Expertos independientes de la ONU pidieron al Estado mexicano no aprobar reformas constitucionales y legislativas relacionadas con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024 a 2029, en una comunicación difundida este 27 de septiembre.
Tres expertos de la ONU plantean “no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”, dice el texto difundido por la oficina del representante permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh).
El documento de nueve páginas fue emitido en la sede de la ONU en Ginebra por el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Luciano Hazan; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule.
Los expertos piden “revertir las reformas legislativas” que recibieron media sanción de la Cámara de Diputados el 9 de septiembre de 2022.
El texto de nueve páginas está difundido por primera vez tiene fecha del 23 de septiembre, un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto para ampliar cinco años la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública, después de que el Pleno del Senado frenó la iniciativa el Ejecutivo.
“Dichas reformas legislativas han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, dice el extenso documento.
La postura de los expertos de la ONU con diversos mandatos reseña que varios mandatos de las Naciones Unidas han expresado su “preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas” y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas de su papel en tareas de seguridad pública.
Violaciones a la carta magna
En primer lugar, los expertos manifiestan su preocupación por el “carácter claramente inconstitucional de esta reforma”, porque contradice el artículo 21 de la Constitución Política del país latinoamericano, prosigue el estudio de la reforma propuesta por el presidente y el oficialismo en el Congreso.
El texto cita una reforma promulgada el 26 de marzo de 2019 para crear una nueva corporación con respaldo de las Fuerzas Armadas autorizado hasta 2024, último año del mandato de López Obrador .
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional (…) “, dice el texto constitucional reformado hace tres años.
El análisis jurídico cita cifras oficiales sobre la creación de la Guardia Nacional, conformada por elementos militares.
A diciembre de 2021, el 79,56% de los efectivos de la Guardia Nacional provenían de las Fuerzas Armadas, y solo el 20,4% provendría de la antigua Policía Federal, abolida en 2019, detallan los expertos.
Consideran que es “especialmente preocupante” que la nueva institución sería autorizada a poder “auxiliar a las Fuerza Armada permanente en el ejercicio de sus misiones, cuando así lo disponga la persona titular del Poder Ejecutivo Federal”.
Estas disposiciones “sientan las bases para una presencia militar continua en temas de seguridad pública”, alertan los expertos.
La reforma incrementa significativamente el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “sin controles civiles, ya que le otorga funciones fundamentales respecto de la Guardia Nacional, pero también sobre la política de seguridad pública y presupuestos” que se transferirán a las Fuerzas Armadas.
La reforma “no contiene ni una disposición sobre mecanismos para controlar el poder que se está otorgando” a la Defensa Nacional, advierten.
Asimismo, varios mandatos de la ONU han expresado su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas y la “ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas”.
Por ejemplo, tras su tras su visita al país latinoamericano en noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas expresó su preocupación por “el enfoque militarizado de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos”.
En 2021, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se encontraban “entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos” registrados por el ombudsman federal, reseñan.
Asimismo, la Corte Interamericana destacó en varias sentencias contra el Estado de México que “la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”, puntualizan.
En una lista de cuatro peticiones finales, los expertos piden información sobre las medidas existentes para “garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil”, incluyendo en términos de su conducta y su responsabilidad.
Con información de Sputnik.
