Aunque está casi lista desde diciembre de 2022, Morena ha ido retrasando su último trámite por lo que la oposición se queda sin tiempo para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

Este lunes 13 de febrero se reunieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación del Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, quienes hablaron sobre el Plan B de la reforma electoral, y después del encuentro, el legislador de Morena reconoció que no hay una fecha establecida para someter a votación el dictamen.

En días pasados, el propio Monreal se reunió con algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), donde indicó que ya no es posible modificar el dictamen, y explicó que solo resta subirlo al Pleno para que los senadores voten únicamente por la eliminación de la “cláusula de vida eterna” a partidos políticos.

Desde hace dos meses, la Cámara de Diputados envió la minuta para eliminar la llamada “cláusula de vida eterna”, a fin de no permitir la transferencia de votos entre partidos políticos, que forma parte del paquete de reformas en materia electoral.

Es decir, solo resta votar un solo artículo para enviar la reforma al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello su entrada en vigor.

Esta mañana recibí al secretario de Gobernación, @adan_augusto López. Conversamos sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, entre otros temas. Una plática respetuosa, con autonomía y franqueza. pic.twitter.com/TnLXU1kp1M

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 13, 2023

Por su parte, los partidos de oposición y el propio INE están esperando que la modificación a la norma electoral se haga oficial, pues solo así pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque está casi lista desde diciembre de 2022, Morena ha ido retrasando su último trámite, de modo que esta no ha podido ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y por esa razón, los opositores no pueden realizar trámites en contra de ella.

Luego del encuentro de este lunes con el titular de Segob, el líder de Morena en el Senado aseguró que no tratan de retrasar la aprobación del Plan B y dijo que probablemente el dictamensea enviado a comisiones esta semanay una vez que se tenga el dictamen, que éste pase al pleno para su aprobación, sin ofrecer fechas concretas para votar el único artículo pendiente.

“Ellos iban a respetar lo que el Congreso decidiera. Yo le comenté a él que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que, inmediatamente, después del dictamen se pueda someter a la aprobación del pleno”, señaló Monreal.

En cuanto al retraso que genera Morena para concluir el trámite de la reforma electoral, los partidos de oposición acusan la estrategia desde el gobierno federal para retrasar lo más posible su aprobación y reducir el tiempo para que se presenten recursos y amparos.

Los plazos fatales para la reforma electoral

El periodo ordinario del Congreso concluye el 30 de abril mientras que la Corte tendría solo hasta el 31 de mayo para recibir, analizar, votar y decidir si el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador viola, o no, la Constitución Política de México.

El proceso electoral federal 2023-2024 inicia en septiembre de este año y por mandato constitucional no se pueden aplicar cambios electorales dentro de los 90 días previos al arranque del proceso, es decir, ni la propia Corte podría revertir el Plan B antes del 1 de junio.

Así, los críticos de la reforma electoral, acusan que la intención es debilitar al árbitro electoral y dejar poco espacio legal para combatir jurídicamente la reforma electoral implementada a través de leyes secundarias.

Hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), a cargo del investigador, César Alejandro Giles Navarro.