En auditorías realizadas en 2019 y 2020, el SAT descubrió operaciones simuladas de 6 empresas fantasma con el Gobierno de Chiapas, cuando el gobernador de ese estado era Velasco, actual senador del Partido Verde. A pesar del hallazgo de esos actos de corrupción, Morena formalizó este año una alianza con el Verde y ahora depende de ese partido para mantener la mayoría en el Congreso. El propio Velasco refrendó el pasado domingo –día de la elección- su disposición a respaldar desde el Legislativo el proyecto político de López Obrador. ¿Se negociará el perdón a los desvíos del gobierno de su aliado?
La actual administración federal identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del gobierno de Chiapas, cuando esa entidad fue gobernada por el actual senador por el Partido Verde, Manuel Velasco Coello, quien abiertamente ha declarado su respaldo al proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador
Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas “fantasma” o “factureras”, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las reporteras de MCCI visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad. Las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; en un caso, el domicilio es una casa con techo de lámina y en otro un baldío.
En representación de Velasco, el abogado José Luis Nassar dijo que el ex gobernador no podía saber todas las operaciones realizadas en su gobierno, porque él delegaba decisiones a integrantes de su gabinete. Por ello, se manifestó a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios responsables.
Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones legales. Por el contrario, en marzo de este año el partido oficial Morena formalizó una alianza electoral con el Partido Verde, del que es miembro prominente Velasco.
Esta alianza le redituó con creces al Partido Verde, que multiplicó por tres el número de posiciones en la Cámara de Diputados. Ahora ese partido es el aliado estratégico de Morena para mantener la mayoría en el Congreso.
El pasado 6 de junio, en plena jornada electoral, Velasco se manifestó a favor de que el Verde mantenga su alianza legislativa con Morena y de respaldo a López Obrador.
A pesar de que obtuvo sólo el 5.5% de votos se estima que el Verde tendrá alrededor de 43 curules, suficientes para inclinar la balanza en todas las votaciones. Esto se debe a que en el convenio de coalición de “Juntos Hacemos Historia” se pactó que de los 183 distritos uninominales en que el partido en el poder y el verde iban juntos, 50 eran para un integrante del PVEM si la coalición ganaba.
Este convenio se hizo en marzo de 2021, cuando la administración de López Obrador ya conocía el desvío de recursos en el gobierno de Velasco.
Coinciden desvíos con entrega de dinero a Pío
David León Romero, quien ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco, fue exhibido en videos en agosto del año pasado cuando entregaba bolsas con dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente, para supuestamente financiar la campaña a la presidencia.
Esos videos, difundidos por el sitio Latinus, fueron tomados por el propio David León en junio de 2015. La fecha de la entrega del dinero en bolsas se dio meses después de que iniciaron los desvíos en el gobierno de Velasco a empresas fantasma. Tan sólo en 2014, una sola empresa fantasma emitió más de 1500 facturas al Gobierno de Chiapas que amparaban pagos por 59 millones de pesos. Los montos se elevaron en los años siguientes.
David León colaboró como asesor de comunicación con el gobierno de Velasco en Chiapas, según atestiguaron periodistas, aunque él lo ha negado. Antes ya había trabajado con Velasco, entre marzo de 2011 y febrero de 2012, cuando el político chiapaneco había sido senador por primera ocasión.
En su currículum oficial, David León confirmó que trabajó para el Partido Verde entre marzo de 2011 y enero de 2013, primero como coordinador de comunicación y luego como coordinador de asesores en los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de diputados. En su cargo en el Senado coincidió con Velasco.
Cuando los videos se hicieron públicos en Latinus, León explicó desde su cuenta personal de twitter que su “manera de apoyar al Movimiento (de López Obrador), fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”. Nunca precisó el origen del dinero.
David León iba a ser nombrado en agosto de 2020 director de la empresa de distribución de medicamentos del Gobierno Federal, pero renunció antes de tomar posesión tras el escándalo de los videos en los que aparecía entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador.
MCCI contactó vía telefónica a David León, quien aseguró que él no trabajó como servidor público para gobierno de Chiapas, ni como asesor de Manuel Velasco, por lo que desconoce si se desviaron fondos a través de empresas fantasmas. No obstante, hay periodistas que han confirmado que cuando Velasco fue gobernador, era David León quien los contactaba a su nombre.
Respecto a su participación en los videos con Pío López Obrador, y el origen del dinero entregado para campañas, León dijo que no puede hablar ya que existe una carpeta de investigación abierta.
Los desvíos podrían superar los $1,185 millones
Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro son las empresas fantasmas que la actual administración federal descubrió que emitieron facturas falsas al gobierno de Velasco por más de 500 millones de pesos.
Este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras.
En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma reportados antes por la ASF y ahora por el SAT suman alrededor de 1,185 millones de pesos durante el gobierno de Velasco.
En su momento, la ex secretaria de Empoderamiento de la Mujer, Itzel de León, se deslindó de las anomalías reportadas por la ASF. No obstante, en los nuevos documentos del SAT obtenidos por MCCI consta que, efectivamente, esa dependencia fue utilizada para el presunto desvío de fondos.
Las empresas Grupo Asesor Odul y Operadora Zall le emitieron facturas en 2016 por 50.8 millones de pesos por servicios que el SAT ha determinado fueron inexistentes o simulados.
Los auditores del SAT realizaron una visita al domicilio fiscal de Grupo Asesor Odul en Cuernavaca, Morelos, y lo que encontraron fue una modesta propiedad con techo de lámina, según lo describieron en el reporte entregado a sus superiores. Esa empresa expidió facturas por 40 millones de pesos al Gobierno de Velasco.
Más transacciones
El pasado 6 de noviembre de 2020, la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT elaboró un reporte sobre Maquiladora Textil GM –otra de las empresas contratadas por Velasco-, en el que advirtió: “no cuenta ni contó con los activos, infraestructura, ni capacidad material directa e indirecta, así como con el personal necesario para realizar su actividad económica”.
Resoluciones similares fueron elaboradas en el transcurso de 2019 y 2020 sobre otras cinco empresas fantasmas que emitieron facturas al gobierno chiapaneco por conceptos tan diversos como ejecución de obra pública, venta de paquetes escolares, despensas, material didáctico, servicios de seguridad y hasta la contratación de cantantes. Tras una serie de auditorías, el SAT concluyó que las mencionadas compañías habían simulado esas operaciones.
El mayor monto corresponde a Operadora Zall, que facturó al gobierno chiapaneco 175 millones de pesos de febrero a diciembre de 2016. Los comprobantes fiscales no proporcionan detalles de qué fue lo que vendieron o los servicios que prestaron.
Entre las entidades gubernamentales a las que esa empresa emitió facturas están la Secretaría de Desarrollo y Participación, la Secretaría para el Empoderamiento de las Mujeres, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Secretaría de Seguridad y el Conalep Chiapas.
La empresa reportó su domicilio en una privada de la colonia San José Mayorazgo, en Puebla. El 15 de marzo de 2019, los auditores visitaron esa dirección y encontraron una casa vacía. Los vecinos reportaron no conocer a la empresa y afirmaron que la casa llevaba vacía más de dos años.
La segunda empresa fantasma con más contratos en Chiapas fue Maquiladora Textil GM, que en 2016 facturó servicios por 130 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo y Participación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Instituto Amanecer, una dependencia dedicada a la atención de adultos mayores.
Reportes del SAT refieren que esa empresa jamás presentó alguna declaración informativa de sueldos y salarios, declaraciones correspondientes a retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tampoco emitió comprobantes de nómina.
“Se ha detectado que este contribuyente emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, ni el personal, ni la capacidad para prestar los servicios o producir, comercializar y entregar los bienes que señalan en dichos comprobantes”, se lee en la resolución consultada por MCCI. Esta compañía fue disuelta el 8 de abril de 2019, se corroboró en el registro de la propiedad.
Aportan un lote como domicilio
La Universidad Politécnica de Chiapas firmó en octubre de 2015 dos contratos por 106 millones de pesos con Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección SA de CV, por la “adquisición de equipo y el servicio de instalación y operación para el análisis y procesamiento de grandes bases de datos”.
Pero la empresa era inexistente, según determinaron auditores que visitaron tanto el domicilio proporcionado en su documentación como en la dirección fiscal que aparecía en las facturas.
Uno de los domicilios correspondía a un lote en el que los auditores encontraron que estaba en construcción un conjunto de viviendas de interés social. Además, el SAT reportó que la empresa no había presentado su declaración anual de ingresos y tras una auditoría determinó que había simulado operaciones. El 2 de septiembre de 2019 la incluyó en su listado definitivo de empresas fantasma.
Miles de facturas de una empresa
Según la relación de cientos de facturas revisadas por MCCI, la Secretaría de Educación de Chiapas le pagó 55.3 millones de pesos a la empresa Factibilidad Empresarial de México en 2014 para proveer de supuesto material didáctico y de laboratorio a escuelas de preescolar y primaria.
Entre los productos que amparan las facturas están juegos robot Power Gigo, juegos de laboratorio de energía solar Gigo, juegos de electromagnetismo, tableros multifuncionales para desarrollo de habilidades y juegos de boliche de juguete.
Esta no fue la única dependencia que les dio contratos. La Secretaría de Finanzas de Chiapas pagó 118 mil pesos por concepto de contratación de cantantes para diversos eventos; el Instituto de Energías Renovables de ese mismo estado desembolsó 451 mil pesos por “servicios diversos” y el Instituto Amanecer, dedicado a la atención de adultos mayores, pagó 2.7 millones por supuestas despensas. Además, la empresa facturó 249 mil pesos en diversos servicios a Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, empresa transportista en la que el gobierno chiapaneco tiene participación.
En total, Factibilidad Empresarial de México emitió en 2014 más de 1,550 factura al gobierno de Chiapas que amparan pagos por más de 60 millones de pesos.
Factibilidad Empresarial fue constituida en Tuxtla Gutiérrez el 13 de abril de 2012 por dos socios que reportaron residir en las colonias populares Miravalle y Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez.
Las obras fantasma
En octubre de 2020 el SAT incluyó en su listado definitivo de empresas fantasma a la Constructora Jaguar Negro. La empresa, constituida en Coapilla, Chiapas, firmó 10 contratos con el gobierno chiapaneco, nueve de ellos por obra pública y todos fechados el 10 de agosto de 2018, en los últimos días del gobierno de Velasco. El monto total de lo contratado asciende a 55 millones de pesos.
Las obras se debieron realizar en las zonas ejidales de los municipios de Trinitaria, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Marqués de Comillas y Huixtán.
Según el acta constitutiva de la compañía, la constructora fue creada el 28 de enero de 2015, por una mujer que se identificó como comerciante y quien dijo residir en una zona popular de Tuxtla Gutiérrez.
Deslinda a Velasco su abogado
José Luis Nassar, abogado de Velasco, deslindó de responsabilidad al ex gobernador de Chiapas de las operaciones con empresas presuntamente fantasma. Aclaró que las decisiones de los contratos competen a los titulares de cada dependencia.
“Cuando una persona gana por elección popular la titularidad ejecutiva de un estado, pues es su obligación armar su gabinete. Cada dependencia cuenta con la propia autonomía presupuestaria (…) Entonces, es importante dividir las funciones y saber qué dependencias utilizaron los servicios y qué servicios, a efecto de poder llegar a la viabilidad de un verdadero servicio prestado, un verdadero servicio cobrado, independientemente del estatus fiscal que hoy en día guardan estas empresas”.
Recalcó que al entonces Gobernador no le habría alcanzado el tiempo para cumplir su encomienda como titular del poder Ejecutivo en Chiapas y a la vez ver cómo las distintas dependencias asignaban, pagaban y supervisaban cada uno de los contratos.
“(Velasco) es el más interesado en poder saber a detalle cada una de estas operaciones que se desprendieron de estas Secretarías y en donde aquí lo importante es saber de dónde vienen, en qué se utilizaron, cuál fue el servicio (contratado) y no necesariamente eso es dependiente o de conocimiento del titular del Ejecutivo”.
