Las condiciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad son normalmente peor que las de sus pares hombres: extorsión, abuso sexual, penas más severas por los mismos delitos y más tiempo recluídas sin sentencia.

En México existen actualmente 220 420 personas privadas de la libertad, de las cuales 12 418 son mujeres. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Nacional y Estatales 2022, presentado recientemente por el INEGI, 52.9% de las mujeres —es decir: 6564— siguen a la espera de su juicio y están privadas de su libertad como medida cautelar. El 14.2% de las mujeres esperan más de veinticuatro meses para recibir su sentencia. Este dato es relevante porque la Constitución marca dos años como el límite en el que una persona puede ser privada de su libertad sin sentencia. Sin embargo, Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización no-gubernamental Documenta, ha declarado que dicho tiempo de espera se puede prolongar entre cinco y diez años. Este artículo busca retratar cómo es que el sistema penitenciario mexicano le ha fallado a las mujeres privadas de su libertad.

Un estudio elaborado por investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género  de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la falta de prisiones reservadas exclusivamente para mujeres ha llevado a que muchas de ellas cumplan su sentencia en prisiones mixtas donde son mucho más vulnerables, puesto que se ven expuestas a abuso sexual, prostitución y extorsión por parte de grupos delictivos recluidos en la sección varonil. De acuerdo con la investigación, el 65% de las reclusas se encuentra en cárceles mixtas. Esto se debe, explica la investigadora Lucía Núñez, al control informal al cual están sujetas las mujeres en todo el proceso, desde su detención hasta su estancia en prisión. Esta falla por parte del Estado ha expuesto a las mujeres privadas de la libertad a situaciones de violencia física y sexual. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8% de las mujeres privadas han sufrido algún tipo de agresión después de su detención;  el 15.5% algún tipo de agresión sexual; y el 4.8% violación sexual. 

Daniela Anciera, directora general y cofundadora de La Cana, un proyecto social que busca crear oportunidades para las mujeres privadas de la libertad, dió a conocer en una entrevista que en el penal Chiconautla en Ecatepec alrededor de 10% de las mujeres recluidas podrían salir por un promedio de $8000 pesos, ya que cometieron delitos menores. Sin embargo, debido a su situación económica previa, no les es posible pagar la fianza y deben quedarse en la cárcel; algunas inclusive sólo deben pagar una multa de $400. Anciera asegura que dicho patrón se reproduce en todas las cárceles del país pero afecta en mayor medida a las mujeres, debido a la violencia económica que muchas de ellas sufren y debido a que la mayoría tienen dependientes económicos, tales como hijas e hijos. 

Los informes de Documenta, organización civil que se centra en la promoción de los derechos humanos en el sistema de justicia, resaltan que la violencia no sólo se limita a agresiones a la persona de las mujeres privadas de la libertad, sino también a sus derechos, incluyendo su derecho a la salud. En un informe sobre la atención médica de las mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social de Tlalpan, Documenta ha retratado las injusticias de las cuales son víctimas las mujeres privadas de la libertad en dicho penal: desde la poca disponibilidad de las camas, seis en total para todas, hasta los pagos que deben realizar para poder ir a la Torre Médica de Tepepan para recibir atención médica. Después del parto, las mujeres y sus bebés son remitidas a pequeñas celdas, en ocasiones con otras cinco reclusas, donde cuentan con poca o ninguna ayuda para el cuidado de sus hijas e hijos. 

Si bien los hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad permanecen en las cárceles con sus madres, no existe información oficial sobre cuántos de los llamados “niños invisibles” existen realmente en las cárceles del país. Las reclusas ya no sólo tienen que trabajar para subsistir ellas mismas en los reclusorios, sino que deben ahora también velar por la vida de sus hijos e hijas. Muchas veces estas niñas y niños no cuentan con una alimentación correcta,  acceso a la educación y artículos básicos de higiene personal, además de que en la mayoría de los casos crecen en ambientes violentos que afectan su desarrollo. 

De acuerdo con la ENPOL, el 5.8% de las mujeres privadas de la libertad tienen hijas o hijos menores de doce años viviendo con ellas dentro del centro penitenciario y el 68.1% tiene dependientes económicos fuera de prisión. Este contexto no sólo pone a las mujeres en una posición de desventaja, por estar dentro de prisión, sino que incrementa las desigualdades económicas y sociales que enfrentan durante su tiempo en las cárceles y después de esta. 

Más de la mitad de las mujeres privadas de la libertad no tienen una sentencia que las declare como culpables de cometer un delito. Una parte de este problema es la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con un reportaje de Animal Político e Intersecta, las mujeres son las más afectadas por esta medida que fue ampliada en el 2019. El artículo señala que el 90.7% de las mujeres privadas de libertad en el 2020 no ha recibido una sentencia. Además, la mayoría se encuentran detenidas por delitos menores como el robo o la posesión de pequeñas cantidades de droga. Esta dinámica, además de incrementar la sobrepoblación en las prisiones, reduce la capacidad de los defensores públicos de atender cada caso: en promedio, en México un defensor público atiende 91 casos de manera simultánea; en estados como Jalisco, llegan a atender hasta 337 casos. 

Estas deficiencias también han sido señaladas por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zalvidar. Después de su visita al centro penitenciario femenino Santa Martha Acatitla, a principios de mayo de este año, el jurista anunció cinco medidas que pretenden mitigar la sobrepoblación de las cárceles; además, planteó implementar un modelo piloto en los estados de Oaxaca y Chiapas para determinar y mejorar la situación de las personas indígenas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, la mayoría de las cuales son mujeres pobres. Desde entonces, dos mujeres han sido liberadas por un convenio firmado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de Ciudad de México.

La asociación civil Reinserta señaló que las mujeres privadas de su libertad reciben en promedio una condena seis años más larga que los hombres por cometer el mismo delito, además de que su defensa en promedio cuesta 55 000 pesos más. En su diagnóstico la organización señala que tres cuartas partes de las mujeres encuestadas no tuvieron apoyo de su abogado defensor para contar con la asistencia necesaria a efecto de resguardar a sus hijos e hijas. 

Las mujeres privadas de su libertad han sido abandonadas en todos los ámbitos. No hay perspectiva de género en las detenciones; miles de mujeres se ven obligadas a permanecer en la cárcel por no poder pagar fianzas mínimas; y no existe la suficiente infraestructura para poder vivir un proceso digno dentro de la cárcel. Muchas son obligadas a estar en centros de reclusión mal llamados “mixtos”, en los cuales son víctimas de violencia sexual, extorsión y prostitución. Finalmente, después de concluir su proceso, muchas no cuentan con mejores oportunidades al salir, ya que la mayoría de las mujeres que son privadas de la libertad son pobres y cuentan con poca escolaridad. Al salir de prisión, se encuentran con mayores prejuicios y dificultades para encontrar trabajo.