El indulto federal del gobierno de Joe Biden a los infractores acusados ​​de simple posesión de marihuana constituye un cambio de perspectiva, una nueva visión integral del problema. Los expertos creen que ha llegado el momento de cambiar el curso de una guerra perdida. 

En Washington DC, los ciudadanos pueden comprar marihuana legal en uno de sus muchos dispensarios. Pero tienen que pensárselo dos veces antes de fumarlo en terrenos públicos federales –como el Lincoln Memorial– o podrían terminar en la cárcel. Esto describe la confusión que rodea al cannabis en los Estados Unidos, donde las leyes locales en varios estados contradicen la prohibición federal en el país.  

El presidente Joe Biden ha dado el primer paso para superar esas inconsistencias: el 6 de octubre otorgó el indulto a más de 6.000 infractores con una condena federal por posesión de marihuana. Al mismo tiempo, pidió a las autoridades estatales replantearse las sanciones asociadas a esta droga. Muchos interpretaron el gesto del presidente como una señal favorable para despenalizar la marihuana, en un país donde 19 de los 50 estados han regulado el uso recreativo del cannabis y 37 su uso medicinal. 

First: I’m pardoning all prior federal offenses of simple marijuana possession. There are thousands of people who were previously convicted of simple possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result. My pardon will remove this burden.

— President Biden (@POTUS) October 6, 2022

En el año del quincuagésimo aniversario de la llamada “guerra contra las drogas”, iniciativa liderada por el presidente Richard Nixon (del Partido Republicano) en 1972, Biden (demócrata) parece decidido a acabar con la prohibición de esta “blanda” droga. Después de décadas de derrochar ingentes cantidades de dinero en operaciones militares y en programas de erradicación de cultivos, no cabe duda de que esta “guerra” ha fracasado. La producción y disponibilidad de drogas ilegales están en su punto más alto. Además, cada vez son más las voces que piden un cambio de estrategia en América Latina, lugar de donde proviene la mayor parte de la cocaína y sustancias consumidas por los estadounidenses.  

Hasta hace poco, los presidentes se oponían a esta guerra después de dejar el cargo. Ahora el debate lo están iniciando sus gobiernos. El primero en hacerlo fue el presidente de Perú, Pedro Castillo; pero el reclamo público más sonoro provino del presidente colombiano, Gustavo Petro: “Exijo desde aquí, desde mi América Latina herida, poner fin a esta irracional guerra contra las drogas”, afirmó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU allá por Septiembre.

Un análisis de la fracasada guerra contra las drogas en la que metió Nixon a todas las américas.https://t.co/WY4kb7C2db

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2022

Los datos no desmienten a Petro ni a quienes exigen más acción de Biden. El consumo de drogas a nivel mundial aumentó un 26% en la última década, según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Y las ventas de cocaína alcanzaron su punto máximo en 2020, en el punto álgido de la pandemia. Colombia, el primer productor de esta droga, es también el país que realiza el mayor número de decomisos, con el 41% de los estupefacientes decomisados ​​en el mundo. Le sigue Estados Unidos, con un 11%. 

En ese contexto, la administración Biden ha comenzado a cambiar su enfoque hacia el fentanilo, una droga sintética potente y letal que ha provocado una verdadera epidemia: más de 100.000 muertes se produjeron en 2021 por sobredosis de fentanilo y otros opiáceos, el año más mortífero registrado en ese asunto. Pero muchos cuestionan si el Presidente, además de este gesto con personas en posesión de pequeñas cantidades de marihuana, está dispuesto a transformar la visión tradicionalmente punitiva de las drogas. Y, sobre todo, incentivar una política que privilegie la vertiente sanitaria frente a la vertiente penal. 

La tendencia ha llegado a un punto tan alto que un reciente editorial de The Economist, el medio conservador británico, aseveraba que Biden está siendo “muy tímido” y le pedía directamente que legalizara la cocaína para acabar con el narcotráfico y su violencia asociada. Más voces progresistas en los Estados Unidos se dirigen en la misma dirección. “No creo que al presidente le interese salir radicalmente de la guerra contra las drogas”, dijo a CONNECTAS Maritza Pérez, directora de la Oficina de Asuntos Nacionales de la Drug Policy Alliance. “La guerra contra las drogas y el prohibicionismo genera comunidades inseguras y provisión de drogas ilícitas. Hay que despenalizar las drogas y tratar esto como un tema de salud pública”, afirmó Pérez –quien consideró “fantástico” el discurso de Petro en la ONU–.

John Walsh, un experto estadounidense, tiene una posición más moderada. Es director de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y analiza ante todo el contexto electoral. Dice que las elecciones intermedias –que se realizarán en noviembre– determinarán hasta dónde está dispuesto a llegar Biden. “Si los republicanos mantienen el control del Senado, será más difícil avanzar en las reformas a las políticas de drogas”, afirma. Walsh reconoce al Presidente por haber implementado una política más orientada a la salud en lugar de una política punitiva (por primera vez, el Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas es médico). Pero para él, es solo un “pequeño paso” que requiere la “inversión requerida para respaldar una gama más amplia de servicios destinados a la reducción de riesgos, como los centros de consumo supervisados”.

Claramente, se ha llegado a un consenso sobre la falta de resultados de la prohibición de las drogas. Además, este fracaso es aún más perceptible en América Latina. Nuestra región, primera productora mundial de cocaína y marihuana, se encuentra en jaque por un narcotráfico cada vez más poderoso y violento. México está en el centro de este problema, aunque no es el único país afectado, como lo demuestra la reciente visita a Colombia de Anthony Blinken, secretario de Estado de Biden, quien abordó este tema con Petro.

Para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, “el enfoque de salud pública que adopte Estados Unidos tendrá repercusiones en Colombia y el resto de América Latina”. Sin embargo, coincide en que la posibilidad de legalizar la cocaína es prácticamente “inexistente”. Es lo único que realmente permitiría bajar los niveles de violencia y de mercado ilegal. En ese aspecto, todavía estamos siguiendo el enfoque clásico en el que el plan es reducir la oferta”.

La propia ONU clama por un cambio de estrategia. Su Comité de Derechos Humanos hizo un contundente llamado a impulsar políticas destinadas a proteger los derechos de quienes terminan castigados por esta guerra fútil prohibicionista: los afroamericanos en Estados Unidos y las mujeres en América Latina, entre otras minorías. “La guerra contra las drogas socava la salud y el bienestar social, y es un despilfarro de recursos públicos, al tiempo que no logra frenar la demanda y el mercado de las drogas ilegales”, se lee en el documento. 

En esa línea va la opinión de Yesid Reyes, ex Ministro de Justicia de Colombia. “Si vamos a entender el propósito de lograr un mundo libre de drogas en el sentido literal, el balance es negativo”. Reyes, quien es el actual director del departamento de derecho penal de la Universidad Externado en Bogotá, coincide en que la mejor estrategia contra las drogas es “priorizar un abordaje basado en la salud de los consumidores; avanzar hacia el uso médico y científico del cannabis ; y consolidar el programa de erradicación de cultivos ilícitos”.

Cincuenta años después de que Nixon declarara que el “abuso de drogas” era el “enemigo número uno” de Estados Unidos y después de la “ofensiva global para abordar el problema de las fuentes de suministro” que siguió, la guerra está notablemente perdida. Como dice Reyes: “A nivel mundial, cada vez hay más drogas ilícitas, más consumidores y personas que fabrican y producen drogas en entornos delictivos”. Crece el número de personas en la cárcel acusadas de posesión de drogas casi inofensivas (para la salud) o de microtráfico, mientras los grandes cárteles de la droga andan por ahí. Quizás lo más grave es que la violencia asociada al tráfico de estas sustancias y las muertes que provoca su consumo no disminuyen. Este sombrío escenario exige medidas políticas urgentes para erradicar las drogas y minimizar sus riesgos para la salud. Si esto implica su regulación y legalización, entonces el debate debe darse. Petro preguntó y el propio Biden parece haber escuchado.