Sectores conservadores capitalizan una profunda crisis de salud pública y apuestan por la satanización de México como estrategia para las elecciones de 2024.

Antes era el muro, hoy es el fentanilo. En medio de una profunda crisis de salud pública, el ala radical del Partido Republicano ha trasformado una droga sintética en la piedra angular de su estrategia con miras a las elecciones de 2024. Más barato, más letal y difícil de detectar, el fentanilo se ha afianzado como el nuevo protagonista de la guerra contra el narcotráfico y del pleito entre los sectores más conservadores de Estados Unidos y el Gobierno mexicano en las últimas semanas. Desde la perspectiva de trumpistas y políticos de línea dura, México es el culpable de la epidemia, el que no hace lo suficiente, el que protege y abraza a los carteles. Es la nueva piñata de la que buscan sacar tajada política. Del otro lado de la frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa quedarse con los brazos cruzados y no tiene reparo en ridiculizar y desmentir las acusaciones. Incluso, ha movilizado la mayor red consular del mundo para contraatacar y convencer a millones de votantes de que no voten por los candidatos que enarbolan un discurso antimexicano.

Como con Donald Trump y el muro fronterizo, liderazgos republicanos como Ron DeSantis, el gobernador de Florida y aspirante presidencial, han culpado a los inmigrantes de traficar drogas. “Tenemos a gente cruzando ilegalmente de todos los países del mundo. ¿Y eso qué nos ha traído? Ahora, la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años son las sobredosis de fentanilo”, dijo DeSantis el año pasado. Un 53% de los estadounidenses estaba de acuerdo con que había una “invasión” de la frontera sur y el 39% afirmaba que la mayor parte del fentanilo en Estados Unidos era traficado por inmigrantes ilegales, un porcentaje que se elevaba hasta el 60% entre los republicanos a pesar de que es una afirmación falsa, según una encuesta de Ipsos de agosto pasado.

“Si no cambian su actitud y piensan que pueden utilizar a México para sus propósitos propagandísticos y politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido”, advirtió López Obrador en marzo pasado. Las fricciones entre ambos países por la inseguridad son permanentes, pero la última disputa se fraguó a principios de marzo, cuando se dio a conocer que cuatro estadounidenses habían sido secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros. Dos fueron hallados muertos, uno herido y otro a salvo. Las críticas a la política de Seguridad del Gobierno mexicano acabaron por resucitar la propuesta de que Estados Unidos declarase a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas, lo que permitiría al Gobierno de Joe Biden emprender operaciones militares fuera de las fronteras de su territorio.

La idea no era nueva. Se barajó y se desechó como una posibilidad durante las Administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Pero, de a poco, cobró fuerza entre los grupos más conservadores del Partido Republicano. Al principio era fácil hacer caso omiso de ella como una proposición extravagante sin perspectivas de prosperar: que el Ejército de Estados Unidos atacara los laboratorios y a los traficantes de fentanilo en México, con o sin el permiso del Gobierno mexicano, para luchar contra una lacra que en 2021 se cobró la vida de decenas de miles de personas en EE UU. La premisa era clara: Washington tenía que hacer justicia por mano propia. “Lo único que queremos es enfrentarnos finalmente a los poderosos grupos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, sobornan y amenazan a los políticos mexicanos y envenenan a los estadounidenses”, declaró el congresista texano Dan Crenshaw, autor de la propuesta.

Aunque fue descartada de inicio por el Gobierno de Biden, López Obrador dejó claro que la propuesta era inaceptable y ajena al derecho internacional. “¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”, reviró el mandatario. Como viejo lobo político, el presidente mexicano aprovechó las críticas para abrirse un margen y lanzar las propias. Primero, contra los republicanos, para recordarles que el país “no era un protectorado ni una colonia de Estados Unidos”. Después, pese a asegurar que las relaciones bilaterales gozaban de buena salud, se lanzó contra el papel que han tenido agencias como la DEA y el Departamento de Estado en territorio mexicano con declaraciones como “México es mucho más seguro que Estados Unidos”, “Aquí no se produce fentanilo” o “Ningún país combate el tráfico como México”, esta última declaración en palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El Gobierno mexicano estira la liga bajo la premisa de que la Casa Blanca no se puede dar el lujo de cortar la cooperación con su vecino y de que es tiempo de que EE UU reconozca su responsabilidad en el problema, como principal consumidor mundial de droga. A pesar de todo lo que se dice de dientes para fuera, aún es poco probable una ruptura diplomática tanto por la interdependencia entre ambos países como por un contexto mundial caracterizado por la invasión rusa en Ucrania y las tensiones con China. El consumo de fentanilo en México es mínimo y, además, la noción de que los reclamos son injustos tiene una amplía aceptación en el país.

La idea, sin embargo, gana popularidad entre las filas republicanas, aupada en la amenaza real que representa el fentanilo para la sociedad estadounidense. La DEA califica a este opiáceo sintético, utilizado legalmente en tratamientos contra el dolor y como anestésico, como “la amenaza más mortal de una droga que ha padecido jamás nuestra nación”. El impacto es palpable. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaban a finales de 2022 que la esperanza de vida en EE UU había caído a su nivel más bajo en dos décadas, en parte debido al aumento de muertes por sobredosis: los fallecidos por el uso de esa sustancia tenían en su gran mayoría menos de 40 años. Es tan fácil de esconder que se trafica camuflada en vehículos, en maletas y entre la ropa de quienes cruzan. Los agentes de la DEA se incautaron en 2022 de 14.000 libras de fentanilo, una cantidad récord.

Los políticos republicanos ya convirtieron el tráfico de fentanilo en uno de sus grandes temas electorales. Sus bases perciben esta droga como la mayor amenaza a la salud pública. Un 37% de sus votantes así lo indica, según una encuesta de Ipsos publicada en febrero. Pero las actitudes frente al tráfico ilegal están atravesadas por las identidades partidistas, solo un 17% de los simpatizantes demócratas comparte esa visión.

A medida que crece esa percepción de amenaza entre sus votantes, la idea de medidas contundentes encuentra más aceptación entre los políticos republicanos. La vía de una intervención militar se está convirtiendo en una prioridad política en ese partido, incluidos congresistas y candidatos presidenciales a las elecciones de 2024. El expresidente Trump, el favorito con mucha distancia en la carrera republicana, apoya la idea en privado, según la revista Rolling Stone.

Legisladores como la muy trumpista Marjorie Taylor Green, congresista por Georgia, o Beth Van Duyne, de Texas, se han pronunciado públicamente a favor. También lo ha hecho la aspirante a la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca Nikky Haley, que visitó la frontera la semana pasada y pidió el envío de las fuerzas especiales a México para tratar a los cárteles “como lo hicimos con el ISIS”. “Se le dice al presidente mexicano: o lo haces tú, o lo hacemos nosotros”. Otro candidato a la nominación republicana, el multimillonario Vivek Ramaswamy, ha tuiteado por su parte que el presidente de EE UU, “Biden se sienta en la Casa Blanca y sigue la crisis del fentanilo como si fuese un espectador. Yo usaré a nuestro ejército para aniquilar los cárteles”.

Desde el año circula también un informe de un think-tank de ideología trumpista que aboga por una declaración formal de guerra contra los cárteles, como respuesta a “la pila cada vez mayor de cadáveres de estadounidenses muertos por envenenamiento con fentanilo”. El autor del texto es Ken Cuccinelli, el antiguo alto funcionario de inmigración durante la era Trump, que ahora apoya la posible campaña electoral del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

En la Cámara de Representantes, los legisladores Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, han presentado un proyecto de ley que autorizaría el uso de la fuerza militar en México. En el Senado, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y John Kennedy, de Luisiana, han introducido su propia propuesta para “dar autorización a las fuerzas armadas para que ataquen a esas organizaciones (los cárteles fabricantes y distribuidores de la droga) allá donde estén”. William Barr, exfiscal general con Trump, también ha abanderado la propuesta en una editorial publicada en The Wall Street Journal.

Graham ha asumido el liderazgo de la cruzada antimexicana en las últimas semanas, al aprovechar las comparecencias en el Senado de miembros del Gabinete como Antony Blinken, el secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas, el titular de Seguridad Nacional. “Tenemos que quitarnos los guantes. Ellos están en guerra con nosotros, nosotros tenemos que ponernos en guerra con ellos”, le decía a Mayorkas la semana pasada. En un acalorado interrogatorio, Blinken aceptó que había partes de México que estaban bajo el control del narco, pero comentaba que designar a los carteles como organizaciones terroristas “no aportaría ninguna herramienta nueva”. La Casa Blanca también se ha pronunciado en términos similares.

“La amenaza de los cárteles no es un problema que necesite unos pocos proyectiles guiados de alta precisión, o uno que se resuelva simplemente cambiando el nombre de su estatus legal”, comenta Kimberly Breier, del think tank CSIS y antigua alta funcionaria de la Administración de Obama. Breier agrega que, aunque las propuestas que han circulado son redituables políticamente, sobre todo a la luz de las incipientes campañas presidenciales, “diagnostican mal la naturaleza del problema y harán poco por resolverlo”.

En medio del cruce de acusaciones con López Obrador, diplomáticos estadounidenses y delegaciones de legisladores han visitado México para mantener abierto el diálogo entre ambos países. A partir de estos intercambios, el presidente mexicano hizo pública esta semana una carta en la que pedía a su homólogo chino, Xi Jinping, combatir el tráfico ilegal “por razones humanitarias”. “Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas”, respondió el Gobierno chino. Pekín condenó las intromisiones en la soberanía de México, pero subrayó que no iba a asumir ninguna responsabilidad como epicentro de la fabricación de la droga. La DEA afirma que México y China son las principales fuentes del fentanilo consumido en Estados Unidos.

El pronóstico de la mayoría de los analistas es que lejos de detenerse, los republicanos seguirán agitando la piñata electoral del “fentanilo mexicano”. López Obrador tampoco ha dado visos de dar marcha atrás. Nada es nuevo: ni las tensiones ni los reproches ni las exageraciones. En el fondo, está por verse cuál será el saldo en los canales de comunicación y trabajo entre ambos países, a la luz de los golpeteos de discursos nacionalistas tildados inicialmente como “de consumo interno”, pero que se han vuelto cada vez más incómodos en la relación bilateral. La lectura de esas implicaciones puede cambiar radicalmente el próximo año, cuando se eligen nuevos presidentes en ambos lados de la frontera.