Mario Aburto ha señalado, anteriormente, que sus derechos humanos no han sido respetados dentro del penal en donde se encuentra.
La Fiscalía General de la República de México (FGR) reabrirá el caso de Mario Aburto, acusado del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994, informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Durante la presentación del Tercer Informe de Labores del subsecretario de Derechos Humanos, Encinas Rodríguez confirmó que la semana pasada la FGR aceptó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso, el pasado 26 de octubre.
Con ello, el funcionario mexicano explicó que se reabrirá el caso y aseguró que han mantenido contacto con Aburto y sus familiares.
“Eso (la reapertura) tendrá que atenderlo la propia fiscalía, es competencia estricta de la fiscalía. Hemos mantenido contacto tanto con familiares como con el señor Aburto, hemos tenido entrevistas para ver su situación penitenciaria y la garantía de protección a sus derechos humanos, así como algunas de las solicitudes que ha planteado y están siendo atendidas”, aseveró.
#CNDH dirige #Recomendación a la @FGRMexico y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por actos de #Tortura contra una persona privada de su libertad en #CEFERESO de #Guanajuato.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/XDSXvMrpT4
— CNDH en México (@CNDH) October 26, 2021
Respecto a la solicitud de cambio de penal, Alejandro Encinas indicó que dicha situación “se define en función de las condiciones de riesgo a su integridad”, evaluación que corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Hasta el momento, la FGR no se ha pronunciado por la recomendación aceptada.
A finales de octubre, la CNDH emitió la recomendación 48VG/2021 a la FGR por “violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso”, en contra de Aburto, detenido el 23 de marzo de 1994.
La Comisión resaltó que recibió una queja del acusado en la que reitera que ha sufrido torturas desde que fue detenido, por lo que solicitó la reapertura del caso.
Sobre el caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en la conferencia matutina del 28 de octubre que, si los familiares tenían algo que decir, debían ser escuchados y, en caso de demostrar la tortura, sería protegido por el Estado.
“Si él estuviese dispuesto a contar su versión, se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar. Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos, y eso es un compromiso”, aseveró el mandatario.
