Un informe de la organización señala que, durante la administración de AMLO, las Fuerzas Armadas y los grupos criminales han llegado a acuerdos que les permiten expandir su control territorial.

En otoño de 2021, Michoacán fue escenario de un acontecimiento significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su violencia extrema y su expansión territorial, lanzó una ofensiva en los límites con Jalisco. Este avance militar del cártel de las cuatro letras desplazó a miles de personas y atrajo la atención de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

Para contrarrestar el avance del CJNG, el Ejército mexicano habría adoptado una estrategia que involucró la colaboración con grupos criminales locales rivales del grupo criminal que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de acuerdo con información revelada por International Crisis Group.

El documento titulado “El laberinto de los generales: crimen y militares en México” señala que miembros de dos grupos criminales, un alto funcionario federal, soldados y autoridades locales se coordinaron para formar un frente común contra el grupo criminal de El Mencho.

Esta alianza de facto permitía que los miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y los grupos criminales locales llevaran a cabo operaciones conjuntas.

Iniciada la operación, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano mostraron inicialmente reticencia en tomar medidas decisivas contra los combatientes del CJNG, ello debido al temor de ser acusados de crímenes de lesa humanidad, un serio delito con implicaciones tanto nacionales como internacionales.

“Se informó que las fuerzas especiales del ejército dudaban en tomar medidas decisivas contra el CJNG debido al temor de ser acusados de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, después de recibir garantías de un grupo local de que se desecharían los cuerpos en fosas clandestinas, los soldados procedieron”, se lee en el informe.

En una serie de combates en y alrededor de Taixtán, municipio de Tepalcatepec, y El Terrero, en el municipio de Buenavista, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano lograron eliminar a cerca de 400 combatientes del CJNG.

Crisis Group señala que “una fuente confirmó que murieron unas 400 personas. Estas muertes no habían sido reportadas anteriormente. Tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”.

Los líderes y combatientes criminales, así como funcionarios del estado, confirmaron que los soldados mataron a decenas de miembros del Cártel Jalisco y que los cuerpos fueron desaparecidos con ayuda de los grupos criminales locales.

Sin embargo, a pesar de esta significativa baja para el CJNG, el operativo no logró desmantelar completamente al cártel y éste sólo se reorganizó y reanudó sus actividades, incluyendo nuevos ataques contra soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un líder criminal resumió la situación mencionando que “siempre hay reemplazos humanos”, refiriéndose a la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas rápidamente, incluso después de sufrir bajas significativas.

Acuerdos para reducir la violencia

En los últimos años, México ha visto cómo la violencia criminal se ha mantenido en niveles alarmantes a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más tropas que cualquier otra administración anterior, pero los resultados en términos de reducción de violencia han sido mixtos.

El informe de International Crisis Group también revela que ha habido una oferta tácita, a veces explícita, por parte del Estado mexicano a estos grupos para reducir la violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial.

Según la investigación, las políticas de seguridad implementadas bajo el mandato de López Obrador han resultado en un tipo de modus vivendi en el que los grupos criminales aceptan reducir y ocultar la violencia a cambio de la permisividad estatal para controlar y expandir sus operaciones.

En estados como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, esta dinámica ha permitido que las organizaciones criminales diversifiquen sus actividades ilícitas mientras mantienen un perfil bajo en términos de violencia visible.

La relación entre autoridades y grupos criminales es multifacética. En algunas regiones, las fuerzas de seguridad parecen haber llegado a acuerdos tácitos con las organizaciones criminales, lo que les permite aumentar su control sobre ciertas áreas y expandir sus negocios ilícitos y legales. En otras palabras, en lugar de enfrentamientos abiertos, lo que se observa es una contención de la violencia visible a cambio de un mayor control criminal sobre el territorio.

La organización señala que se han establecido un conjunto de reglas no escritas que alientan a los grupos criminales a reducir sus actos de violencia abiertos y a ocultar los crímenes que sí cometen. En este marco, las autoridades hacen la vista gorda ante ciertas actividades ilegales. Este acuerdo ha permitido que los carteles y otras organizaciones criminales extiendan sus operaciones de tráfico de drogas a nuevas sustancias, desarrollen redes de extorsión más amplias, e incluso se infiltran en negocios legales.

Por ello el caso de Michoacán en el que las Fuerzas Armadas se unieron con criminales locales para ejecutar a algunos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación es especialmente revelador.

Si bien estas estrategias pueden haber ayudado a reducir temporalmente las tasas de homicidios en algunas regiones, los resultados a largo plazo son cuestionables. Las organizaciones criminales han aprovechado la oportunidad para diversificar sus ingresos y fortalecer su control sobre las comunidades locales. La extorsión, el control de negocios legales y la participación en el tráfico de nuevas drogas son solo algunas de las formas en que estas organizaciones han expandido su influencia.

Uno de los mayores desafíos de esta estrategia es la falta de transparencia y responsabilidad. Las operaciones militares, como la de Michoacán, a menudo se llevan a cabo sin una supervisión adecuada, lo que permite que las alegaciones de crímenes y abusos por parte de las fuerzas de seguridad continúen sin ser investigadas, subraya el documento.

Las revelaciones del informe de International Crisis Group destacan una realidad incómoda y compleja en la lucha contra el crimen organizado en México. La colusión entre autoridades y grupos criminales, aun cuando puede haber reducido temporalmente la violencia visible, ha permitido una mayor consolidación del control criminal sobre ciertos territorios.

A unos días de que se lleven a cabo las elecciones, el análisis de Crisis Group apunta a que es necesario que haya una reevaluación de las estrategias de seguridad que aborden de raíz las causas del crimen y la violencia.