La persecución contra Alex Saab, presunto operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma, ex funcionarios chavistas acusados de corrupción e intermediarias que operan en paraísos fiscales, también ligadas al régimen de Maduro. La siguiente es la historia de una trama desconocida en torno al envío de víveres a Venezuela.

Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a más de 1,200 millones de pesos, según consta en registros de comercio exterior.

Esa estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab –actualmente preso en Estados Unidos- y Samark López Bello.

En registros consultados por MCCI consta que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) habían intervenido en la compra de alimentos a diez empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como los CLAP.

Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Fue entonces que surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país sudamericano.

El pasado 6 de agosto, MCCI publicó que Marín Sanguino se había establecido en México y con su esposa creó tres empresas farmacéuticas y del petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual gobierno federal para abastecer 361 mil cubrebocas al IMSS.

Esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación a empresas y empresarios mexicanos que supuestamente formaban parte de “una red secreta” del régimen de Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero.

Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, realizado en junio de 2020, los envíos de alimentos de México a Venezuela se frenaron. En 2021, la red de intermediarias ya no tuvo ni una sola transacción comercial.

Intermediarias al servicio de fantasmas

Según la organización venezolana ArmandoInfo (que fue la que hace cuatro años reveló la trama de corrupción de las cajas CLAP) las empresas Mass Joy Industries Limited, Million Rise Industries y Shinning Capital International, afincadas en Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos del gobierno venezolano. Uno de los contratos benefició a Yussef Abou, ligado sentimentalmente a la vicepresidenta de Venezuela.

Las tres mencionadas compañías hongkonesas intervinieron en 2018 en supuestos envíos de alimentos con valor de 30 millones de dólares de B-Eminent Inc., empresa de Baja California que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado como “fantasma” o simuladora de operaciones.

A partir de 2019 surgieron más intermediarias entre México y Venezuela, hasta sumar más de una docena, entre ellas Gardfield Trading Limited de Hong Kong; Agrostar Supply Corp. de las Islas Vírgenes Británicas; La Jacinta y Verlimax SA, estas dos últimas de Uruguay.

En los registros consultados por MCCI consta que Agrostar Supply sirvió como intermediaria de Limari SA de CV, empresa de Naucalpan, Estado de México, que el SAT ha identificado como “fantasma” o facturera y que en 2019 documentó en aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares.

Mientras que La Jacinta, de Uruguay, fue utilizada por B-Eminent (también facturera) para operaciones a Venezuela por 1.4 millones de dólares en 2019, que supuestamente amparaban el envío de lácteos y atún, entre otros alimentos.

Value Orientated Services Vos SA de CV, establecida en Monterrey, reportó haber enviado a Venezuela alimentos por 28 millones de dólares, y el SAT reportó en 2019 que, en realidad, era una empresa que había simulado operaciones.

Empresas vinculadas

Esta red de importadoras no sólo sirvió para operaciones simuladas de “factureras”. También fue utilizada por otras empresas, como la Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV, cuyos accionistas han establecido sociedades de negocios con las venezolanas Patricia Mundarain y Mayerling Villanueva, ligadas a acusaciones de corrupción en su país de origen.

En 2019 se sumaron al envío de alimentos a Venezuela las empresas Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora de Granos del País, ambas vinculadas con IPEM y Abeto, con quienes han compartido socios, administradores y apoderados.

Entre 2019 y 2020, esas cuatro empresas relacionadas exportaron a Venezuela alimentos por 39 millones de dólares, según registros de operaciones en aduanas.

IPEM fue la empresa que ese periodo reportó el mayor monto de exportaciones a Venezuela, con más de 12 millones de dólares, a través de las importadoras Worldwide Food y Valor del Campo, de Panamá; Mass Joy, Jetsky Trading, Million Rise, Shinning Capital y Harrow Industries, de Hong Kong, así como B-Eminent Inc, de México, ésta última identificada por el SAT como facturera.

Un monto similar exportó Empacadora y Comercializadora de Granos del País, a través de Garfield Trading y Shinning Capital de Hong Kong y Megalco, de Venezuela.

En los reportes aduanales aparece que Semillas Veracruzana utilizó como intermediaria a Worldwide Food y a Agrostar Supply, mientras que Empacadora Abeto recurrió a Shinning Capital, Jetsky Trading, Internacional de Productos, Verlimax y La Jacinta, estas dos últimas de Uruguay.

En la lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de Alpacking, ubicada en el municipio de Apodaca, que envió lácteos a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong Kong.

Conexión en Panamá

Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) fue creada en abril de 2011 y tiene su domicilio en el municipio de Tres Valles, en Veracruz, en donde tiene una planta de producción de arroz. En su sitio en internet menciona que cuenta además con una procesadora de frijol en Fresnillo, Zacatecas; un centro de distribución en la Ciudad de México y una armadora de despensas en el puerto de Veracruz.

El director de IPEM es Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien tiene participación en al menos tres compañías creadas en Panamá entre 2017 y 2019: Integradora PANAM-México, Thalesis Holding Group y E.G.S. El Gigante de Sudamérica.

En esa última empresa está asociado con Patricia José Mundarain Guzmán, una ciudadana venezolana identificada por la prensa de su país como prófuga de la justicia, por estar implicada en un supuesto desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de empresas fantasma.

De acuerdo con publicaciones en medios venezolanos, que citan información del Ministerio Público, Servicios y Construcciones Amunsa C.A., de Mundarain Guzmán, es una de las empresas que recibieron contrataciones y habrían ofrecido supuestos servicios con sobreprecios.

Como parte de este esquema también se vincula a su hermana Leddys Mundarain, quien era Gerente de Contrataciones de la División Ayacucho, desde donde beneficiaba a empresas con contratos.

Vínculos con farmacéutica y petrolera en México

Iliana Sandoval Nieves, hermana del director de IPEM, también ha tenido vínculos de negocios con Mundarain, a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de este año recibió del Gobierno federal un contrato por adjudicación directa para abastecer de 361 mil cubrebocas al IMSS.

Neurova Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos creada en abril del 2020 en la Ciudad de México, en la que Mundarain ocupa el cargo de comisaria. Las accionistas de esa empresa son Iliana Sandoval Nieves y Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, un ex alcalde chavista con orden de aprehensión en su país. 

Marín Sanguino fue Alcalde de la ciudad portuaria de Guanta y huyó en 2017 de su país, en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera de Venezuela, que derivó en una orden de aprehensión girada en febrero del 2019. Fue además inhabilitado en 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años por malversación de fondos en su gestión como Alcalde. 

La esposa de este político venezonalo creó en 2020 otra empresa en la Ciudad de México: Geopetsa Servicios Petroleros, en la que su paisana Patricia Mundarain también aparece como directora general y secretaria del Consejo de Administración.

Facturas falsas y contratos oscuros de Segalmex

Empacadora Abeto es una empresa filial de IPEM, que desde 2017 exportó alimentos a Venezuela, y en la que también participan los hermanos Óscar Francisco y María Iliana Sandoval Nieves. 

En documentos oficiales de operaciones y de subsidios, reporta tener domicilios tanto en Fresnillo, Zacatecas, como en Iztapalapa, en Ciudad de México. 

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre apoyos de Sagarpa, correspondiente a la Cuenta Pública 2011, señala que Empacadora Abeto recibió subsidios por 13.8 millones de pesos y presentó 41 facturas electrónicas presuntamente falsas por la comercialización de miles de toneladas de frijol.

Empacadora y Comercializadora de Granos del País y Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana son otras dos empresas vinculadas a IPEM y a Abeto.

La primera fue creada en junio del 2000 en Fresnillo, Zacatecas, por los hermanos Sandoval Nieves, mientras que la segunda se estableció en enero de 2018 en Veracruz, y en las actas figura como accionista mayoritario y administrador único César Arturo Rojo Sandoval, quien en su perfil de Linkedin afirma ser el director de ventas de Empacadora Abeto.

Según consta en documentos oficiales, Rojo Sandoval había sido antes representante legal de Fruverloz, una empresa acusada por la ASF de un presunto desvío de fondos públicos por 35 millones de pesos, en un contrato firmado en 2019 con Segalmex.

MCCI reveló en un reportaje publicado el pasado 19 de julio que Fruverloz forma parte de una red operada por un “facturero” que entre 2019 y 2020 recibió casi 800 millones de pesos en contratos de Segalmex, durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio del año pasado entre acusaciones de corrupción.