Luego de que el negocio denominado Saldos Koko fuera clausurado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Baja California, el Mtro. Oscar Rodolfo Barreda Millán, director general de ASSERTA Litigio Fiscal y Aduanero, señaló que el procedimiento de la autoridad fue totalmente arbitrario y viciado desde su origen.

“Es lamentable el actuar del gobierno del estado, particularmente de la Dirección de Comercio Exterior, para revisar la legal estancia y tenencia en territorio nacional de las mercancías descritas y contenidas en dichos pallets”, comentó.

El abogado indicó que el objeto que tienen estas visitas es revisar la legal estancia y tenencia de las mercancías de comercio exterior, donde los visitadores debían identificarse, y cada uno debía venir señalado en la orden, como autorizados para llevar a cabo la diligencia.

“Esa fue la primera violación. En segundo término, no se levantó acta de inventario ni debieron dejar entrar a nadie al domicilio, mientras que la intervención de la policía estatal, si bien puede coadyuvar para salvaguardar la seguridad tanto del contribuyente como de las autoridades, el actuar de la misma fue una total violación al procedimiento administrativo, porque no tienen, siquiera, competencia para tomar mercancías o resguardarlas”, anotó.

El Mtro. Oscar Rodolfo Barrera consideró que, en ese caso, la propietaria de los saldos debió permitir que la autoridad actuara y, en su caso, procedieran al embargo de las mercancías para que todo quedara constatado en actas, y posteriormente, éstas pudieran ser reclamadas. 

“Pero al haber dilapidado y regalado ciertas mercancías a terceros durante la diligencia, no hubo registro legal de su existencia, por lo que, si la propietaria impugnara el ilegal actuar de la autoridad frente a los tribunales, éstos al dictar sentencia y declarar la nulidad del acto, no podrán restituirle los bienes que no hayan constado como embargados en actas”, explicó.

Por otro lado, en caso de no haber tenido la posibilidad de acreditar la legal estancia mediante pedimentos, dijo, sí existen otros elementos legales por violaciones para poder impugnar el procedimiento íntegro, al momento de emitirse una resolución.

La recomendación, destacó el abogado, es que busque una correcta defensa fiscal con expertos en materia aduanera, que la apoyen y puedan atender su procedimiento para que pueda impugnar la resolución que determine el crédito fiscal, y ordenar que las mercancías que fueron inventariadas sean devueltas.

“Y también denunciar al gobierno del estado para que se finquen responsabilidades en materia administrativa federal o estatal, ya que actuaron como autoridad federal”, finalizó.