Las familias mexicanas con pacientes que necesitan estos medicamentos recurren a una ardua labor de denuncia, trámites burocráticos y viajes al extranjero para importar productos derivados de la marihuana.
Apesar que desde hace dos años existe en el país un reglamento y una ley para el uso medicinal de la cannabis, en la realidad las familias mexicanas con pacientes que necesitan estos medicamentos recurren a una ardua labor de denuncia, trámites burocráticos y viajes al extranjero para importar productos derivados de la marihuana.
En una detallada narración de sus recorridos por consultorios públicos de salud, instancias oficiales y hasta oficinas consulares, la madre de familia, activista y coordinadora de “Familias y Retos Extraordinarios”, A.C., Margarita Sandra Garfias Hernández, compartió en una charla con asistentes al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM el nulo cumplimiento de las legislaciones sobre el uso medicinal de la cannabis, así como lo lento y contradictorio que es el proceso para lograr el uso regular de derivados medicinales de esa planta.
En un evento híbrido moderado por Imer Benjamín Flores Mendoza, investigador del IIJ, la activista señaló que en México “no tenemos medicamentos, solo recetas y médicos especialistas, pero los pacientes y sus familias seguimos siendo criminalizados”:
En el aula Guillermo Floris Magadant del IIJ, Garfias Hernández recordó que, en enero de 2021, el gobierno federal publicó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, una norma que, en teoría, permitiría el acceso legal a medicamentos derivados de cannabis para los pacientes que lo requieran.
Hoy, esos pacientes y sus familias siguen siendo las víctimas de un sistema que, obstáculo tras obstáculo, impide el ejercicio del derecho a la salud para quienes requieren de cannabis medicinal para tratamientos terapéuticos, destacó Garfias Hernández, una de las activistas pioneras en la materia que ya cumplió ocho años en esta lucha.
Ganadora en 2021 del Premio Nacional de Derechos Humanos, la luchadora social ha recorrido desde 2019 el camino del amparo, quejas, solicitudes de información y todo tipo de acciones que le permitan acceder a los medicamentos que mejoren la salud de su hijo Carlos Avilés Garfias, un joven con discapacidad múltiple y epilepsia refractaria.
Hasta hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha cumplido con los ordenamientos de tribunales que exigen se le entregue a Carlos los medicamentos que necesita para tratar su condición, señaló.
Al participar en la charla, el jurista Flores Mendoza consideró que persiste la falta de voluntad política para atender el tema, pese a la cantidad de contradicciones jurídicas que contiene. “Es un tema no resuelto y con una regresión”, consideró.
Dijo que en el país no se han establecido consumos mínimos y máximos de cannabinoides, y que solo existen cremas, ungüentos y suplementos alimenticios que no son medicamentos, muchos de los cuales se importan de otros países.
Además, el país carece de investigación suficiente sobre el uso medicinal de la cannabis, sus aplicaciones, dosis y cumplimiento de protocolos clínicos.
“La investigación va lenta, e incluso países que reconocieron el uso medicinal de la cannabis varios años después que México, hoy tienen una industria médica al respecto, como es el caso de Colombia, Perú, Argentina y Uruguay”, señaló.
Garfias Hernández comentó que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no le quieren entrar de lleno al tema.
Consideró que, para resolver el asunto, deberían coordinarse Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y todas las secretarías vinculadas.
Dijo que acceder a medicamentos en territorio nacional implica un trabajo intersecretarial, o sea, materializar los mecanismos necesarios para realizar los trámites debidos para comenzar a importar materia prima, desde las semillas, resinas, productos terminados de cannabis para poder producir aquí en México los medicamentos, y facilitar incluso los mecanismos de importación para los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos para uso personal.
Actualmente, dijo Garfias Hernández, unas 50 familias viajan a Colombia para importar medicamentos, lo que representa altos costos y violaciones al artículo cuatro constitucional, que garantiza el derecho a la salud, finalizó.
