FGR descarta que Luis Videgaray sobornara a legisladores

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Según el expediente, no está acreditado que el dinero de los sobornos proviniera de partidas federales o estatales, gestionados por el exsecretario de Hacienda.


Las autoridades federales llegaron a esta conclusión como parte de la indagatoria que realiza la dependencia en contra del exsenador Jorge Luis Lavalle, quien habría sido uno de los legisladores que operaron en favor de la reforma energética, según las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Según el expediente al que tuvo acceso el diario Milenio Diario, no está acreditado que el dinero de los sobornos proviniera de partidas federales o estatales, gestionados por Videgaray Caso.

De acuerdo con la investigación, los sobornos con los cuales se habría cooptado a los legisladores mexicanos vendrían directamente de la constructora Odebrecht y fueron gestionados por Lozoya Austin, quien habría desviado los recursos a cuentas en las Islas Vírgenes.

Este dinero, según la hipótesis de la FGR, habría sido retirado en efectivo por órdenes de Luis Videgaray y del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para sobornar a Jorge Lavalle, a través del exsecretario de la Comisión de Administración del Senado de la República, Rafael Jesús Caraveo.

La investigación presume que Lavalle Maury habría recibido hasta 97 millones de pesos ( dólares) en sobornos para aprobar la reforma energética, entre 2013 y 2014, acción de la cual habrían sido testigos Caraveo, Fabila Tapia, exadministradora de Construcciones Industriales Tapia, y José Velasco, exjefe de ayudantes de Emilio Lozoya.

El exdirector de Pemex presentó como pruebas de sus acusaciones los testimonios de su exsecretario particular, Rodrigo Arteaga; del exjefe de Departamento de Pemex, Francisco Olascoaga, y del exintegrante del Estado Mayor Presidencial y si exjefe de escoltas, Norberto Gallardo.

Cabe aclarar que la FGR aún investiga a Peña Nieto y Videgaray Caso por los sobornos que habrían recibido de Odebrecht, aunque ya descartó que dichos exfuncionarios públicos usaron recursos públicos para cooptar a legisladores mexicanos.

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