficha de la Interpol, fue detenido en Málaga, España, en febrero de 2020 y extraditado cinco meses después.
“Al haber estado prófugo había elementos suficientes para que el juez considerara que podría sustraerse de la justicia (…) era muy sencillo haber solicitado de origen la orden de aprehensión”, afirma en entrevista Santiago Nieto, quien reapareció en la administración obradorista como director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cargó que ocupó hasta hace unos meses.
Al llegar a México, además de famoso paciente en el Hospital Ángeles del Pedregal, a Lozoya se le trató como testigo protegido de la FGR: prometió colaborar con la justicia para evidenciar a otros funcionarios beneficiados con los sobornos de Odebrecht a cambio de reducir su condena, y llevar su proceso en libertad acompañado del brazalete electrónico.
En la búsqueda de una condena más favorable, Lozoya presentó en agosto de 2020 una denuncia de 63 páginas ante la Fiscalía. El exdirector de Pemex denunció que los pagos de Odebrecht fueron destinados para financiar la campaña de Peña Nieto y pagar sobornos a legisladores que aprobaron la reforma energética, y mencionó el involucramiento de funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña.
Lozoya lanzó una cascada de acusaciones en contra de más de 15 políticos, que incluyen a candidatos presidenciales, legisladores y tres expresidentes, como Enrique Peña Nieto, su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, aunque todos los implicados y la defensa de los exdirectivos de Odebrecht niegan las acusaciones.
Como parte del pacto con la Fiscalía, Lozoya se describe a sí mismo como la víctima de un sistema orquestado desde lo más alto del poder, donde sus superiores le ordenaron recibir los sobornos que fueron después repartidos entre la campaña presidencial y los legisladores que aprobaron la reforma energética.
Durante meses la Fiscalía se embarcó en corroborar los dichos de Lozoya, pero la impunidad continuó y hasta la fecha solo han conseguido procesar al exsenador panista Jorge Luis Lavalle, desde hace un año preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
“La verdad es que fue un trato preferencial el que recibió Lozoya durante los primeros años (del gobierno de AMLO), hasta que cometió el error de exhibirse públicamente”, dice Santiago Nieto.
Desde su extradición a México, el colaborador clave de la Fiscalía se mantuvo intocable hasta la noche del sábado 9 de octubre de 2021, cuando fue fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza en un restaurante en las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de la capital.
Acompañado de amigos, bebiendo y comiendo el famoso pato pekín del Hunan, Lozoya aparecía relajado, con la actitud confiada de alguien que sabe que la suerte está de su lado. En cuestión de minutos, las imágenes se esparcieron en las redes sociales. Las polémicas fotografías impactaron al caso y unas semanas después de su publicación, la Fiscalía ordenó su encarcelamiento mientras se resuelve el proceso judicial.
En su denuncia de 63 páginas, Lozoya había acusado a la propia Mendoza de haber recibido beneficios ilegales mediante el obsequio de un bolso Chanel ordenado por el entonces secretario Luis Videgaray. Mendoza negó las acusaciones y demandó a Lozoya por difamación y daño moral; ganó el proceso legal en mayo pasado.
Ahora que está en la cárcel, su defensa persigue desde hace meses que le otorguen el “criterio de oportunidad” para seguir colaborando con la justicia, ser un testigo protegido y rebajar su condena.
“Para Lozoya no hay manera de que aplique un criterio de oportunidad. Están haciendo una interpretación muy laxa y conveniente (…) No aplica para una persona que durante años estuvo traficando influencias y sobornos para desviar millones”, opina Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero.
Los expertos han criticado el hecho de que el fiscal Gertz Manero haya otorgado estos privilegios especiales a Lozoya al concederle el estatus de testigo protegido, evitar en un inicio que pisara la cárcel y no presionarlo para que muestre las pruebas de todas sus acusaciones que hizo ya hace casi dos años.
En uno de los más recientes capítulos de esta telenovela, se filtraron a la prensa diversos audios donde se escucha a Gertz Manero hablar con el padre de Emilio Lozoya dándole indicaciones de cómo debe llevar el proceso legal que se sigue contra su hijo. El fiscal parece dar al padre del acusado órdenes precisas que son cumplidas sin chistar.
¿Por qué no ha habido avances?, se pregunta el investigador Luis Ángel Martínez, de Ethos, laboratorio de políticas públicas. “Realmente no hay voluntad política y la Fiscalía ha demostrado ser increíblemente ineficiente y con un desconocimiento total del nuevo sistema penal. La voluntad política del fiscal importa nada más cuando se siente vulnerado en temas personales”.
Martínez hace referencia al polémico caso donde Gertz, como fiscal de la república, usó el poder de la FGR para apresar y mantener en la cárcel a familiares políticos a quienes acusa de haber provocado la muerte de su hermano.
Para el especialista en políticas anticorrupción, la transformación de la Procuraduría a la Fiscalía no trajo consigo ningún cambio, “tenemos una Fiscalía que sigue siendo una gran aliada del presidente”.
AMLO ha defendido la actuación de Gertz Manero en éste y en otros casos controvertidos donde se ha cuestionado la ética del fiscal. El presidente ha dicho que no tiene intención de solicitar su remoción, pues Gertz “no ha cometido delitos graves”.
Más sobornos al descubierto
De todos los pagos confesados por Odebrecht cuando se declaró culpable en Estados Unidos a fines de 2016, México resultó ser el país con el menor monto de sobornos entregados a funcionarios en América Latina, según se deduce de las declaraciones ofrecidas por los directivos brasileños.
En los hechos, las investigaciones periodísticas revelan que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los ejecutivos de Odebrecht cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas.
Documentos obtenidos por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas revelan que Odebrecht incurrió en sobornos mucho antes de que comenzara a corromper a Lozoya. En los registros secretos de Drousys quedaron anotadas 22 transacciones realizadas en 2011 por un total de 8.6 millones de dólares, vinculadas a la construcción de una presa en el estado de Michoacán.
El contrato para la construcción de la presa fue asignado en 2006 a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de AMLO. Cárdenas no atendió las peticiones de entrevista enviadas para este reportaje.
Los pagos ilegales en Michoacán fueron canalizados a personajes bajo los codinomes o alias de “Océano”, “Xavier”, “Xavier 2” y “Meninos”, como solía hacerlo la contabilidad secreta de Odebrecht. Hasta ahora no hay indicios de que la Fiscalía General haya iniciado una investigación para esclarecer quiénes fueron los beneficiarios de los pagos.
Los estados de cuenta bancarios obtenidos por Quinto Elemento Lab y sus aliados permitieron descubrir otros pagos adicionales, equivalentes a 3.9 millones de dólares y que fueron entregados a firmas fachada en Veracruz.
Una empresa supuestamente creada por un estudiante de 19 años y un operador de maquinaria pesada en Tuxpan recibió 1.8 millones de dólares de una compañía offshore de Odebrecht en Panamá llamada Constructora Internacional del Sur.
Otra empresa offshore de Odebrecht, Innovation Research Engineering and Development Ltd transfirió 2.1 millones de dólares a una compañía veracruzana que tiene como accionistas a un vendedor de seguros y a un despachador de gasolina.
Hasta ahora la Fiscalía no ha procesado a ningún exfuncionario beneficiado por estos pagos ilegales a las campañas de Tamaulipas y Veracruz, y los vinculados con la construcción de una presa en Michoacán.
Las autoridades nunca buscaron a Carlos Armando Guedes Paschoal, exdirector de Odebrecht en México entre 2006 y 2008, pese a que los indicios evidencian que los pagos ilegales comenzaron a fluir desde el 2006 y tampoco preguntaron a los ejecutivos de la constructora sobre los beneficiarios de los sobornos detectados en ese lapso.
“No conocemos el tamaño de la red, no conocemos quiénes son los implicados. El objetivo del proceso penal es esclarecer los hechos y llegar a una verdad, y aquí no estamos ni esclareciendo hechos ni llegando a una verdad. A cinco años, no tenemos ni la más remota idea de qué pasó”, afirma el investigador de México Evalúa, Enrique Bouchot.
Opacidad, sello de la casa
A la cadena de fallas y tropiezos en las investigaciones lanzadas tanto por el gobierno de Peña como de AMLO, se suma la falta de transparencia con la que se conduce el caso.
Mientras en otros países los testimonios, las grabaciones, pruebas y documentos aportados por testigos se hicieron públicos, en México la Fiscalía se esfuerza en mantener bajo sigilo los avances y las razones por las que no ha conseguido una sola sentencia.
Durante tres años la Fiscalía se negó a acatar las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que le instruía publicar las diligencias y los registros contenidos en el expediente. Según las leyes mexicanas, deben ser públicos por tratarse de un caso donde se investigan delitos relacionados con actos de corrupción.
Apenas en enero pasado la FGR publicó los primeros tomos del expediente contra Lozoya, tras acatar resoluciones del INAI a solicitudes de Quinto Elemento Lab. Aunque lo hizo censurando amplias partes de la carpeta de investigación, que consta de más de 81 mil páginas.
Para las investigadoras del centro de análisis Fundar, Anaid García y Sarahí Salvatierra, la ausencia de información en torno al caso impide conocer por qué ha tomado tanto tiempo la investigación, cuáles son las diligencias pendientes de realizar y por qué solo se ha procesado penalmente a un exfuncionario.
“La falta de información respecto al tiempo, avances o falta de sentencia levanta suspicacias respecto a la existencia y permanencia de malas prácticas en la administración de justicia, de las capacidades institucionales para investigar y sancionar hechos de corrupción y para hacer frente a los altos índices de impunidad que caracterizan a México”, precisan las investigadoras.
Al tiempo en que se escribe esta historia, Emilio Lozoya sigue siendo el único funcionario acusado de beneficiarse de los sobornos pagados por Odebrecht en México, mientras su defensa continúa con la negociación de un pago millonario a cambio de su liberación y exoneración.
Si bien no hay otros funcionarios y colegas que Lozoya haya logrado incriminar, el exdirector de Pemex sí logró otra cosa: embarrar a su familia en el escándalo de los sobornos. Su esposa Marielle Helene Eckes es investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha visto cómo sus propiedades fueron cateadas por la policía germana, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin fue acusada del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, y su madre Gilda Austin fue arrestada en Alemania cuando vacacionaba con sus nietos.
Las conversaciones siguen sin que hasta la fecha se conozca el camino que seguirá la Fiscalía: suspender los procesos penales en contra de Lozoya o buscar un juicio que le consiga una sentencia de hasta 46 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
A cinco años de iniciarse la pesquisa, la impunidad sobre el caso prevalece y pone en la mira el desempeño de la Fiscalía, enviando una peligrosa señal a otros que cometen actos de corrupción.
“Genera un mal precedente para futuros casos de corrupción pues manda un mensaje de impunidad y abre la puerta para que se sigan reproduciendo este tipo de prácticas”, remarca la especialista de Fundar, Sarahí Salvatierra.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Odebrecht” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela). Ilustración de portada: Miguel MenSal
