La recaudación del gobierno es uno de los graves problemas del país. Incluso si de un día para otro se acaba el desvío de recursos públicos y el gobierno no gasta mal un solo peso, la discrecionalidad y la corrupción en recaudación seguirá siendo un problema para gobiernos locales y nacional.
La corrupción política sigue siendo un tema que no escapa un sólo día a la agenda pública nacional. Hasta este momento las acciones y los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de toda la clase política, han sido insuficientes para disminuir la grave percepción que tienen las personas sobre este problema.
En las últimas cuatro Encuestas de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2015 a 2021, la corrupción aparece como el segundo problema más visible para la ciudadanía, solo por debajo de la inseguridad, pero por arriba de temas tan relevantes como la pobreza, el desempleo y el mal desempeño del gobierno. Los resultados de esta encuesta son contundentes: para 86.3% de las personas del país la corrupción en 2021 fue muy frecuente o frecuente.
El problema de la corrupción no puede ser entendido sin la falta de confianza en los diferentes niveles de gobierno. La misma ENCIG de 2021 menciona que, en promedio, el nivel de gobierno que menos confianza despierta en la gente es el estatal, seguido del municipal y el federal. Esta situación debería sonar la alarma para quienes encabezan los gobiernos subnacionales. Aunque en la agenda mediática prevalezcan los escándalos de corrupción a nivel nacional, esto no implica que las personas crean que los estados y los municipios están libres de este problema.
Uno de los retos más importantes para quienes nos interesamos en la fiscalización de los recursos públicos consiste en visibilizar los espacios de oportunidad para el combate a la corrupción. Mucho se habla de la corrupción en el ejercicio de los recursos —como la entrega ilícita de contratos de adquisiciones u obra pública— pero se dice muy poco de la corrupción que sucede a la hora de recaudar.
En los últimos años diversas organizaciones, académicos y periodistas han puesto en la agenda la necesidad de que todos los gobiernos subnacionales de nuestro país mejoren su recaudación. En el caso del gobierno federal, la discusión se ha concentrado en promover una reforma fiscal progresiva que combata la desigualdad y garantice una mejor redistribución de la riqueza, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
Una de las conclusiones más aceptadas de este debate es que a nuestro país no le alcanzaría el dinero para solucionar todos sus problemas, aún suponiendo que de un día para otro se erradicara la corrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que en 2019 los ingresos fiscales de México representaron apenas 17.9% del Producto Interno Bruto. Nuestro país es el peor miembro de este organismo a la hora de recaudar ingresos fiscales: recaudamos menos que el promedio de los países africanos analizados, y somos el quinto peor país de América Latina en términos de recaudación.
A pesar de la baja recaudación, muchos de los mensajes de la clase política sugieren que existe poca iniciativa para resolver el problema. El presidente López Obrador, por ejemplo, ha reiterado que no piensa aumentar los impuestos que ya existen, ni tampoco crear nuevos. El exgobernador de Nuevo León, por su parte, se dijo arrepentido de haber eliminado el cobro de la tenencia, a pesar de que no hizo nada para solucionarlo en su momento. Finalmente, a nivel municipal, hay quienes apuestan por no subir el predial, como el caso de Zapopan en 2022.
Los bajos ingresos y el populismo fiscal que abanderan muchas y muchos representantes se suman a la corrupción a la hora de recaudar. Estos componentes facilitan un contexto muy desfavorable para aumentar los recursos que tanto se necesitan en los tres niveles de gobierno para atender los numerosos problemas que enfrentamos como sociedad.
A nivel nacional, en 2019, Fundar obtuvo un logro histórico en materia de transparencia al conseguir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregara información sobre las condonaciones fiscales —por más de 194 000 millones de pesos— que el gobierno federal otorgó entre 2007 y 2015 a más de 7900 contribuyentes; así como las cancelaciones fiscales a 9132 contribuyentes por un monto superior a 582 000 millones de pesos. Este atentado contra las finanzas nacionales fue posible gracias a las facultades que el Código Fiscal brindaba a las autoridades hacendarias del país. Este amplio margen de discrecionalidad para generar condonaciones y cancelaciones fiscales, sin embargo, no es exclusivo de las leyes federales. A nivel local la reglamentación municipal también abre espacio para que alcaldes y tesorerías repliquen este tipo de prácticas que benefician a los más privilegiados.
Son varias las acciones administrativas en estados y municipios que pueden afectar los ingresos de los gobiernos para beneficiar a intereses privados. Una de ellas es la enajenación de bienes inmuebles de los gobiernos a un costo increíblemente barato de hasta el 1% de su valor real. Este fue el caso de Quintana Roo y es la razón por la que el exgobernador está preso desde 2017.
Por otro lado, en los municipios está ampliamente normalizado cancelar o condonar multas. En 2021, por ejemplo, el municipio de Zapopan condonó un total de 4.1 millones de pesos por concepto de multas. En este caso, el alcalde otorgó a la tesorera la facultad de condonar parcialmente las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, así como las multas administrativas, hasta por un porcentaje de 99%, con la limitante que el tope de la condonación no excediera la cantidad de 100 000 pesos. Esta facultad fue aprovechada por la tesorería para condonar multas de hasta 99 838 pesos en ese año.
Sin embargo, esta no es la única forma en la que se pueden sacrificar los ingresos municipales. En el caso del predial, es común que los municipios lleven a cabo los procedimientos administrativos de ejecución (PAEs) de forma selectiva. Es decir: pueden obligar el pago a deudores pequeños del predial a través de embargos, pero no ejecutan estos embargos para cobrarle a los grandes deudores. En 2021 la Sindicatura del Municipio de Chihuahua dio a conocer una revisión de la falta de acciones de cobro por parte de la tesorería a 52 cuentas catastrales con rezago de predial al 2019 por más de 172 millones de pesos. En esta revisión sobresalieron embargos con más de ocho años de antigüedad que no habían sido efectuados en favor del municipio.
Además del cobro selectivo del predial, en la recaudación de derechos municipales también puede beneficiarse a privados. En otra revisión la Sindicatura de Chihuahua señaló el cobro indebido a una asociación de comerciantes que estableció 168 puestos ambulantes en el centro de la ciudad por tres días. La asociación solo pagó 2000 pesos al municipio por concepto de derechos. Con este pago se incumplió la ley de ingresos, que estimaba un cobro de 327 000 pesos. Esta cantidad representaba el 13% de las ganancias que obtuvo la asociación de comerciantes, pues cobró 15 000 pesos a cada uno de los 168 puestos ambulantes establecidos, con lo que obtuvo ingresos por 2.52 millones de pesos. En resumen: la asociación pagó al municipio aproximadamente el 0.08% de lo que cobró a pequeños comerciantes.
Otro caso se dio en el municipio San Luis Potosí en 2019: las autoridades municipales acusaron a la administración anterior de robar hasta un millón de pesos mensuales de los parquímetros de la ciudad, debido a la falta de controles para el cálculo y resguardo de estos recursos.
Al país le urge una reforma fiscal integral, pero también repensar los esquemas locales de recaudación. Algunas propuestas que cada vez toman más relevancia son mayores impuestos a las herencias, a las grandes fortunas y a quienes hacen de la inversión inmobiliaria un negocio millonario a costa del derecho a la vivienda digna. Es posible que antes de que llegue una gran reforma en la materia, tengamos que ganarle pequeños espacios a la corrupción y a la discrecionalidad de los gobiernos para condonar pagos a quienes tienen más recursos. Para lograr esto, tenemos que empezar por evidenciar y denunciar. La corrupción y la discrecionalidad también existen en la recaudación de todos los niveles de gobierno, y también beneficia a los más ricos en detrimento de los más pobres.
