La Fiscalía va ahora tras más exfuncionarios por un fraude de 50 millones de pesos con el negocio de fertilizantes.

Los escándalos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) distan mucho de ser un asunto del pasado. La Administración de Claudia Sheinbaum ha intentado bajar el perfil de la paraestatal convirtiéndola en una oficina de Diconsa, pero los numerosos casos de desvío de recursos ocurridos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguen golpeando a la puerta del nuevo Gobierno. La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a un juez órdenes de aprehensión contra cuatro exfuncionarios de Segalmex y testaferros de empresas por un fraude en la compra de pesticidas por 50 millones pesos, según ha confirmado EL PAÍS con fuentes del Gobierno federal. Se trató de una compra simulada de plaguicidas, abonos y fertilizantes ocurrida en 2020, cuando el director de la paraestatal era Ignacio Ovalle, un amigo de López Obrador y en cuya gestión se ha descubierto un boquete multimillonario.

El negocio de los pesticidas fue otorgado a la compañía Soluservicios Globales NXK, S. A. de C. V. en abril de 2020. El monto fue de 49,9 millones de pesos. La adjudicación del contrato se hizo de manera directa -sin competencia entre proveedores- lo que no garantiza a las dependencias públicas encontrar las mejores condiciones de compra. Segalmex justificó la urgencia de no abrir un proceso de licitación pública con el argumento de “salvaguardar granos y semillas [así] como los productos básicos y de primera necesidad que se tienen en existencia en los centros de acopio”.

El caso fue documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano auditor del Gobierno, que señaló que no había evidencia de que la compañía vendedora haya entregado a Segalmex los productos pagados. Tanto la ASF como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en 2021 y 2022. La Administración de López Obrador había priorizado el reparto de pesticidas a productores del campo como parte del programa Fertilizantes para el Bienestar.

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz, ha solicitado a un juez órdenes de captura contra cuatro exfuncionarios de Segalmex, de acuerdo con las fuentes consultadas: Oliverio Pérez Santoyo, que fue gerente del Programa Precios de Garantía; Juan Rojas Fontes, exgerente de Control Presupuestal (ya encarcelado); Alejandro Kuri Olivera, exgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, y René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas. Este último ya está en prisión y es el directivo de más alto nivel procesado por los escándalos de corrupción en la paraestatal. Ovalle, que era el jefe de todos los exfuncionarios señalados en la época de los desvíos, no ha sido investigado por la Fiscalía. López Obrador solo lo apartó de la dirección de Segalmex y lo asignó en una dependencia de bajo perfil, donde estuvo hasta que terminó el sexenio.

La empresa investigada, Soluservicios Globales NXK, pertenece a una red de compañías factureras —esto es, que simulan operaciones y que sirven para evadir impuestos y blanquear recursos— revelada en su momento por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Otras empresas de esa red obtuvieron más contratos y también defraudaron a Segalmex, según documentó la Auditoría Superior. Por ejemplo, Fruverloz, S. A. de C. V. fue contratada para surtir 65 millones de costales de polipropileno; la paraestatal cubrió el total del contrato, pero el proveedor no entregó ni la mitad del producto acordado. La ASF denunció ante la Fiscalía que el incumplimiento del contrato implicó un daño al erario de 182,1 millones de pesos. Otra compañía involucrada es Profesional Bright XRW, S. A. de C. V., contratada para la adquisición de 300.000 tarimas; Segalmex pagó la totalidad del pedido, pero no recibió un tercio del embarque, lo que implicó una pérdida de 67,2 millones de pesos.

Las fuentes del Gobierno federal han referido que los exfuncionarios Rojas Fontes, Kuri Olivera, Pérez Santoyo y Gavira aparecen en otra denuncia presentada por Segalmex, por un contrato adjudicado en agosto de 2019 a Inmobiliaria Terbix, S. A. de C. V. por 70 millones de pesos (81 millones con impuestos). El contrato, suscrito por Gavira y Kuri, era por el servicio de conservación y mantenimiento de los almacenes del Programa Precios de Garantía. El objetivo principal era acondicionar una bodega en Zacatecas para convertirla en la sede principal de Segalmex. El contrato, como muchos de los que otorgó la paraestatal, no se cumplió a cabalidad. La Fiscalía ha documentado que Segalmex hizo al menos dos depósitos a las cuentas de Terbix por 41 millones de pesos en 2019.

Gavira está en prisión en el Reclusorio Norte desde diciembre de 2023, cuando se entregó a la FGR. Es acusado de los delitos de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y blanqueo de capitales. Dado que fungió como titular de la Unidad de Administración y Finanzas, su firma aparece en decenas de contratos, muchos de los cuales son ahora indagados por la Fiscalía. Una de las primeras alertas del mal uso de los recursos de Segalmex saltó cuando el exfuncionario tomó dinero público para invertirlo en bonos de riesgo. Luego vinieron más denuncias en su contra: una por la compra simulada de varias toneladas de azúcar, y otra por la pérdida de leche entregada a empresas que debían procesarla en crema y polvo. Junto a Gavira, han sido detenidos exfuncionarios menores y testaferros de varias compañías.

Cayeron Gavira y varios colegas suyos, pero Ovalle se mantuvo al frente de Segalmex hasta abril de 2022. Cuando su permanencia se volvió insostenible, López Obrador designó en su lugar a Leonel Cota, que se dedicó a documentar los desvíos y cerrar, en la medida de lo posible, la sangría de recursos. El expresidente ha reconocido que la corrupción en Segalmex, la tienda creada en su Gobierno para abastecer a los más pobres, ha dejado “una mancha” en su Administración. La Auditoría Superior ha denunciado la pérdida de al menos 2.577 millones de pesos en el sexenio pasado.

Sheinbaum ha decidido fusionar a la paraestatal con Diconsa, que era, junto a Liconsa, una de las dos filiales de Segalmex. En los hechos, a esta última se le han quitado las facultades de compra y venta y se la ha convertido en una reducida área técnica que no maneja recursos. La decisión de Sheinbaum de acotar a Segalmex previene que al menos no haya nuevas fugas de dinero público en esa institución. Pero los casos de saqueo registrados en el pasado inmediato, en el corto periodo de vida de Segalmex en el obradorismo, no han quedado saldados y amenazan con seguir apareciendo.