El drama de Alonzo comenzó en agosto de 2014, cuando fue secuestrada por una banda de traficantes que la encerró junto a otras mujeres en una casa privada, donde eran forzadas a trabajar.
El calvario que vivió la migrante indígena Juana Alonzo en una cárcel de México, donde pasó casi ocho años presa por un delito que no cometió, llegó a su fin con su liberación e inmediato regreso a Guatemala.
Detenida en 2014, cuando era solo una más entre los miles de centroamericanos que emprenden rumbo norte huyéndole a sus circunstancias, Alonzo recibió entre lágrimas su libertad el pasado sábado, y el domingo fue recibida por lo alto en su país.
De hecho, hasta el aeropuerto internacional de La Aurora llegó el mismísimo canciller de la República, Mario Búcaro, quien reivindicó el regreso de la campesina de la etnia maya-chuj como un logro institucional.
Sin embargo, varios representantes de los medios, la sociedad civil e incluso la familia de la víctima estiman que el jefe de la diplomacia guatemalteca “saluda con sombrero ajeno”, o sea, se atribuye un éxito que no le corresponde.
“Ha sido (el retorno) una lucha de la familia, porque las autoridades del país no nos apoyaron”, enfatizó, tajante, el hermano de Juana, Pedro Alonzo, entrevistado por el medio chapín “Con Criterio” a propósito de este dramático episodio.
Según Pedro, el regreso de su hermana ha sido una lucha de las organizaciones que ayudaron a la familia, que aún vive en la empobrecida localidad de San Mateo Ixtatán, donde rondan los mismos demonios que empujaron a “Juanita” al camino.
“Esperábamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ayudara en algo, pero no fue así”, recalcó el entrevistado.
Tortura y cohesión
El drama de Alonzo comenzó en agosto de 2014, cuando fue secuestrada por una banda de traficantes que la encerró junto a otras mujeres en una casa privada, donde eran forzadas a trabajar.
Según testimonios registrados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), dos de las mujeres secuestradas pudieron escapar y, al dar con las autoridades, acusaron a Alonzo de ser parte de la banda.
Así, cuando en noviembre de 2014 las autoridades del norteño estado de Tamaulipas realizaron la redada que desmanteló al grupo criminal, la guatemalteca también fue detenida bajo cargos de tráfico de personas.
La filial mexicana de Oacnudh constataría luego que a la migrante guatemalteca -que por entonces solamente hablaba el chuj, su idioma materno- le fue negado el derecho a un abogado o a defenderse, porque no entendía de qué la acusaban.
De hecho, en prisión fue amedrantada, golpeada y obligada a firmar una declaración en la que se auto-incriminaba, y que rubricó sin tener idea de lo que hacía. Luego de años encarcelada, cuando ya sabía algo de español, empezó a hacer oír su verdad.
En 2018, cuatro años después de dejar San Mateo Ixtatán, su familia supo el paradero de Juana, y comenzaron una lucha por su libertad, sin que a la Fiscalía de Tamaulipas le importara mucho enmendar su error.
A inicios de 2022, los familiares de Juana arrecieron su clamor, y colectivos solidarios se manifestaron frente a la Cancillería de Guatemala y la representación de México, y emprendieron una caminata hasta el vecino país para exigir justicia.
A su vez, Búcaro asegura que Alonzo tuvo acompañamiento consular en prisión desde un inicio, lo cual deja una duda: si así fue… ¿por qué entonces la familia demoró cuatro años en saber dónde estaba Juanita?
AMLO intercede
El pasado 19 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hizo eco del caso, y abogó por la liberación de la migrante guatemalteca.
“Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan (…) porque aceptaron que era una injusticia”, afirmó el también conocido como AMLO.
Pasaron solamente dos días, y el jefe de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, firmó la orden para liberar a Alonzo, quien viajó a Guatemala junto a Craig López, director jurídico de la referida institución.
En la propia terminal aérea de La Aurora, López reconoció que la migrante pasó estos años en prisión preventiva y afirmó que se investiga la posibilidad de que fuera torturada, para dar con “la verdad y castigar a los responsables”.
No obstante, uno de los familiares de la víctima no se anduvo con rodeos y ante los reporteros que acudieron al aeropuerto espetó: “¿Quién va a pagar por esa cicatriz que le dejó a Alonso siete años de prisión sin tener culpabilidad alguna?”
La organización Promotores de la Liberación Migrante valoró la libertad de Juanita, pero alertó que sigue pendiente sancionar a los responsables y garantizar una justa reparación para un caso que no es aislado.
“Yo injustamente estuve ocho años en la cárcel, pero gracias a Dios estoy viva”, se limitó a decir Juanita, quien fue recibida con fiesta en su San Mateo Ixtatán, un poco de balsámica alegría antes de volver a la precariedad de siempre.