La respuesta del gobierno de México al parlamento europeo se valió del principio de soberanía, pero traiciona una parte esencial de las promesas que lo llevaron al triunfo en 2018.
El concepto de soberanía en México goza de una tradición especial en su historia política, no sólo como una idea asociada a la libertad y a la independencia, sino también principio de no intervencionismo impulsado por los gobiernos del PRI durante el siglo XX. A lo largo de los años, sin embargo, el concepto de soberanía ha cambiado, principalmente con la apertura democrática que vivió el país a finales de la década de 1980 y el compromiso de México con la agenda global contemporánea.
Durante los últimos treinta años, el Estado mexicano ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales con gobiernos y organismos internacionales que lo han convertido en un referente en el ámbito internacional. Desde entonces, ha existido una tensión simultánea entre los atavismos del pasado y un mundo cada vez más globalizado. La ciudadanía mexicana ha alimentado procesos de profundo cambio y modernización en lo económico y jurídico, si bien menos en las esferas sociales y políticas.
En cada tratado aprobado y ratificado por el Estado mexicano, el concepto tradicional de soberanía se ha distanciado del imaginario colectivo y ha sido reinterpretado como uno que posiciona al país como un promotor de la cooperación entre naciones y que incluye el compromiso de asumir ciertas obligaciones hacia sus ciudadanos y socios comerciales. Estos acuerdos han abierto la cerrazón que llevó al país a negarse a someterse al escrutinio de sus pares o de organizaciones independientes.
Hoy, en la esfera pública, parece que el gobierno mexicano intenta volver a la visión aislacionista de la soberanía. Prefiere ser mero espectador en lugar de no actor en el mundo, bajo la condición recíproca de que ninguna nación u organización le señale deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito internacional.
Una clara muestra de este esfuerzo por promover la cooperación internacional es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Cabe recordar que este tratado entró en vigor durante la década de los noventa, cuando México se presentó ante el mundo como un ejemplo del potencial que representa no sólo la apertura de los mercados internacionales en el marco de los tratados de libre comercio —tales como el TLCAN, que prometía estimular el desarrollo económico y social— sino también como una nación que abrazaba los principios y valores democráticos de una sociedad moderna y plural. Esto fue, sin duda, un incentivo para establecer acuerdos con la recién creada Unión Europea.
Este acuerdo comercial entre México y Europa ha traído grandes beneficios. En el caso de México, no sólo le ha permitido diversificar sus relaciones comerciales con el mundo, sino también le ha brindado beneficios palpables en materia política y social. Un punto de la mayor trascendencia es la cláusula democrática o de derechos humanos:
Artículo 1 — El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.
La cláusula democrática revela el compromiso de los Estados con la sociedad civil y con la democracia. Además, dota de una mayor protección a los grupos vulnerables a través del reconocimiento de sus derechos humanos y de un trabajo más profundo en materia de políticas públicas.
Esta cláusula es obligatoria para todos los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea desde 1992, tratados que además deben tener un alcance general y no limitarse a cuestiones o sectores específicos. Históricamente, la cláusula ha sido una medida a través de la cual Europa se protege y evita mantener alianzas con socios no-democráticos. Hasta la fecha, la Unión Europea ha ejercido esta cláusula en diez ocasiones para denunciar, todas ellas por violaciones graves y sistemáticas —tales como golpes de Estado— y todas ellas en el ámbito de la cooperación con sus antiguas colonias de África, el Caribe y el Pacífico.
Frente a los acontecimientos recientes, parecen resurgir debates y resistencias del pasado autoritario mexicano. Vale la pena recordar que la firma del tratado con Europa enfrentó grandes obstáculos que llevaron a intensas negociaciones —entre ellas, la resistencia del gobierno mexicano contra la cláusula de derechos humanos— al grado que por un momento pareció que el tratado no se concretaría.
La situación no ha cambiado mucho desde entonces. Desde la publicación del tratado en 2000, México ha vivido una situación devastadora en materia de derechos humanos que ha sido denunciada constantemente por organismos nacionales e internacionales. Si bien algunos esfuerzos del Congreso han representado un avance significativo a nivel legislativo, es evidente que nuestro Estado ha sido en la mayoría de los casos incapaz de poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos.
Esta situación se debe a diversos actores estatales, al crimen organizado, a la pobreza, a la exclusión, al debilitamiento del estado de derecho y a la impunidad generalizada. Ninguno de estos factores era ajeno a la actual administración, la cual se presentó durante la campaña presidencial de 2018 como una opción diferente que se enfocaría en contrarrestar la violencia y las violaciones a los derechos.
Por ello, llamó mucho la atención la respuesta de la Presidencia de la República a los señalamientos del Parlamento Europeo respecto a la situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos en México. En dicha respuesta, el gobierno de México se valió del principio de soberanía como elemento central, alegando una actitud injerencista y golpista, eludiendo las obligaciones que el país ha asumido voluntariamente ante Europa y el mundo y traicionando una parte esencial de las promesas que le llevaron al triunfo en 2018.
Resulta preocupante que el gobierno de México no entienda ni se preocupe por atender la situación que vive el país. Como señala la declaración del Parlamento Europeo, México es el lugar más peligroso para los periodistas fuera de una zona de guerra oficial, con ocho periodistas asesinados sólo en lo que va del año. Desde diciembre de 2018, al menos 68 defensores de los derechos humanos han perdido la vida. Además, la desaparición de personas, la violencia de género y los feminicidios siguen aumentando en todo el país.
Ante la nula capacidad de contrarrestar la tendencia de violaciones a derechos humanos en todo el territorio nacional, los esfuerzos del gobierno tienden hoy a centrarse en el ocultamiento o la tergiversación de la información, en lugar de habilitar el diálogo y la cooperación con los aliados de México en el mundo, dejando de atender el contexto vigente bajo el marco internacional de derechos humanos.
Los riesgos de la falta de autocrítica del gobierno mexicano no son sólo internos, pues esta representa un factor que podría inhibir la renovación del tratado con la Unión Europea, cuyo texto está listo desde mediados de 2020. Recordemos que la cláusula democrática que contiene el acuerdo actualmente vigente le permite a la Unión Europea denunciar al tratado, dejando a México en una posición aún más vulnerable económicamente.
Si bien el impacto económico de la denuncia de la Union Europea por la violación sistemática de los derechos humanos en el país podría ser devastadora, lo que más preocupa es que mientras el gobierno se pelea con sus socios, la situación de los derechos humanos en México se agrava y siguen muriendo periodistas y defensores de los derechos humanos en todo el país.
