Las personas menores de edad solo pueden realizar este trámite por la vía administrativa en cinco de los 32 Estados del país y en los consulados, pese a las sentencias de la Corte Suprema.
Poder nombrarte es poder ser. Govinda Martínez lo tiene claro. Se sienta sonriente en un rincón de un restaurante con muchas mesas y sillas oscuras, y a sus 15 años, sus palabras irradian seguridad. Tras sus gafas y su pelo oscuro, va enlazando un discurso que parece construido con la solidez de las opiniones bien reflexionadas. Pese a las bofetadas de una sociedad abusiva y cruel con las personas de la diversidad sexual, él avanza con fuerza, empujado por una familia que lo apoya de manera incondicional. Una madre, un padre y cuatro hermanos que son su lugar seguro.
“Si me reconocen como trans, siento que me asocian a que tuve que pasar de mi sexo biológico a lo contrario, y no quiero. Me gusta que me vean solo como uno más. Me hubiera gustado que me llamaran por mi nombre para ser uno más”, dice. Se refiere a la vida en general. Y también, más en concreto, a su época escolar. Al tiempo que pasó en una secundaria pública de Rosarito, su municipio, en el Estado mexicano de Baja California, en el noroeste del país, una localidad de playa, de población trabajadora, surfistas, bares, algunas discotecas, y a ratos bastantes turistas estadounidenses, que cruzan desde la frontera en California.
“En el colegio, la prefecta me dijo que no podía llevar el pantalón y me empezó a preguntar sobre mi periodo. Yo creo que no debía de preguntarme eso” Govinda Martínez
Esa etapa escolar no fue nada fácil para Govinda, nombre que aparece en la novela Siddartha, de Herman Hesse, y que eligió porque le pareció neutro: parece femenino, pero lo llevaba un personaje masculino. Entró en segundo, en el último trimestre, por la covid-19, porque entonces las clases se hacían desde casa. Pero no pudo terminar el primer trimestre de tercero. El entorno era demasiado hostil. Brisa Ríos, su madre, sentada junto a él en una esquina tranquila de este restaurante de Playas de Rosarito, dice: “No quiero seguir exponiéndolo a más situaciones. Teniendo ya su acta de nacimiento con el nombre cambiado, podrá ingresar a la escuela como quien es”.
En la partida de nacimiento todavía aparece su nombre anterior, pero en la escuela pidió que lo cambiaran en las listas. O por lo menos que lo llamaran solo por su apellido. No todos los profesores hicieron caso. “Las primeras clases, decían mi nombre anterior. A veces me quedaba sentado, sin decir nada, para que me tacharan. O iba enfrente y tenía que decirle al profesor, y ya todos me miraban. Así que la primera impresión de mis compañeros fue de alguien con un nombre que no le correspondía. Y aun así, había tenido que empezar el curso más tarde para que les dieran capacitación a los profesores”, lamenta. También pidió poder ir al baño de chicos y llevar el uniforme masculino. “Tenía que ir al baño de dirección, y sobre el uniforme, la prefecta me dijo que no podía llevar el pantalón y me empezó a preguntar sobre mi periodo. Yo creo que no debía de preguntarme eso”, opina.
Las dificultades no venían solo por ese tema. La adolescencia es el momento de querer pertenecer y de sufrir, a veces, mucha soledad. En ocasiones, Martínez se sentía mal entre clases o dentro de ellas. Se ponía nervioso, lloraba, le dolía la cabeza, tenía náuseas… Los profesores llamaban a sus padres para que lo fueran a buscar. Ellos trabajaban bastante lejos, pero siempre acudían lo más pronto posible, aunque tuvieran que pasarse horas atrapados en el tráfico entre Tijuana y Rosarito. “Todo lo relacionaban con eso: no es que no se acepta, a lo mejor se está arrepintiendo, ya no le hagan caso, solo quiere llamar la atención”, recuerda Ríos.
El informe Cinco años de #infanciatrans 2018-2023, publicado en enero por la Asociación por las Infancias Transgénero, explica que de las familias que atienden, el 84% aseguran que el personal de sus centros educativos” no cuenta con información suficiente sobre diversidad sexo-genérica”; y el 57% tuvieron impedimentos en los “procesos de reconocimiento de identidad de género en la escuela”.
Por eso es tan importante para las infancias y las adolescencias trans poder cambiar el nombre en el acta de nacimiento. A la madre de Govinda Martínez le frustra: “Me pesa el estar viendo su nombre anterior. Siento como que le están humillando. No es lo que él es, no es lo que le representa”. Pero en este país, para conseguir ese cambio, todavía se están teniendo que librar muchas batallas.
Un laberinto legal
México está compuesto por 32 Estados, cada uno con su propio código civil. Todos ellos deben acatar lo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero como son soberanos, en este caso, la SCJN tiene que ir invalidando normas Estado por Estado para garantizar el derecho al cambio de nombre en el acta de nacimiento de niños trans. Una vez invalidadas, los Estados tienen que cambiar su código civil para adecuarlo a lo que pide la Suprema Corte. Muchos pasos farragosos que a veces se encallan.
Esas sentencias suelen basarse en el respeto a los derechos humanos y a la Constitución. Como describe una de ellas, de 2017, las personas tienen derecho a definir su identidad sexual y de género, y a que “los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de identidad, correspondan a la definición que tienen de sí mismos”, porque se les tiene que garantizar “el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre”. Meritxell Calderón, abogada especialista en derechos humanos, lo completa con una idea clave: “El Estado es una estructura social que está ahí para garantizar los derechos humanos, si no, no tiene sentido de ser. Tiene que garantizar que tú puedas hacer esos trámites, no limitarlos”.
Según el informe de la Asociación por las Infancias Transgénero, en 21 Estados mexicanos ya es posible ir al Registro Civil y hacer el cambio de nombre. Pero solo en cinco se permite a menores: Sinaloa, Jalisco y los consulados de México en el mundo pueden llevar a cabo el trámite sin límite de edad y Oaxaca, Ciudad de México y Morelos lo permiten, pero a mayores de 12 años. En Jalisco y Ciudad de México se puede hacer, además, sin la “la presencia obligatoria de dos progenitores”. Es muy importante, porque como explica Teresa Díaz, la activista que ha estado acompañando a Govinda Martínez y a su familia en todo este proceso, hay muchas personas que no cuentan con el apoyo de sus padres. Por eso, pide que se cree una institución que ayude a estas personas que aún no han cumplido la mayoría de edad, para que puedan acceder a su derecho.
Atrapados en el limbo burocrático
En junio de 2023, la Suprema Corte emitió fallos en esa misma línea para Sonora, Baja California Sur, y Baja California, donde vive Govinda. Esos tres Estados, en el plazo de un año, deben modificar sus leyes para adecuarlas a lo que pide la SCJN, pero no está siendo sencillo.
En ese limbo se han visto atrapados Martínez, su familia y Díaz, que está llevando todas las gestiones y que fue una de las impulsoras de esa sentencia. Junto con otros colectivos, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que esta, a su vez, la llevara a la Suprema Corte y se pronunciara ante las supuestas vulneraciones de Baja California. Después, recogieron 800 firmas para presentar una iniciativa de ley para las infancias tran. Junto con eso, tenían el caso de Govinda Martínez, que probaba la necesidad de la ley. El combo perfecto para el cambio.
En paralelo, ya hace aproximadamente un año que empezaron con los trámites para que el nombre de Govinda pudiera aparecer en sus documentos oficiales, amparándose en la no discriminación que promueve la Constitución mexicana y en el respeto a los derechos humanos de varias convenciones internacionales. Fueron al Registro Civil de Playas de Rosarito y solicitaron el cambio. La primera vez se lo negaron, argumentando que no era legal porque debía “tener al menos 18 años cumplidos”. Unos meses más tarde de la sentencia de junio de 2023 de la Suprema Corte para Baja California, Díaz cuenta que volvió con Martínez y sus padres al Registro Civil. La persona que los atendió, dice la activista, ni siquiera conocía el reciente fallo de la SCJN. Cuando la activista le mostró la sentencia, el funcionario aceptó la petición, pero el 30 de diciembre, el Registro Civil volvió a declarar la rectificación improcedente, porque el Código Civil de Baja California aún no se había modificado para adecuarse a lo que establecía la SCJN. Aunque según afirma Díaz, a ellas no se lo notificaron hasta el 7 de marzo.
La activista ha acudido a instancias mayores a poner quejas y reclamar derechos. A lugares como la Comisión de Derechos Humanos, pero todavía no han conseguido salir de ese laberinto.
