La Defensoría Pública Federal consigue después de casi dos décadas que se cierre la fase de instrucción del juicio, pese a los obstáculos de la Fiscalía General de la República. El acusado es ya uno de los presos con más tiempo en prisión preventiva.

Por: BEATRIZ GUILLÉN / El País

Todo el mundo ha visto su cara. Los labios hinchados a golpes, la mirada baja. Vestido con un jersey verde y las manos amarradas en la espalda. Acompañado de una mujer pelirroja despeinada y confundida, tapada con una manta. Han pasado 18 años y seis meses desde que la detención televisada de Israel Vallarta y Florence Cassez destapara el fango del funcionamiento del sistema policial mexicano. Sin embargo, el destino de los dos protagonistas ha sido muy distinto. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la condena por secuestro de Cassez por las irregularidades de su proceso. En cambio, en todo este tiempo, Vallarta ni siquiera ha recibido una sentencia. Ahora, después de casi dos décadas, la Defensoría Pública Federal ha logrado que se cierre la fase de instrucción de su juicio, frente a los continuos obstáculos de la Fiscalía General de la República (FGR). Aquel rostro magullado se ha convertido ya en uno de los que más tiempo lleva en prisión esperando una sentencia.

Vallarta y Cassez fueron detenidos en la mañana del 8 de diciembre de 2005. Los policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), comandada entonces por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los tuvieron retenidos durante casi un día. Vallarta fue brutalmente torturado durante ese tiempo: asfixiado, quemado, destrozado a golpes. Después los utilizaron como piezas clave para el mayor montaje televisivo de la historia mexicana.

Dos noticieros emitieron en la madrugada del 9 de diciembre el asombroso operativo policial en el que se arrestaba en vivo a dos peligrosos secuestradores y se rescataba a tres rehenes de un rancho llamado Las Chinitas. Como aves en carroña, Televisa y TV Azteca retransmitieron durante horas los detalles de la operación: entrevistaron a Vallarta y Cassez —él sometido y agredido en directo, ella enojada y gritando su inocencia—, y a los rehenes. Un par de meses después cayó el telón. Nada de lo que se vio en televisión fue lo que realmente sucedió. Era una puesta en escena. Pero la mentira no sirvió para liberarlos.

Tuvieron que pasar siete años y un grave conflicto diplomático con Francia para que se excarcelara a Florence Cassez. La SCJN invalidó la condena a 60 años que le habían dado a la francesa por las violaciones cometidas: la policía no tenía orden de arresto, no llevó a los detenidos ante el ministerio público, no se respetó la presunción de inocencia. Todo formó parte de una “escenificación ajena a la realidad”. El ministro Arturo Zaldívar habló entonces del “efecto corruptor” del montaje televisivo, que ocupó todo e impidió que Cassez tuviera un juicio justo. Además, la ministra Olga Sánchez Cordero enumeró las inconsistencias entre las declaraciones de las tres víctimas que salieron aquella madrugada en Las Chinitas (Cristina Ríos, su hijo Christian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde) con los partes policíacos sobre la detención.

Las mismas vulneraciones había sufrido Israel Vallarta. También la tortura acreditada por Naciones Unidas. Eso lo sabían todos los que vieron aquella madrugada el show policialorquestado por García Luna —condenado hoy por delincuencia organizada en Estados Unidos— y Cárdenas Palomino —condenado hoy por haber torturado a Mario Vallarta—. También lo sabía el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fantaseó con otorgarle el indulto al llegar al Gobierno. Sin embargo, ni las violaciones a sus derechos ni la intención presidencial han servido para liberarlo, ni siquiera para permitirle seguir su proceso judicial fuera de la cárcel. Después de 18 años y medio, Israel Vallarta es todavía una presa de la FGR.

Seis secuestros y varios golpes de suerte

El secuestro era a principios de los 2000 el gran miedo mexicano. El temor se instaló entre las familias privilegiadas, pero también entre las clases medias y trabajadoras. Valeria Cheja, una estudiante de 18 años, fue raptada en agosto de 2005. Un par de meses después se llevaron a Cristina Ríos, su marido Raúl Ramírez y al hijo de 11 años de ambos, Christian. Los plagiarios soltaron al hombre para que reuniera el dinero y tuvieron durante semanas retenidos a la mujer y al niño. En ese mismo tiempo dijo haber sido secuestrado Ezequiel Elizalde, hijo del dueño de unos billares. Ellos son los primeros cinco crímenes que la antigua Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Israel Vallarta. Después se añadió también la acusación del empresario judío Shlomo Segal, quien había sido secuestrado en 2003.

Además, Vallarta está acusado de delincuencia organizada, de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y de portarlas sin licencia, explica su defensor Arturo Robles Feria. En estos 18 años, en los que la PGR se convirtió en FGR, cambiaron gobiernos y secretarios, la acusación contra Vallarta siguió intacta. A pesar de la tortura de la policía a acusados y testigos, de los cambios de declaraciones, de las contradicciones entre testimonios, de las pistas y sospechosos ignorados, la Fiscalía mantiene que él es el líder de una banda de secuestradores, llamada Los Zodíaco. A la que también pertenece, por ejemplo, su hermano Mario Vallarta, a quien detuvieron en 2012 y al que Cárdenas Palomino ordenó que recibiera descargas eléctricas para que revelara otros nombres del grupo. Mario también sigue todavía en prisión.

La carpeta del caso Vallarta tiene 45 tomos, más de 20.000 hojas. Su defensa, a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ha tenido que pelear durante dos décadas por sacar del expediente las pruebas que habían sido obtenidas bajo tortura o estaban corrompidas por el montaje policial. Otras de las evidencias se enmarcan en una especie de relato milagroso de los investigadores.

Por ejemplo, la AFI justificó la participación de Vallarta en el secuestro de Valeria Cheja de la siguiente manera: el parte policial afirma que dos agentes daban vueltas por el sur de Ciudad de México, junto con la joven recién liberada, para tratar de localizar un Volvo blanco —que era el vehículo que había participado meses antes en el secuestro de Valeria—. Un día, mientras circulaban por el Viaducto de Tlalpan, Cheja, que había estado tapada durante todo su cautiverio, logró identificar el perfil de Israel en un coche que iba adelante. Era un Volvo gris. Los agentes siguieron al vehículo y con ese golpe de suerte lograron ubicar, por primera vez, a Israel Vallarta.

En otro prodigio muy parecido, los investigadores consiguieron encontrar a final de diciembre de 2005 la vivienda donde habían estado secuestradas todas las víctimas de 2003 a 2005: Segal, Cheja, la familia Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde. En un recorrido por Xochimilco con este último, los agentes estacionaron para comer unos tacos, Elizalde dio una vuelta por la manzana y reconoció sin dudas la fachada donde él estuvo retenido antes de ser trasladado al rancho de Las Chinitas. Era Xochimilco 54, una casa que pertenecía a una expareja de Guadalupe Vallarta, la hermana de Israel. Allí fueron llevando a las víctimas para que reconocieran objetos: la losa blanca del suelo, el sofá o los cubiertos con el mango verde. Lo hicieron. Según los agentes, Shlomo Segal incluso encontró dentro un CD de un cantante israelí que le perteneció y que seguía allí tres años después, como recoge Jorge Volpi en su investigación Una novela criminal.

Una prueba principal para conectar todos los casos son las conversaciones entre los captores y las familias de los secuestrados, porque una agente federal identificó que era la misma voz del secuestrador para todos los crímenes: era la de Israel. Un dictamen pericial, de un foniatra forense, afirma que la voz de Vallarta no tiene ninguna semejanza con la de esas grabaciones. “Esta prueba es transcendental al momento de que este juzgador valore la culpabilidad, ya que desvirtúa la acusación formulada”, se lee en un análisis de la Secretaría de Gobernación, realizado en 2020, sobre el caso Vallarta.

Dos años solo para lograr el cierre del expediente

En la causa 100/2010, que corresponde al juez tercero de Procesos Penales Federales en Toluca (Estado de México), la tardanza y los muros han sido la regla. “Ofertamos al señor Pablo Reinah como testigo en 2016 y se logró su comparecencia en febrero de 2022. El señor Carlos Loret de Mola se ofreció en 2017 y él declaró en octubre de 2021″, explica el defensor de Vallarta, Arturo Robles Feria.

La obstaculización del caso ha llevado a la Fiscalía a tratar de impedir que se cierre el juicio. La dependencia ha presentado pruebas hasta 16 años después de la detención de Israel. En 2022, la Defensoría Pública tuvo que interponer un amparo de cierre de instrucción. Y la FGR también lo impugnó. Hace menos de un mes que un juez de distrito declaró infundado el recurso del ministerio público “al no encontrarse prueba pendiente de admitir o desahogarse”. “Solo lograr que se cierre la instrucción del caso para que se le pueda dictar sentencia ha tomado dos años”, explica Sofía de Robina, secretaria técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública Federal.

“Ahora ya estamos dentro del periodo de las conclusiones finales, que se tendrán que hacer por escrito”, señala Robles Feria. La Fiscalía tendrá hasta el 8 de julio para presentar sus alegatos y le seguirán 30 días de margen para que la defensa envíe los suyos. Después el juez pondrá fecha para la llamada audiencia de vista. Y, ya por último, se podrá dictar sentencia. Al ser un juicio tan largo y complejo, eso puede llevar “un tiempo considerable”. “Pero estamos en la recta final”, concluye el abogado, “después de 18 años conseguimos que se cierre el expediente”.

Los defensores achacan las dificultades que ha seguido poniendo la FGR a un caso que no iniciaron ellos, sino que heredaron de García Luna y Cárcenas Palomino, a las inercias que siguen en el ministerio público contra los acusados por delitos como el secuestro o delincuencia organizada. “Esta investigación no la hicieron ellos, pero la siguen sosteniendo. En una reunión que tuvimos en 2021, les dije que como Estado deberían de ponderar que Israel fue víctima de tortura por parte del Estado. Ellos contestaron que debía entender que había víctimas en este caso. Ellos ven al señor Vallarta como víctima de segunda, porque las víctimas de primera son las de secuestro”, relata el abogado.

La defensora Sofía de Robina, también es tajante: “Lo hemos dicho muchas veces, formalmente en los procesos y también en reuniones con la Secretaría de Gobernación de carácter más político: si la Fiscalía se desistiera, Israel sale libre mañana, no se necesitaría más. Si la Fiscalía asumiera que las pruebas con respecto a cuatro víctimas ya fueron analizadas por la Suprema Corte por las violaciones a derechos humanos [relacionados con el caso de Florence Cassez] y que sobre las otras dos son señalamientos sin fuerza vinculante, saldría. Pero no lo hacen, incluso frente a un montón de evidencias de la fabricación, porque de alguna forma sería asumir su error”.

Un “plazo razonable” en prisión sin sentencia

La otra gran lucha de la Defensoría Pública es que Israel Vallarta pueda seguir el proceso fuera de la cárcel. Todavía no lo han logrado. La Defensoría interpuso en 2023 un amparo indirecto para pedir el cese de la prisión preventiva después de casi dos décadas. Lo ganaron y ganaron también el intento de impugnación de la FGR, pero el caso volvió al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito, que este 22 de mayo enunció: “No hay lugar a decretar el cese de la medida cautelar de la prisión preventiva a la que está sujeto Israel Vallarta Cisneros al quedar evidenciado que ha sido razonable dicho plazo, al derivarse principalmente en el ejercicio de su derecho de defensa”. Vuelta a la casilla de salida.

En estos 18 años y medio se ha pronunciado el Comité contra la Tortura de la ONU, quien ha solicitado “que se determine y aplique sin demora medidas alternativas a la privación de libertad, como el arresto domiciliario, a fin de evitar que la salud del autor siga empeorando”. También el análisis de riesgos de la Guardia Nacional favorece su liberación. Incluso, la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio emitió un dictamen de que se tenía que cambiar la medida cautelar de Israel Vallarta. Además, por supuesto, de López Obrador, quien incluso ha identificado a Vallarta como uno de los posibles beneficiarios de la nueva reforma a la Ley de Amnistía, que le permite al presidente otorgar una liberación en caso de que de información sobre casos relevantes para el Estado.

“Ha habido varias batallas entre el propio presidente y su voluntad puesta así sobre la mesa —que no ha llevado a mucho—, la Fiscalía manteniendo esta acusación enraizada y de Poder Judicial que nos ha dejado un poco de ver”, valora Sofía de Robina, que considera que la justicia también le falló a la víctimas. “Después de 18 años es imposible tener las condiciones idóneas para estudiar un caso con esta complejidad, difícilmente vas a poder saber la verdad de muchos supuestos, porque el caso se fabricó. Ni a las personas detenidas ni a las víctimas les va a poder dar resultado, pero no por eso tienes que mantener a una persona en la cárcel sobre la que ya no tienes elementos para sostener la acusación”.