Varios colectivos de familiares de personas desaparecidas han manifestado que no han sido escuchados aún por el poder político, para que considere y valore a cabalidad las consecuencias que sufrirán estas familias de extinguirse el FAARI.

La Cámara de Diputados de México aprobó la extinción en lo general de 109 fideicomisos públicos que involucran una variada gama de actividades como el destinado al apoyo económico a víctimas de delitos de lesa humanidad. 

La primera consecuencia de esta ardua discusión en el Congreso Federal propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue la rotura del pacto político entre el Partido del Trabajo y Morena (partido de Gobierno) ya que el PT se opuso a la bancada mayoritaria y votó en contra de la extinción en lo general.

El dictamen fue aprobado el pasado martes 6 de septiembre por 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, aunque todos sus artículos han sido reservados y comenzó a continuación una dura discusión de cómo esta eliminación se va a llevar a cabo. 

Mientras el presidente argumentó que esta decisión fue motivada por diversos casos de malversación de fondos hechos por los instrumentos gestores que se buscan eliminar, varios colectivos de familiares de personas desaparecidas han manifestado que no han sido escuchados aún por el poder político, para que considere y valore a cabalidad las consecuencias que sufrirán estas familias de extinguirse el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral (FAARI) que fue creado por la Ley General de Víctimas, vigente desde enero de 2013. 

Los reclamos de las víctimas

La Ley General de Víctimas fue producto de la lucha organizada del primer grupo de familias víctimas de desaparición forzada en el país y contiene en su articulado la creación del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, que es operado por la Comisión de atención a víctimas (CEAV) también creada por mandato de la mencionada Ley.

Con esta Ley el Estado mexicano reconoció su deuda con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y para atenderla dispuso el 0,14% del presupuesto anual de egresos de la Federación. El monto del fideicomiso es destinado a rubros para alimentación, vivienda y sobre todo, para la participación de las familias en búsquedas de sus desaparecidos, incluyendo la subvención estatal de sus pasajes a la Ciudad de México para que revisen mes a mes la investigación de la Fiscalía General de la República. 

“Ese 0,14% fue el resultado de la negociación hace siete años cuando se sancionó la Ley pero no quiere decir que el monto sea suficiente para cubrir una atención integral. No implica que las víctimas recibamos grandes montos de dinero sino que cada vez somos más”, sostuvo en conferencia de prensa Grace Fernández, integrante del Movimiento nacional por nuestros desaparecidos. 

Cuando la Ley General de Víctimas fue creada en enero del año 2013, México registraba un aproximado de 13.500 personas denunciadas como desaparecidas en todo el país pero en la actualidad, esa cifra supera las 73.000 personas víctimas de este delito de lesa humanidad. 

Hasta el momento, para acceder a estos apoyos económicos es necesario que la carpeta de investigación haya subido desde el nivel local de justicia al nivel federal (a cargo de la Fiscalía General de la República) o bien que el caso haya recibido una recomendación oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es por tanto, un porcentaje menor de la amplia cantidad de familias que han sido quebradas en su integridad las que pueden acceder a estos beneficios económicos. Según números aportados durante la mencionada conferencia, la FGR tiene en su égida menos de 2.000 casos del total registrado en el país. 

Sin embargo, la atención de la CEAV tiene un vínculo directo con la obtención del reconocimiento de la calidad de víctima llamado Renavi —que ronda las 6.000 personas— ya que considera a los hijos menores de edad y a los dependientes económicos de las personas desaparecidas.

Martín Villalobos Valencia, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, una estudiante de psicología de 21 años que fue desaparecida en el año 2004 en el metro Martín Carrera, en la zona norte de la Ciudad de México, apuntó que las familias desconocen las reglas de operación del Fideicomiso que amenaza con extinguirse y entiende que “es ahí donde hay que incidir y generar condiciones de vista para todo público”, respondió a Sputnik. 

Este golpe a las familias de las víctimas de delitos de lesa humanidad viene a continuación de un recorte previo a la Comisión Especial de Atención a Víctimas del 70% de su presupuesto de funcionamiento que entre otros rubros, eliminó la disposición de asistentes jurídicos que asesoraban a las familias en las investigaciones. 

“Aunque el recurso que sostiene a la CEAV es independiente y viene directo del Gobierno Federal, parte de su administración es la que ha generado estas situaciones que ahora se denuncian sobre contubernios y poca transparencia en la gestión del Fideicomiso, no fue responsabilidad de las familias que saldremos afectadas”, señaló Villalobos Valencia a este medio.

Desde el Movimiento nacional por nuestros desaparecidos se hizo un llamado público al presidente y a los diputados a mantener el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. También piden ser escuchados durante la ardua discusión que tendrá al Legislativo mexicano prendado por las próximas sesiones de la Cámara Baja.