La justicia de Estados Unidos arma un caso contra un grupo de traficantes que transportaba droga en pequeños barcos por el Pacífico, con paradas en México y Centroamérica.
Un pequeño barco navega por el Pacífico con aparente normalidad. No está solo, detrás de él vienen decenas. Pero no atraca nunca en ninguna costa ni muelle para recargar suministros. Intenta pasar desapercibido a lo largo de todo el camino, desde las costas ecuatorianas de donde ha salido hasta algún punto en México o Centroamérica, al que pueda llegar sin llamar la atención. Para lograr semejante viaje sin una sola parada, cuenta con una red de embarcaciones, algunas pesqueras y otras semisumergibles, que lo abastecen en alta mar de combustible y alimentos. El barco busca evitar los focos porque trae más de una tonelada de cocaína.
La sentencia de extradición de la Audiencia Nacional de Madrid contra Carmen Mireya Alarcón, quien fue durante un tiempo la fugitiva más buscada del continente, pinta un retrato sobre cómo funcionan las redes que abastecen a los narcotraficantes en el mar para evadir a las autoridades.
La ecuatoriana Carmen Mireya Alarcón fue detenida en Barcelona en abril de 2021. La Señora, como la llamaban dentro de su grupo criminal, les aseguró a los policías que la arrestaban que se habían equivocado. “Yo ni tan siquiera vivo en España, fui a recoger a mi marido con el abogado”, les dijo Alarcón, como contó este periódico en ese momento. La mujer se había desplazado hasta esa ciudad para socorrer a su esposo, que había sido detenido en el aeropuerto de El Prat unos días antes. Ambos tenían órdenes de detención emitidas por el Distrito Sur de California. Se los buscaba por el delito de tráfico de drogas. Finalmente, fueron extraditados a Estados Unidos y enfrentan actualmente una causa judicial.
Alarcón era presuntamente una de las líderes de una red delictiva que abastecía en alta mar a barcos pesqueros que buscaban evadir las autoridades mientras trasladaban cocaína de las costas de Ecuador a México y Centroamérica, para luego moverla hacia Estados Unidos. Nacida en Manta, la detenida tenía la nacionalidad española también, por lo que usaba España como una especie de refugio temporal. En Ecuador, donde tenía sus negocios, estaba vinculada a una empresa dedicada supuestamente a la venta al por mayor y menor de productos pesqueros. La compañía, radicada en la provincia costera de Manabí, operó al menos durante una década.
Con algunas sospechas sobre lo que sucedía en alta mar, las autoridades estadounidenses abrieron una investigación en agosto de 2017 en busca de una organización criminal con una sede en México y otra en Ecuador y que traficaba drogas hacia EE UU. La pesquisa los llevó a descubrir varias “redes de propietarios y capitanes de embarcaciones de pesca comercial” originarios de la ciudad ecuatoriana de Manta, que utilizaban sus barcos para “reabastecer de combustible a un gran número de embarcaciones cargadas con droga”, de acuerdo a lo que alegó la justicia de California ante la Audiencia Nacional. Entre los dueños de estos barcos estaban Alarcón y su marido, Pedro Cornelio Pilligua Iduarte.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos interceptó en 2020 las llamadas de este grupo de presuntos criminales, que empleaban unos teléfonos satelitales Iridium para evitar ser rastreados. La acusación formal de Estados Unidos contra la mujer es por supuestamente haber usado una embarcación de pesca registrada a su nombre, controlada por ella para reabastecer múltiples barcos cargados de drogas. De acuerdo con el documento, no actuó sola, sino que trabajó a la par de otros capitanes para “coordinar el transporte de grandes cantidades de cocaína de Colombia y Ecuador a las costas de México y otros países sudamericanos”.
Entre las pruebas aportadas se encuentran las transcripciones de las llamadas entre los criminales. Un ejemplo es el del 31 de mayo de 2020. Ese día, la Guardia Costera estadounidense interceptó dos embarcaciones a 500 kilómetros de la costa de Guerrero, en México. En las dos barcas, en las que había en total cinco personas, encontró unos 709 kilos de cocaína y unas tarjetas laminadas que detallaban la ubicación de los puntos en alta mar donde debían parar a cargar combustible, junto a los números de teléfono de Iridium de cinco barcos pesqueros con los que comunicarse si necesitaban suministros. Uno de ellos correspondía al de Alarcón.
Al revisar el histórico de las llamadas de Alarcón, las autoridades encontraron que la mujer había actuado como “coordinadora en tierra” los días previos a la detención. El papel de la mujer era informar a capitanes de otros barcos que también llevaban drogas las coordenadas para encontrar en medio del océano a una barca que le pudiera abastecer con combustible y alimentos. Otra pista llegó en agosto de 2020, cuando la Guardia Costera dio con un barco que tenía 2.400 kilos de cocaína escondidos debajo de una cubierta especialmente diseñada para tal fin. Allí encontraron que la barca había tenido durante su viaje contacto con el teléfono de Alarcón, que les había estado suministrando provisiones en el camino.
Las comunicaciones apuntan además a que la mujer coordinó la partida del barco cargado con drogas y los puntos donde repostaba combustible. “Buenos días, ¿pasó ya esa por tu ubicación”, le pregunta Alarcón a otra persona por mensaje. “Negativo. El tío llamó anoche y dijo que esta pasaría cerca del María [como llaman al barco abastecedor] en tres días. Averigua y me avisas”, le responden del otro lado. A las pocas horas, la mujer tiene otra comunicación en la que dice que la nave no ha llegado aún “porque hay vientos fuertes”. Y alguien le comenta del otro lado que no tienen “mucha comida ni diésel”. “Debe llegar hoy. Borra los mensajes”, concluye Alarcón.
Una vez en la mira de las autoridades, la policía ecuatoriana siguió a Alarcón hasta una reunión en un restaurante en Manta con sus socios de los barcos. Allí fueron fotografiados por las fuerzas de seguridad. En la red estaban involucrados empresarios pesqueros de Ecuador, marinos y hasta un grupo de colombianos que llevaban la droga desde los laboratorios de las zonas rurales del Cauca y Nariño, en Colombia, hasta la costa del Pacífico en ese país y en Ecuador. En junio de 2022, Colombia autorizó la extradición a Estados Unidos de Alejandro Estupiñán Alzate, para ser juzgado por 10 cargos de narcotráfico por supuestamente haber movido cocaína desde esos laboratorios en el suroeste colombiano hasta los puntos de partida de las rutas en el Pacífico.
Las detenciones, sin embargo, no frenaron los trasiegos en esa zona, ni siquiera paralizaron el modus operandi. Las autoridades han continuado deteniendo o hallando barcas que movilizan drogas desde Sudamérica hasta México o Centroamérica. En lo que va de este año, la Fiscalía General de la República en México ha informado de tres operativos vinculados a barcos que trasladaban cocaína por la costa mexicana, dos de ellos en Michoacán y uno en Chiapas. De los 13 detenidos que hubo, ocho eran ciudadanos ecuatorianos.
No es la única vinculación del narco que se ha hecho pública hasta el momento. A finales del año pasado, Ecuador vivió unas jornadas de violencia ejercida por organizaciones criminales que operaban en alianza con los carteles mexicanos, principalmente el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa. Estas dos bandas, que se disputan desde hace años las plazas de comercialización de la droga en México, dejaron hace tiempo de ser organizaciones nacionales para extenderse por otros países. Ahora tienen una parte importante de sus operaciones en Sudamérica, y Ecuador se ha convertido en uno de los principales corredores de droga proveniente de Colombia y con destino Europa, Estados Unidos y Centroamérica.
