La Red Nacional de Jornaleros pide a México que extienda la prestación social para los casi dos millones de migrantes nacionales mayores de 65 años que viven al norte del río Bravo.

Marta Salazar tiene más de 65 años y es una mexicana que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos como indocumentada. A los 40 años, con mucho esfuerzo, emigró desde Morelos para ofrecerles a sus hijos un mejor futuro y mantuvo a su familia desde lejos. Años después, un accidente laboral truncó sus planes. La falta de un contrato y empleos precarizados le impidieron tener una pensión. Más de 25 años limpiando casas y, sin embargo, no ha podido jubilarse en Estados Unidos. Ese es un caso pero hay miles, millones de ellos. Durante años el trabajo de personas como Marta Salazar ha servido para sostener la economía de ambos países: la estadounidense y la México con el envío de remesas. “Es sumamente triste que después de trabajar durante muchos años y contribuir a ambas economías no reciban una pensión en ninguno de los países”, señala María Marroquín, vocera de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).

La población de inmigrantes mexicanos que vive en Estados Unidos está envejeciendo y muchos no tienen una pensión adecuada o suficientes ahorros para mantenerse. Desde la red, que representa a más de 70 organizaciones migrantes en Estados Unidos, urgen al Gobierno mexicano a que implante la Pensión Bienestar para estas personas. Casi dos millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene más de 65 años y de estos, alrededor de medio millón son indocumentados. Sin posibilidad de trabajar y sin una pensión, todos estos adultos mayores han quedado atrapados en los márgenes de un sistema que los abandona a su suerte y se niega a darles más trabajo.

Los temporeros exigen al Gobierno de México que les pague la Pensión Bienestar, unos 300 dólares cada dos meses (6.000 pesos mexicanos al bimestre). “A la mayoría les preocupa dónde vivir porque no tienen casa y las rentas son muy altas. Como consecuencia, muchos llegan a vivir en sus carros”, apunta Ángela Zambrano, otra de las representantes de la organización. Este recurso, aseguran desde la red, podría ser una fuente de ingresos que les permita tener una vida un poco mejor. En total estas nuevas pensiones representarían unos 72 millones de pesos adicionales del presupuesto (unos 3,5 millones de dólares). “La igualdad de derechos y oportunidades debe prevalecer, y el Gobierno mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que no exista distinción por el lugar de residencia de sus ciudadanos”, agrega Marroquín.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido este miércoles que su Gobierno está “revisando el tema” y que se debe analizar el presupuesto para ver si es posible el pago de la pensión a los mexicanos en Estados Unidos. Según lo afirmado por la mandataria, el pago sería para unos cuatros millones de personas. Sheinbaum ha asegurado que sus paisanos en el país vecino son “héroes y heroínas” y que valora el arduo trabajo que realizan. La presidenta también destacó que se reforzará la red de consulados de México en el país vecino para dar una mejor atención a sus paisanos.

A medida que la población envejezca, el problema podría agudizarse más. Se estima que en Estados Unidos hay un total de cinco millones de mexicanos indocumentados de todas las edades que no son elegibles para recibir pagos de la Seguridad Social por no tener la ciudadanía o un permiso de residencia, a pesar de que hayan trabajado toda su vida en el país. Muchos otros trabajan en industrias donde las pensiones y los ahorros para la jubilación proporcionados por el empleador son escasos. Como resultado, muchos se ven obligados a seguir trabajando pasados los 65.

Desde NDLON señalan que el pago de la pensión es un derecho constitucional que estos trabajadores tienen por ser mexicanos. “Es una justa retribución y reconocimiento al esfuerzo que millones de nosotros hemos empeñado durante muchos años”, comenta Marroquín, representante de la red en Silicon Valley, California. “Nuestro trabajo es nuestro legado, la Pensión Bienestar es nuestro derecho”, dice una de las consignas que defiende este grupo. Las y los representantes de la red se reunirán los próximos días con legisladores en la Cámara de Diputados, el Senado y la Secretaría del Bienestar para lograr llegar a un acuerdo.

Actualmente los requisitos para acceder a la Pensión Bienestar en México exigen residir en el país, por lo que los migrantes no pueden acceder a este beneficio. Sin embargo, hace poco, una reforma de la Constitución incluyó los programas sociales en la Carta Magna, como un derecho inalienable. Entre ellos se encuentra la Pensión Bienestar para adultos mayores. Antes de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos calificarían para el programa nacional de seguridad social, sin embargo, la medida todavía no ha sido puesta en marcha. A tres meses del arranque del nuevo Gobierno, la Administración de Sheinbaum hereda la nueva encomienda.

La Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Illinois, en Chicago, realizaron un estudio reciente para analizar la situación en la que se encuentran estas personas. Encuestaron a 1.572 inmigrantes indocumentados de la tercera edad y encontraron que la gran mayoría ha tenido que seguir trabajando después de los 65 años. Solo el 24% ha conseguido retirarse. Del total, el 72% tiene alguna discapacidad que les impide trabajar y el 25% de ellos mencionó que la discapacidad se debió a un accidente, lesión o condición crónica relacionada con su trabajo.

En cuanto a las remesas, cerca del 96% llegan desde Estados Unidos y son una de las fuentes de ingreso más importantes para las familias mexicanas, sobre todo para las más vulnerables. Desde que se tiene registro de ellas, año con año, no han parado de crecer hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiación de la economía mexicana. Este año, durante el mes de octubre, se registraron remesas por 5.723 millones de dólares. La cifra tuvo un leve descenso del 1,6% respecto al mismo periodo del año pasado, sin embargo, el monto total sigue siendo sorprendente y oscila en el rango de los 5.000 millones de dólares mensuales.

“México debe hacer todo lo necesario para ayudar a los mexicanos mayores a conocer el programa y reunir los documentos necesarios para recibir los beneficios”, exigen desde la organización. La red fue fundada en julio de 2001 en Northridge, California, como una alianza de organizaciones comunitarias y centros de trabajadores dedicados a mejorar las vidas de los jornaleros en los Estados Unidos. Desde entonces, se ha consolidado como un organismo comprometido con la justicia social y los derechos laborales de los migrantes en Estados Unidos.