La Sedena usa la misma versión que empleó tras masacrar a seis personas en Chiapas en su segundo ataque a un grupo de migrantes en un mes.

El Ejército mexicano vuelve a estar en el ojo público tras usar la fuerza de las armas contra un grupo de migrantes por segunda vez en un mes. El 1 de octubre, masacró a seis personas al sur de Chiapas procedentes de Egipto, El Salvador y Perú que viajaban en un camión de ganado junto a ciudadanos también de India, Nepal, Cuba o Pakistán.

La historia se repitió este sábado cuando una patrulla de la Guardia Nacional acribilló otro vehículo, mató a dos colombianos —Yuli Vanessa Herrera Marulanda, de 37 años, y Ronaldo Andrés Quintero Peñuelas, de 20— e hirió a otros cuatro en Baja California. Las víctimas se encontraban en ambos casos próximas a la línea fronteriza: en el primero, a la frontera sur con Guatemala, que acababan de cruzar; en el segundo, a la norte, con Estados Unidos, que los muertos aspiraban saltar.

Y, en ambos casos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha justificado de la misma manera: los soldados solo actuaron en defensa propia, dispararon después de ser disparados.

“No teníamos armas, no somos delincuentes, nunca se les disparó”, ha declarado una de las supervivientes del camión atacado por los militares al semanario Zeta, el reconocido medio dirigido por Adela Navarro Bello.

Las autoridades tampoco encontraron casquillos, balas ni las armas que supuestamente habrían usado los migrantes contra los soldados. Una investigación de Zeta publicada este lunes, el mismo día que el comunicado en el que la Sedena respalda su versión, defiende que los agentes de la Guardia Nacional (GN) limpiaron la escena de “indicios balísticos” antes de llamar a otras unidades. Los tres agentes que “durante los hechos hicieron uso de su arma se encuentran separados temporalmente de sus funciones en forma precautoria”, ha señalado el organismo militar.

La Sedena se ha pronunciado tres días después del doble homicidio y en su relato de los hechos plantea que la GN patrullaba por una carretera secundaria cerca del parque eólico La Rumorosa, municipio de Tecate. A la 13.00, los agentes se encontraron con una pick up Super Duty gris y una SUV blanca. En su interior, viajaban los migrantes que, siempre según la versión de los militares, dispararon “en contra del personal de la GN, quienes los repelieron”, indica el comunicado sin aportar más detalles. Uno de los vehículos logró escapar, en el otro viajaban siete colombianos: dos fueron asesinados, cuatro resultaron heridos y uno más salió “ileso”. Un ciudadano mexicano, el coyote, fue detenido.

Los cuatro heridos fueron ingresados en el Hospital General de Tecate. Tres de ellos (entre ellos un menor) recibieron el alta el mismo sábado y fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) junto a la persona que no fue herida. El coyote se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General del Estado en Tecate, que “inició la carpeta de investigación respectiva”. De acuerdo con la Sedena, sus militares también incautaron, además del coche, “un arma corta, un chaleco táctico, dos cargadores para arma corta, tres cartuchos y nueve cargadores para arma larga (seis abastecidos con cartuchos calibre .223)”.

El relato coincide punto por punto con el que la Sedena empleó en la masacre de Chiapas: una breve persecución, migrantes que abren fuego primero y soldados que se defienden disparando de vuelta. En ninguno de los casos ha habido militares heridos, solo migrantes. En las dos ocasiones, ha habido agentes “separados temporalmente de sus funciones”, sin que se haya conocido más información sobre los presuntos culpables. “Las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones y se deslindan las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía General de Justicia Militar realice respecto a la disciplina militar”, ha señalado el Ejército.

Al cierre de este artículo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado sobre el asesinato de los dos migrantes colombianos. Su partido, Morena, al que también pertenecía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por la oposición política, la academia y la sociedad civil por la creciente militarización del país, que ha destinado soldados al control fronterizo, la seguridad pública e incluso las obras de infraestructura. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, del mismo partido, se ha limitado a señalar que los “polleros”, los traficantes de personas, se pusieron “nerviosos” al ver a la Guardia Nacional y por ello abrieron fuego. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos con presencia en la zona han exigido el “esclarecimiento de los hechos” y “un posicionamiento oficial” de Sheinbaum y Ávila.

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha “lamentado los hechos de violencia ocurridos en Tecate, donde un grupo de migrantes, entre ellos siete colombianos, se vio atrapado en un intercambio de fuego cruzado”. La Cancillería colombiana ha trasmitido el pésame a las familias de las víctimas y ha ofrecido “todo el apoyo requerido en este momento de dolor”. El primer mes de Sheinbaum en el poder, que tomó posesión del cargo el 1 de octubre, se ha saldado con centenares de asesinatos, desaparecidos y masacres por todo el país. Varias de ellas, con el Ejército como principal sospechoso.