Las matanzas recientes han vuelto a centrar la atención en los altos índices de impunidad y la estrategia de seguridad del gobierno para combatir la violencia.

Por Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega

Cinco estudiantes de medicina fueron hallados muertos en un automóvil, sus cuerpos tenían signos de tortura.

Cuatro personas fueron asesinadas después de que unos hombres armados dispararon hacia una estética.

Once jóvenes fueron asesinados cuando unos criminales tirotearon una fiesta.

Estos ataques recientes —todos ocurridos el mes pasado— son los últimos de una serie de matanzas sucedidas en México que han vuelto a centrar la atención en los esfuerzos del gobierno por controlar la violencia que asola el país.

“Adondequiera que voltee usted, es un sobrino, un hermano, un amigo muerto”, dijo Angélica Zamudio Almanza, cuyo sobrino murió en el tiroteo de la fiesta de fin de año del domingo en Guanajuato, uno de los estados más violentos de México.

Sentía, dijo, “entre miedo, entre impotencia, coraje”.

En el preludio de unas elecciones presidenciales determinantes que se celebrarán el próximo año, la violencia se ha convertido en uno de los temas políticos más importantes del país, donde las encuestas revelan que la inseguridad es la principal inquietud de la población y el partido gobernante se enfrenta a la presión de mostrar avances en su combate contra los cárteles de la droga, que cada vez son más poderosos.

Las investigaciones preliminares ofrecen pocas pistas sobre si alguna nueva dinámica en el submundo criminal puede explicar la reciente serie de matanzas. Según los analistas, lo que está claro es que todos esos incidentes están impulsados por una constante que ningún líder mexicano ha abordado: la impunidad casi absoluta para los criminales.

Menos del cuatro por ciento de las investigaciones criminales se resuelven en México, según muestran los estudios, y alrededor del 92 por ciento de los delitos no se denunciaron en 2022.

“Son criminales envalentonados porque saben que la probabilidad de sufrir una sanción por lo que hicieron es de casi cero”, dijo Eduardo Guerrero, consultor de seguridad radicado en Ciudad de México. “Saben que pueden hacer lo que se les dé la gana, ese es el común denominador en todos los eventos”.

El dominio de los cárteles también ha estado en el centro de la atención de las autoridades estadounidenses, pues algunos políticos republicanos han amenazado con invadir México para combatir los grupos criminales y en Washington crece la preocupación de que los ataques de los grupos delictivos contra las comunidades aumenten el flujo migratorio en la frontera sur.

“Cuando se advierte un fracaso en la capacidad de los servicios de seguridad para proteger a los civiles, cuando no se trata solo de violencia entre cárteles, le tiene que importar a Estados Unidos”, afirmó Roberta Jacobson, exembajadora estadounidense en México. “De manera prioritaria, probablemente para este gobierno, porque impulsará la migración si la gente debe desplazarse”.

Entre octubre de 2022 y septiembre, una cantidad extraordinaria de familias mexicanas —casi 160.000— fueron encontradas cruzando de manera ilegal la frontera sur, cuatro veces más que el año anterior, según cifras del gobierno estadounidense. La afluencia, según los expertos en migración, fue impulsada en parte por los cárteles, que obligan a la gente a abandonar sus hogares con amenazas de reclutamiento, extorsión o muerte.

En algunas partes del país, el resentimiento de los mexicanos contra los líderes criminales ha alcanzado un punto inquietante.

Este mes, miembros de una comunidad agrícola del centro de México desataron su indignación contra unos hombres armados que intentaban extorsionarlos; persiguieron y mataron con machetes y rifles a 10 presuntos integrantes de una célula local del cártel La Familia Michoacana, de acuerdo con las autoridades.

Algunos usuarios en las redes sociales celebraron el incidente, que fue grabado en video parcialmente, como un triunfo de los ciudadanos de a pie sobre sus verdugos frente a un gobierno ausente.

Pero el enfrentamiento tuvo un costo.

A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió cientos de soldados a la zona, la búsqueda de venganza del cártel provocó que más de 100 familias huyeran de sus hogares por miedo, según los medios de comunicación locales.

López Obrador llegó a la presidencia en 2018 con la promesa de repensar el enfoque del país para la delincuencia e hizo hincapié en abordar la pobreza, que lleva a los jóvenes a unirse a los grupos criminales, en lugar de enfrentarse a los cárteles de manera agresiva en las calles.

La estrategia, que López Obrador denominó “abrazos, no balazos”, ha tenido cierto éxito, según los analistas. En los últimos cinco años, los homicidios han disminuido ligeramente y las encuestas muestran que los habitantes de las ciudades se sienten más seguros que con el presidente anterior.

“Nos dejaron hasta arriba lo de homicidios”, dijo López Obrador este mes, refiriéndose a sus predecesores. “Y ahí vamos bajando y va a seguir bajando”.

Sin embargo, el número de denuncias de extorsión y de personas desaparecidas ha aumentado desde 2018, y los asesinatos siguen estando cerca de los niveles más altos registrados.

El presidente también ha provocado indignación al sugerir, sin aportar pruebas, que las personas que han muerto en los ataques más conocidos estaban implicadas de algún modo en el narcotráfico.

Tres días después de que los estudiantes de medicina aparecieran muertos en Celaya, en el estado de Guanajuato, López Obrador declaró en su conferencia de prensa televisada a nivel nacional que los jóvenes fueron asesinados porque “le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”.

Autoridades locales afirmaron más tarde que la investigación reveló que el crimen no tenía nada que ver con una venta de drogas, y Fabiola Mateos Chavolla, madre de dos de las víctimas, arremetió contra el presidente por sus “crueles e irresponsables declaraciones” sobre sus hijos, y dijo que López Obrador “los responsabiliza de su muerte”.

Esta semana, días después del ataque a la fiesta, el presidente retomó la explicación del “consumo de droga”.

A Zamudio Almanza, cuyo sobrino, Galileo Almanza Lezama, de 26 años, fue abatido en el ataque, le enfureció el comentario de López Obrador.

“No le queda otra cosa qué decir ante su ineptitud más que victimizar”, dijo del presidente.

Las víctimas de los recientes estallidos de violencia fueron asesinadas por diferentes motivos, según sugieren las investigaciones preliminares: los estudiantes de medicina se cruzaron con delincuentes en un parque acuático; las personas en la estética estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado; los asistentes a la fiesta ofendieron a unos jóvenes dispuestos a matarlos en venganza.

La esposa de Juan Luis García Espitia, ingeniero de sonido asesinado el sábado mientras trabajaba para la banda que tocaba en la fiesta de Salvatierra, en Guanajuato, dijo que quería que los asesinos de su marido recibieran un castigo.

“No sé cómo decirles a mis hijas, si yo no tengo palabras ni siquiera para hablar”, dijo la madre de tres hijas, que solo dio su nombre de pila, Jazmín, por temor a represalias. “No sé como explicarles de que su papá ya no va a estar aquí”.

Y añadió: “No me van a regresar a mi marido, pero sí me gustaría que hubiera justicia”.