México argumenta es que las 11 compañías demandadas colaboran y facilitan en el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, donde los grupos del crimen organizado son los que obtienen la mayor ventaja.
La masacre estudiantil de Uvalde en la que murieron 19 niños y dos profesoras fortalece, al menos en el debate público, la demanda que interpuso el Gobierno de México en Estados Unidos contra fabricantes de armas de ese país.
Si un tribunal de Massachusetts acepta la denuncia del país latinoamericano en contra de empresas como Smith & Wesson y Beretta USA, se abrirían las puertas para que otras naciones puedan litigar en contra de las compañías armamentistas más grandes del mundo, que tienen su sede en suelo estadounidense.
Para que esto suceda, el juez encargado del caso, F. Dennis Saylor, deberá aceptar la demanda de la Cancillería mexicana, que argumenta que buena parte de las armas que se venden sin control en Estados Unidos llegan a manos de los criminales mexicanos.
Mientras se espera una resolución final, la Administración de Joe Biden lucha por contener la violencia armada, que tan sólo en lo que va del año ha provocado 213 tiroteos masivos en diferentes partes de Estados Unidos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.
“[El debate que se ha abierto a raíz de la masacre en Texas] nos ayuda mucho porque hay muchos legisladores [estadounidenses] que llaman la atención a las armerías sobre sus actividades de mercadeo, a qué tiendas se distribuyen y las políticas internas para que personas con problemas mentales no las adquieran”, explicó Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), en entrevista con Milenio Televisión.
Además, advirtió que, en caso de que el Gobierno de López Obrador gane la demanda en contra los fabricantes estadounidenses, estas empresas “tendrían que comerciar sus productos de manera más responsable”.
Francisco de la Torre, cónsul general de México en Dallas, explicó en sus redes sociales que el tráfico ilegal de armas es uno de los grandes problemas bilaterales a los que se enfrentan las autoridades mexicanas y estadounidenses. “El 41% de las armas involucradas en delitos en México provienen de Texas”, recordó.
Detrás del enfoque en temas migratorios o de drogas, hay una realidad que cruza la frontera de norte a sur, un flujo constante de armas; el 70% del tráfico ilícito de armas a 🇲🇽 proviene de 🇺🇸. Mas aún, el 41% de las armas involucradas en delitos en México provienen de Texas. https://t.co/s48shn1vqW
— Francisco dela Torre (@fdelatg) May 29, 2022
¿México en verdad puede ganar el litigio?
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, resulta complicado que el equipo legal del Gobierno mexicano pueda utilizar como argumento el tiroteo en Texas, ya que lo que en realidad está demandando es el trasiego irregular de armas desde Estados Unidos a México, no la violencia interna por ataques armados.
“Es una litis [litigio] completamente diferente”, asegura en entrevista con Sputnik Héctor Pérez Rivera, abogado especializado en derechos humanos y certificado por el Institute for International Criminal Investigations (IICI).
Sin embargo, desde un aspecto menos técnico, el ataque en Uvalde sí podría abrir nuevos frentes de debate en la opinión pública estadounidense, lo cual, a su vez, podría convencer al juez F. Dennis Saylor de aceptar la demanda del Gobierno de López Obrador debido a la crisis de violencia por la que atraviesa Estados Unidos.
Unas 110 personas mueren cada día por disparos con armas de fuego en el país norteamericano, según cifras de Everytown for Gun Safety.
“El tiroteo en Uvalde, por sí solo, no cambiará muchas cosas. Sin embargo, la suma de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos [las constantes balaceras, la falta de controles en la venta de armas] pudiera empujar un poco [la demanda de México]”, observa Leticia Urbina, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Estudios México-Estados Unidos.
“Con el régimen actual [de López Obrador] se han roto muchos acuerdos tácitos que hubo en la época del expresidente Felipe Calderón, en los que un cargamento de armas que tenía que servir para aminorar la violencia en México, acabó en las manos de los narcotraficantes. La diplomacia actual ha hecho que México ya no esté tan atado a obedecer los mandatos norteamericanos”, reconoce Urbina.
Lo que México argumenta es que las 11 compañías demandadas colaboran y facilitan en el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, donde los grupos del crimen organizado son los que obtienen la mayor ventaja.
El Gobierno de López Obrador quiere convencer a las autoridades estadounidenses, mediante informes especializados, que 16.400 armas que han sido decomisadas en el país latinoamericano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts.
México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año, un hecho que deriva en la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en hasta 2%. El 68% de esas armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también están Glock Inc, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing.
