La efeméride importa, sobre todo por lo que respecta a la vigencia del exmandatario y a la calibración de su administración. Terminó su periodo de gobierno, pero no lo que diseñó para futuro.

Seis años de aquel uno de diciembre en que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta en la Cámara de Diputados. 

Es un periodo largo en el sentido político. Es probable que ni el propio presidente de la República haya reparado, en ese momento, de la profundidad de los cambios que se pondrían en marcha, ni en su sentido. 

Volvió la concentración del poder. Desde Palacio Nacional se estableció el control de todas las decisiones relevantes y, en los hechos, se configuró una sola vocería, la del propio López Obrador. 

La conferencia “mañanera” se convirtió en un instrumento de gobierno, en la plataforma para dar línea, pero también para denostar a los adversarios y a los periodistas.

En el arranque de su mandato contó con el apoyo de la oposición en aspectos como la austeridad republicana, y con matices en lo que respecta a la Guardia Nacional, ya que su aprobación, en principio, solo fue posible constituyéndola como una institución de carácter civil y con participación militar temporal. 

Un juego de espejos, porque siempre estuvo bajo el control del Ejército, inclusive después de una sentencia de la Corte que determinó lo contrario.  

Paradójicamente, las transformaciones más profundas solo serían posibles a partir del resultado electoral del 2024, cuando Morena y sus aliados obtuvieron, por medio de una amplia sobrerrepresentación, los escaños necesarios para modificar la Constitución sin necesidad de llegar a un acuerdo con la oposición. 

A partir de septiembre de este año, se aceleró la aprobación de la Reforma Judicial, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT y la Cofece. 

Tres cambios constitucionales que esbozan un cambio en el sistema y en el Estado, ya que se debilita la independencia judicial, con la elección popular de ministros, magistrados y jueces, se renuncia a la construcción de una policía civil y se fulminan contrapesos esenciales en el ejercicio del poder desde una perspectiva democrática y liberal.

Es una propuesta de rediseño institucional, más anímica que meditada y en donde no existieron los diagnósticos previos y mucho menos la estimación de las consecuencias que ellos pueden tener en cuanto a la reducción de derechos de la ciudadanía. 

Está pendiente la Reforma Electoral, que tiene como propósito el adelgazamiento del INE, el terminar con las diputaciones y senadurías plurinominales, además de la reducción del financiamiento público para los partidos políticos. 

Para su aprobación no hay fecha, ya que no se le dictaminó en la legislatura pasada y porque existe oposición entre morenistas y sus aliados, sobre todo en lo que respecta a la no reelección.

López Obrador terminó su mandato el último minuto de septiembre, pero el plan de acción que el diseñó, y que se engloba en lo que se conoce como plan “c”, está en plena implementación.